Uri Landman
Para Lampadia
Joaquín Guzmán Loera, más conocido como “el Chapo”, es un narcotraficante mexicano que fue jefe del Cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en el año de 2017.
Después de su primera fuga en el año 2011 del penal de máxima seguridad de Puerto Grande, en Jalisco-México, se convirtió en el hombre más buscado por el FBI. Se ofreció 7 millones de dólares a quien proporcionara información que llevara a su ubicación y captura.
El 22 de febrero del año 2014, “el Chapo” fue detenido por segunda vez, por personal de la Marina Armada de México, en Mazatlán, Sinaloa.
La noche del 11 de Julio del año 2015 “el Chapo”, protagonizó uno de los escapes más increíbles de la historia. Gracias a la construcción clandestina de un túnel de 1.5 kilómetros de largo que conectaba la ducha de su celda con una casa a medio construir en el exterior del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Joaquín Guzmán logra escapar por segunda vez.
Durante medio año, las autoridades mexicanas persiguieron a “el chapo” hasta que finalmente lo logran atrapar por tercera vez, el 8 de enero del año 2016. Esta vez ya no tendría escapatoria.
A pesar de los recursos presentados por sus abogados, en los cuales alegaban que la extradición del “chapo” era ilegal, éste fue extraditado a Estados Unidos el 20 de enero de 2017 a Nueva York, uno de los estados que reclamaba a Joaquín Guzmán por múltiples delitos.
El juicio a Guzmán fue pospuesto en dos ocasiones por mociones presentadas por la defensa. Finalmente, el 5 de noviembre del año 2018, el juez Brian Cogan dio inicio a lo que se llamó “el juicio del siglo”. Se acusó a Guzmán de liderar una organización criminal, “El Cártel de Sinaloa”, a través de la cual distribuían drogas en Estados Unidos, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. En su momento, la revista de finanzas Forbes, estimó la fortuna de “el chapo” en mil millones de dólares.
La acusación, a cargo de la fiscal Andrea Goldbarg, presentó más de 300,000 páginas de evidencia y 56 testigos en contra de Joaquín Guzmán. El juicio duró cuatro meses y en febrero del año 2019, Guzmán fue encontrado culpable de los delitos imputados. En julio de ese mismo año, fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y otros 20 años por lavado de activos.
Para los peruanos es casi imposible imaginar un proceso legal que incluye: acusación fiscal, juicio y sentencia, que dure dos años y medio. Leer de un juicio con 300,000 páginas y 56 testigos, en cuatro meses, es algo que linda con la fantasía.
El escándalo de Lava Jato, estalló en Perú en el año 2016 con la publicación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que revelaba que la constructora brasilera Odebrecht, había realizado pagos millonarios por sobornos, a funcionarios peruanos para ganar licitaciones públicas.
Hasta el día de hoy, 7 años después, el equipo especial Lava Jato, encabezado por Rafael Vela Barba y secundado por José Domingo Pérez, no ha obtenido una sola sentencia condenatoria.
El único funcionario público peruano, acusado y sentenciado por el caso Lava Jato es el ex-gobernador de Ancash, César Álvarez, quien recibió una condena de 8 años y 3 meses de prisión por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible al haber recibido 2.4 millones de dólares de Odebrecht, por la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. Sin embargo, este caso no fue visto por los fiscales del equipo especial Lava Jato, sino por el fiscal Elmer Chirre, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Anticorrupción.
En los casos de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo, PPK, Keiko Fujimori, Susana Villarán y tantos otros, los fiscales del equipo especial, a duras penas han presentado la acusación fiscal después de años de investigaciones y los juicios ni siquiera han empezado.
En el caso de Susana Villarán, el fiscal José Domingo Pérez se ha tomado nada menos que 6 años para concluir la investigación preliminar y presentar acusación.
Esta “ineficiencia” del fiscal es más escandalosa todavía, en vista que las empresas OAS y Odebrecht han reconocido ante la fiscalía, el haber pagado un soborno de 11 millones de dólares a la ex alcaldesa, quien a su vez ha reconocido haber recibido el dinero. ¿Cómo es posible que el fiscal Pérez haya demorado 6 años en terminar una investigación?
Además de la sospecha evidente que tenemos los peruanos de la manipulación política e ideológica, por parte de los fiscales del equipo Lava Jato de los casos que manejan, ahora nos damos con la sorpresa que el fiscal Pérez, va a dejar la fiscalía al haber postulado a una plaza de juez superior.
¿Se acuerdan cuando Barata declaraba en Brasil antes los fiscales y de manera simultánea IDL publicaba dichas declaraciones reservadas? ¿IDL tenía un “topo” en la fiscalía?
Ante la imposibilidad de los caviares de seguir manejando la fiscalía a su antojo, con la llegada de la fiscal Patricia Benavides, han decidido buscar foros más propicios para su lucha ideológica. Es de conocimiento público que la Junta Nacional de Justicia, entidad que nombra a jueces y fiscales, estaría bajo la influencia de los caviares. Ello, garantizaría una plaza a todos aquellos jueces afines a su agenda política, en un Poder Judicial que no se caracteriza por su honestidad o transparencia.
El fiscal Kennedy dijo: “Cada sociedad tiene el tipo de criminal que se merece”, depende de nosotros tener a los fiscales y jueces que nos merecemos. Lampadia
