Como hemos señalado anteriormente en Lampadia, la fragmentación del país impide la buena gestión pública y dificulta la relación del Estado con los ciudadanos y empresas. Hace ilusoria la coordinación de las distintas instancias de gobierno, el desarrollo de los proyectos más importantes, que no necesariamente están confinados en las demarcaciones políticas, la efectividad del gasto público con los atributos de las democracias modernas que requieren de pesos y contrapesos y de la doble instancia, para evitar la creación de feudos independentistas en un país unitario. La estructura del país con 24 departamentos, bajo el gobierno absolutista de los llamados presidentes regionales, 196 provincias y 1,846 distritos es prácticamente imposible administrar eficiente y eficazmente, pues traba el desarrollo del país.
La discrecionalidad y autonomías absolutas de las instancias de gobierno, más allá del gobierno central, junto con la abundancia de recursos provenientes de los cánones y regalías generadas por las inversiones privadas, así como la debilidad de sistemas de control; han generado gestiones inefectivas y muchas veces corruptas. Inefectivas, porque puede que gasten todo el presupuesto(eficiencia)pero adoleciendo de despropósitos en el uso de los recursos, baja calidad y/o corrupción abierta.
No vamos a enumerar los gastos absurdos como los hechos en monumentos ridículos, la cementación de las plazas o las mega-piscinas, o la falta de inversión en saneamiento o caminos porque la corrupción sobrepasa todo nivel de tolerancia.
Las cifras de corrupción subnacional son de escándalo: 22 de 25 presidentes regionales tienen serias acusaciones por actos de corrupción. Nada menos que168 procesos judiciales se acumulan en contra de estos funcionarios, los cuáles son acusados por peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos. Cinco de ellos recibieron órdenes de prisión preventiva: César Álvarez de Ancash, Gregorio Santos de Cajamarca y Kléver Meléndez de Pasco, encarcelados, Gerardo Viñas de Tumbes, prófugo desde hace tres meses e Iván Vásquez de Iquitos, investigado como reo libre.
El panorama es igual o peor en las municipalidades. De acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, el 92% de los de los actuales alcaldes están siendo investigados por peculado, malversación de fondos, negociación incompatible y/o colusión. Es decir, 1,699 autoridades de las 1,841 existentes.
“Son 454 alcaldes provinciales y 1,245 distritales que estarían inmersos en actos de corrupción. También hay 429 ex alcaldes provinciales y 1,326 ex alcaldes distritales que son investigados por los mismos delitos”, se señala en un informe de la Procuraduría.
Los departamentos con mayor cantidad de casos son: Ancash (46 alcaldes provinciales y 146 distritales), La Libertad (42 provinciales y 80 distritales), Cusco (41 provinciales y 96 distritales), Puno (37 provinciales y 51 distritales) y Junín (34 provinciales y 116 distritales).
La corrupción, según la PCM, produce un forado importante en las arcas públicas. Como reveló recientemente el Premier, Ana Jara, “el Estado pierde aproximadamente S/. 10 mil millones al año, lo cual representa aproximadamente el 2% del producto bruto interno (PBI) (…). Con esta suma se pudo haber construido 72 hospitales o 360 modernos colegios o crear más de 200 mil puestos de trabajo”.
Además de la corrupción, también tenemos ahora la continua y creciente penetración del crimen organizado en las instituciones políticas y de gobierno. En estos tiempos en que las mafias (narcotraficantes, taladores y mineros ilegales, contrabandistas, extorsionadores, mafias de construcción civil y el sicariato, entre otros) consolidan “territorios libres” y capturan los gobiernos locales con suma facilidad para operar con impunidad.
Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora “La descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.
Todos estos problemas son el riesgo que corrimos y que hoy pagamos hasta con sangre, al haber llevado a cabo una regionalizaciónapresurada, irresponsable y politiquera. El gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García.
Peor aún, luego se fue facilitando la formación de movimientos regionales “independientes”, sin estructuras partidarias ni la debida organización, o que solo representan grupos de interésy mafias para que puedan postular y copar las presidencias regionales y municipios. (Ver en Lampadia (L): Un poco de humildad, es el momento para la reforma política).
No se trata de dar marcha atrás, ni es una mirada limeña, es hora de efectuar una reforma que impida la corrupción y la captura de los gobiernos locales por aventureros o mafiosos. Lo que debiera hacerse primero, como se ha planteado aquí, es reducir sustancialmente el número de regiones e incluso provincias y distritos. Esa es la manera más adecuada de efectuar controles más efectivos y que el gasto sea más adecuado.
Asimismo, dado que el país se define como unitario, los partidos políticos o movimientos que postulen en elecciones de gobiernos locales tendrían que ser de alcance nacional o vincularse a ellos. Si este gobierno no corrige, aunque sea lo más evidente, entrará a la galería de culpables del fracaso de la regionalización, esta vez por inacción.
Por otro lado, queremos recordar que es importante no confundir regionalización con descentralización. La regionalización es de carácter político y la descentralización, económica y social, que en el Perú ha producido grandes avances. (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).
Dada esta situación reiteramos nuestra invocación a los políticos para que con humildad atiendan el clamor nacional. “En la situación en que se encuentran, desprestigiados según todas las encuestas y con el peso que se acaban de poner a sus espaldas, ya no pueden seguir manteniendo las estructuras políticas y los sistemas electorales que favorecen sus intereses de grupo. Ahora deberían viabilizar las reformas reclamadas por la ciudadanía y puntualizadas por diferentes especialistas en múltiples ocasiones”. Lampadia
