Le conviene tener muy presente la experiencia de Allende y la izquierda socialista/comunista entre 1970 y 1973. Allí están concentradas las enseñanzas acerca de todo lo que no debe hacer.
Sergio Muñoz Riveros
Profesor de Literatura y analista político
El Líbero
11 de marzo, 2022
El nuevo mandatario no ignora que su juventud e inexperiencia generan preocupación en mucha gente, y que tanto su trayectoria política como la de su coalición provocan inquietud sobre el rumbo que tendrá su gobierno. Es demasiado reciente el recuerdo de su cambio de lenguaje, tono y estilo entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial como para creer que su visión de la realidad experimentó una transformación radical. En todo caso, es verdad que, en ciertos momentos, los seres humanos descubrimos aspectos de la vida que se nos habían escapado hasta entonces, y que aprendemos en poco tiempo lo que no habíamos sido capaces de asimilar en muchos años. Ojalá sea el caso de Gabriel Boric, y que haya quedado atrás esa imagen suya, no tan lejana, en la que, ostentando la investidura de diputado, retaba ante las cámaras de TV a los soldados que cumplían con su labor y no podían responderle.
¿Asumirá la responsabilidad de gobernar un país que progresó en todos los ámbitos en las décadas recientes, y que lo hizo de un modo específico, no de cualquier forma, y en condiciones de estabilidad institucional? ¿Descubrirá que cada día deberá tomar decisiones complejas en las que se jugarán las posibilidades de avance o retroceso? Y tendrá que responder cada día ante los ciudadanos por lo que haga, pero también por lo que deje de hacer.
Nada será sencillo en los próximos cuatro años. Habrá dificultades de todo tipo y surgirán, como siempre, sorpresas desagradables, todo lo cual exigirá que el nuevo mandatario actúe con visión de Estado, se apoye en la gente que sabe más y procure no desatar dinámicas inmanejables. Boric ha aludido varias veces al presidente Salvador Allende como una figura inspiradora (incluso nombró a una nieta suya como ministra de Defensa, en una decisión que solo se entiende como homenaje). En realidad, le conviene tener muy presente la experiencia de Allende y la izquierda socialista/comunista entre 1970 y 1973. Allí están concentradas las enseñanzas acerca de todo lo que no debe hacer.
La gobernabilidad
¿Qué es lo más importante para el nuevo presidente? No naufragar. De nada le servirá convertirse en un símbolo de las izquierdas de aquí y de allá si al final le va mal como gobernante. Le llegó anticipadamente la oportunidad de su vida, y necesita salir lo mejor parado posible. Por lo tanto, tiene que encabezar un gobierno que haga las cosas aceptablemente bien. Eso le exigirá medir sus pasos respecto de las iniciativas que impulse, sobre todo en la primera etapa, porque allí se reflejará su carta de navegación y el mensaje que le enviará al país y al mundo. Dada su trayectoria de dirigente estudiantil y diputado, puede ser fuerte la inclinación hacia los gestos testimoniales y los anuncios de que se inicia “una etapa histórica”. Lo mejor será que actúe sobriamente. Debe ayudar a crear un ambiente de confianza, de diálogo, de colaboración, que permita potenciar las fortalezas del país, y eso ya será apreciado por la mayoría. Se dará cuenta de que, para gobernar productivamente, es imprescindible la estabilidad.
Constituye una ironía de la historia que la misma Constitución que él ha cuestionado, le haya permitido convertirse en presidente de la República. Seguramente, ha reflexionado sobre tal circunstancia, y también sobre los efectos inmediatos que tendrá en su gestión. Es, hay que decirlo así, el presidente constitucional de Chile, y debe actuar necesariamente dentro de las normas vigentes. Los ciudadanos lo reconocerán como jefe de Estado porque entienden que él se desempeñará dentro de esas normas. Ha asumido deberes explícitos que no puede dejar de cumplir. Será mejor si tiene claro que su obligación insoslayable es sostener el Estado de Derecho en cualquier circunstancia.
¿Qué hará Boric en caso de disturbios graves o una revuelta? No debería dudar al respecto. Tiene la obligación de asegurar la paz interna y velar por el cumplimiento de la ley en todo el territorio. Su gobierno tendrá que hacer lo posible para que los conflictos no deriven en situaciones que requieran el uso de la fuerza del Estado, pero si, pese a los esfuerzos, ello se hace necesario, el mandatario no puede vacilar. Su obligación es proteger a la población en la máxima medida de las posibilidades. Lo mismo vale para el caso de que el país tenga que enfrentar una amenaza externa.
Deberá realizar ingentes esfuerzos para establecer relaciones de cooperación con los partidos opositores. Si estos llegaran a pagarle con la misma moneda que él y los partidos de su coalición usaron contra Piñera, se verá en serios apuros. Inicia su mandato con un gran apoyo en las encuestas, pero estas siempre están en movimiento. Los apoyos incondicionales no existen: lo saben bien los últimos dos presidentes, que ganaron las elecciones con amplia votación y, por diversas razones, terminaron su mandato con muy baja aprobación. Las mareas de la opinión pública van y vienen, al igual que las lealtades políticas.
El ejercicio de la Presidencia en una democracia moderna es muy complejo, y exige por lo tanto alto rendimiento. Hay un estilo de gobernar que se conforma con la foto del gobernante firmando algunos papeles o saludando aquí y allá. No están los tiempos para los gestos ni la escenificación. El presidente debe trabajar duro, también sus ministros y demás colaboradores, y tener claro el horizonte, naturalmente.
El mayor enemigo potencial de Boric es el desorden y la ingobernabilidad. La cuestión del orden público será una prueba de fuego para su gobierno, en particular para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Será el terreno en el que se definirá el tipo de relación que llegue a establecer con Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. No puede haber malentendidos. Por el bien de Chile, es deseable que tal relación sea beneficiosa para la institucionalidad democrática.
En los últimos años, al Frente Amplio, al Partido Comunista, al Partido Socialista y las demás colectividades que ahora estarán en el gobierno no mostraron mayor preocupación por el orden público; por el contrario, fueron por lo menos indulgentes con el vandalismo y el pillaje porque creían que era un modo de debilitar al gobierno de derecha. Frente a los incidentes callejeros derivados del choque entre las fuerzas policiales y los grupos violentos, su reacción instintiva fue considerar siempre culpable a la policía. Se puede decir que fueron partidarios de correr todos los cercos. Pero ahora tendrán la obligación de proteger los cercos, o sea, el orden legal y las barreras que protegen la convivencia en libertad. Si no lo hacen, o si vacilan respecto de ello, pagarán los costos correspondientes.
La Convención
En condiciones normales, ya habría sido enorme el desafío de Boric de echar a andar su gobierno, pero con la Convención Constitucional discutiendo hasta los planos del edificio institucional, el asunto es como para quitar el sueño a cualquiera. Si aspira a reducir la incertidumbre, la Convención no es precisamente su aliada. Él deberá responder por sus propios errores o los de sus ministros, pero sería absurdo que, además, tuviera que pagar los platos rotos de la Convención. Sus intereses no coinciden de ninguna manera con los de Atria, Bassa o Daza, los ideólogos de la remodelación total del país, pero que hoy dan la penosa impresión de que no controlan los espíritus caóticos que liberaron.
Boric cometería un error gigantesco si une la suerte de su gobierno a lo que pase en la Convención, como le pidió Fernando Atria en una entrevista en El Mercurio (27/02/2022). Allí dijo que la figura de Boric estaba más vinculada al proceso constituyente y su suerte que otras figuras, y sentenció: “Esto hace que sea difícil un gobierno exitoso con un proceso constituyente que no lo es”. Un mensaje claro: estamos juntos en esto, para bien o para mal. Si las cosas marcharan bien, Atria no plantearía el problema en esos términos y, probablemente, exaltaría la autonomía de la Convención y la necesidad de que el gobierno no se inmiscuya. Pero las cosas van mal, y la Convención parece no tener vuelta.
Boric no puede condicionar su mandato presidencial a lo que suceda en un proceso saturado de malentendidos. Quizás solo ahora percibe ciertas cosas que no vio el 15 de noviembre de 2019, cuando firmó el acuerdo que, supuestamente, iba a limpiar a Chile de los pecados de la transición. Ya debería haberse dado cuenta de que el orden constitucional vigente cumple con los requisitos de la democracia representativa en todo el mundo y que, gracias a ello, él ganó la Presidencia.
Todas las señales de la Convención son inquietantes, como consecuencia del control que ejercen allí las corrientes de ultraizquierda. Está a la vista que la Convención fracasó como proyecto nacional, con capacidad para generar un amplio acuerdo sobre los cambios constitucionales. Fue un mal experimento, que trajo confusión e incertidumbre a la vida del país. No hay que descartar que sus resoluciones finales, a mediados de 2022, generen un cuadro de confusión política e inestabilidad institucional. Si llega ese momento, el deber de Boric será sostener la legalidad sin vacilaciones.
El nuevo Congreso tiene la obligación de ejercer plenamente sus atribuciones, y eso implica que recupere la potestad constituyente que nunca debió ceder. En el Congreso, y no en otra parte, debe producirse el debate sereno y equilibrado que requiere una materia tan esencial como es la base jurídica del régimen de libertades. Ello supone cambiar lo que haga falta, pero conservar lo que merece ser conservado.
El terrorismo
La prueba de fuego para el gobierno de Boric será la acción de los grupos armados que actúan en la Araucanía y el resto de la macrozona sur. El 19 de febrero se reunieron, en la comuna de Máfil (región de Los Ríos), 13 organizaciones indígenas que se definen como “autonomistas”, entre ellas la Coordinadora Arauco-Malleco y Resistencia Mapuche Malleco, para reafirmar su “lucha frontal en contra del Estado y el sistema capitalista, asumiendo los costos de continuar en el ‘weichan’ (guerra) y esto a pesar de que se viene un supuesto nuevo escenario”. Ya antes, estos grupos habían declarado que la llegada de un gobierno de izquierda no haría variar su ofensiva de recuperación territorial.
Desde octubre de 2021, está vigente el estado de excepción en las regiones de la macrozona sur, lo que implicó la designación de un jefe militar encargado y la movilización de efectivos de las FF.AA. para actuar en conjunto con las fuerzas policiales. Aunque se ha reducido el número de atentados, la violencia sigue cobrando vidas y causando graves daños. El nuevo mandatario ha dicho que no renovará el estado de excepción, lo cual genera enorme preocupación en la zona.
La acción de los grupos político/delictivos en el sur es, desde hace demasiado tiempo, el mayor desafío en el plano de la fuerza que haya enfrentado el Estado desde la recuperación de la democracia. Frente a ese desafío, la posición de las fuerzas políticas que integran el nuevo gobierno ha sido ambigua y, en ciertos momentos, condescendiente, lo cual está ligado a la visión de que existe una “causa mapuche”, no obstante que muchas víctimas del bandolerismo son trabajadores mapuches y sus familias. Eso explica la idea de que el diálogo sería la fórmula mágica que resolvería el problema. Hay allí no poca ingenuidad. Si el nuevo gobierno se embarca en un proceso de negociación con los grupos armados, se meterá en un pantano. En el sur, están actuando organizaciones dedicadas al robo, la extorsión y el narcotráfico, todo lo cual es revestido con el ropaje de la causa étnica.
El nuevo presidente tendrá que sopesar debidamente todas las consecuencias de que su gobierno muestre debilidad en el sur. Su autoridad estará en juego en las decisiones que adopte. Tiene que hacer respetar el orden legal. La desarticulación de los grupos armados es una necesidad absoluta. El gobierno tiene la obligación de proteger a la población de la Araucanía y del resto de la zona asediada.
La economía
Hizo bien Boric al designar como ministro de Hacienda a Mario Marcel, exdirector de Presupuestos del gobierno del presidente Lagos y expresidente del Banco Central. Su nombramiento trajo tranquilidad al empresariado y otros sectores. Podría esperarse, pues, una gestión realista, dispuesta a estimular la inversión y el crecimiento, y ciertamente comprometida con la disciplina fiscal y los equilibrios macroeconómicos. Para inyectar dinamismo a la economía, será clave la cooperación público-privada, y Marcel está en condiciones de liderar ese empeño.
Las señales dadas hasta hoy en el ámbito económico-social hacen pensar que habrá una hoja de ruta realista, liberada de algunos de los lemas levantados por Boric en la primera vuelta de la campaña presidencial, como la revisión de los tratados de libre comercio o la incorporación de trabajadores a los directorios de las empresas, y que primará en cambio la voluntad de generar un ambiente favorable a la expansión de la economía. Habrá que ver si el Ministerio del Trabajo, con conducción comunista, participa de buena gana de tal orientación.
La economía estará, por cierto, fuertemente condicionada por el desenlace que tenga el proceso constituyente. En la Convención se está proponiendo nacionalizar todas las empresas mineras y poner múltiples trabas a la actividad económica, lo cual provoca alarma e incertidumbre en amplios sectores. Lo mismo ocurre con los condicionamientos al derecho de propiedad que, si llegan a consagrarse en una nueva Constitución, pondrían grandes barreras a la inversión.
Ser o no ser
Boric tendrá que hacer opciones de fondo acerca del rumbo que quiere imponer a su gobierno. Deberá demostrar en los hechos, y no solo en las palabras, que quiere gobernar para todos los chilenos, y que desea tener como referentes para su gestión las experiencias de la socialdemocracia, o sea, la vía de las reformas graduales. Eso supone, por supuesto, superar las supersticiones anticapitalistas, que son el lastre ideológico de buena parte de su coalición, y desechar en consecuencia las fórmulas estatistas que ya fracasaron en Chile. Si se convence de ello, crecerán sus posibilidades de llevar a cabo una gestión fructífera. Si vacila y da señales contradictorias, con vistas a no perder sintonía con los izquierdistas intensos, todo será complicado. No podrá navegar entre dos aguas.
Lo que más le conviene es pensar en términos modestos acerca de lo que desea para los próximos cuatro años. Eso significa hacer todo lo que esté a su alcance para que el país tenga orden y estabilidad, para que retroceda la violencia y la ley valga en todo Chile. Debe tratar de evitar a toda costa que el espíritu refundacional, del que la Convención es el ejemplo más inquietante, conduzca al país a una crisis institucional. Tiene que contribuir a que los poderes del Estado colaboren entre sí para reforzar el funcionamiento del régimen democrático. Las reformas necesitan ser bien pensadas. Los cambios deben tratar de mejorar lo que existe.
Boric debe poner lo mejor de sí para que su mandato no quede asociado a la confusión y la inestabilidad, sino a un empeño serio por afianzar la paz y las libertades, reforzar el Estado de Derecho y mejorar las condiciones de vida de la población. Le hará bien pensar en cómo quiere salir de La Moneda. Lampadia
