Ricardo Uceda
El Comercio, 27 de abril del 2025
“Los directivos de Petro-Perú han negado que la refinería afronte problemas operativos, mediante comunicados generalistas y poco convincentes”.
Una novedad en Petro-Perú es un cambio de ánimo en los 12 sindicatos actuantes. Su simpatía hacia gestiones proestatistas para reflotar la compañía comenzó a cambiar por el no pago de utilidades que figuran en una cuenta incompleta, surrealista, de las operaciones empresariales. Pues no hay dividendos sino deudas abrumadoras. Una paralización ha marcado un distanciamiento con la administración del presidente, Alejandro Narváez, y el gerente general, Óscar Vera. Ahora los huelguistas les exigen transparencia y veracidad. Aunque ambos aún tienen el apoyo de importantes gremios. La pulsión se resolverá en las elecciones del 14 de mayo para elegir al representante de los trabajadores al directorio.
Las gollerías que la empresa concedió a sus empleados –especialmente a dirigentes– fueron señaladas como un ejemplo del manejo irresponsable de Petro-Perú. Aunque disminuyeron luego de conocerse casos de corrupción, los directorios procuraron llevar la fiesta en paz con los sindicatos. Tenerlos en contra conlleva una desgastante guerra interna. El gerente general, Óscar Vera, que tiene una base fuerte en Talara, donde afronta problemas de funcionamiento la costosísima refinería, fue representante de los trabajadores entre el 2020 y el 2022, y es una especie de ahijado de la presidenta Dina Boluarte. Su padrino es César Acuña. Vera milita desde el 2008 en la cogobernante Alianza para el Progreso.
En setiembre del 2024, ante la incapacidad de la empresa para pagar sus deudas, que superan los 8.000 millones de dólares, el gobierno decidió capitalizar a su favor los cuantiosos préstamos estatales que había recibido. Entonces encargó una reestructuración a un nuevo equipo encabezado por Narváez y Vera, en la expectativa de que Petro-Perú ya no viviera más del dinero público. El apoyo que había recibido hasta ese momento fue mayor a S/20′000.000, según el Instituto Peruano de Economía. El titular del MEF, José Salardi, ha insistido en que no aprobará mayores subvenciones y el presidente Narváez sostiene que tampoco las solicitará. Pero cada día que pasa aparecen más dudas de que estas promesas serán cumplidas. Por el momento la sostenibilidad de la compañía depende de la productividad de la refinería de Talara –que no trabaja a plenitud– y de la eficiencia en la compra del crudo que debe ser importado.
Los directivos de Petro-Perú han negado que la refinería afronte problemas operativos, mediante comunicados generalistas y poco convincentes. Una limitación de entrada es que la nueva refinería es pequeña: la modernización solo aumentó su capacidad de 65.000 a 95.000 barriles. De modo que cualquier defecto que disminuya su producción, especialmente en la unidad de flexicoking, la más rentable, resulta muy perjudicial para las finanzas de la empresa, que tiene obligaciones agobiantes en el 2025. La tecnología flexicoking obtiene una producción mayor de combustibles de calidad –gasolinas, diésel, GLP– a partir de los residuales del petróleo. Aún actuando a plena capacidad, es discutible que la planta aporte la liquidez suficiente para desahogar a Petro-Perú.
Diversos medios reportaron paralizaciones de la unidad de flexicoking desde el 2024. Resultó averiada una de las tres calderas del sistema de generación de vapor. Petro-Perú informó que fue un incidente menor, ya superado, que formaba parte de la normalidad de refinerías de alta complejidad. Ante otro evento, la obstrucción de una piscina depuradora, Petro-Perú instaló un sistema de derivación (‘by-pass’) a espaldas de Exxon, la compañía dueña de la tecnología. No era obligatorio que Exxon hiciera la reparación, pero sí lo más recomendable. Según la versión oficial, Exxon y Petro-Perú se mantienen “en comunicación”. En resumen, sigue siendo un misterio la verdadera situación de un sistema de flexicoking, que costó cerca de US$1′000.000 –la quinta parte del valor del proyecto– y que funciona irregularmente. Durante las últimas semanas la empresa ha informado que todas sus unidades están operativas y que el barco navega hacia buen puerto; es decir, hacia su autosostenimiento. Pero la caldera averiada sigue sin funcionar.
Hay un sistema de seguridad para ocultar toda filtración que sugiera anormalidades de la planta. El diario “Gestión” demostró documentalmente que Exxon desaconsejó la construcción del ‘by-pass’ que Petro-Perú encargó por su cuenta. Técnicos de la empresa que no quisieron ser identificados dijeron que un defecto podría tener consecuencias graves, porque por allí circularán sustancias altamente inflamables. La verdad es que nada puede asegurarse sin el informe de una inspección independiente, la cual debiera ser promovida por el MEF, que tiene mayoría en la junta de accionistas.
La información oficial proporcionada sobre la operatividad de la refinería estuvo plagada de mentiras durante todo el 2023. Al final del año se la declaró en “operación plena” cuando aún no se habían realizado las pruebas de garantía. La planta continuó presentando fallas, especialmente en el suministro de vapor, que genera energía para los procesos y separa fracciones de petróleo. Las calderas no proporcionaban vapor de calidad. En su informe de transferencia, en setiembre del 2024, el directorio presidido por Oliver Stark dijo que era necesario un “diagnóstico exhaustivo” del sistema. No se ha realizado. Fuentes cercanas a la refinería indican que existe otro problema con el mecanismo de captación de agua de mar, que es bombeada para enfriar las unidades de proceso. El agua estaría llegando con arena, con riesgo de deterioro de los equipos y tuberías. Este supuesto desperfecto no figura en el informe del directorio del 2024.
El distanciamiento de los trabajadores con la administración no tiene origen en políticas que desarrolla el directorio de Narváez. Es un reclamo económico. El 21 y 22 de abril fue acatado parcialmente un paro por la negativa de la empresa a pagar utilidades del 2024 y bonos de productividad. Adicionalmente, por la falta de solución a pliegos de reclamos de tres años anteriores. El gerente general les dijo a los dirigentes que la actual situación de Petro-Perú no permite abonar utilidades que fueron declaradas en soles a la Sunat. En otra cuenta en dólares, que se presenta a la Superintendencia del Mercado de Valores, aparecen las pérdidas, cercanas al millón de dólares en el 2024. Como están las cosas, es seguro que el directorio no aprobará las reivindicaciones económicas, aunque se decreten nuevos paros. La controversia interna se va a agudizar. Los mensajes de los sindicalistas, principalmente en redes sociales, ya no solo hablan de las utilidades. “Transparencia, señores”, dice uno, de la coalición de sindicatos. Otros condenan abiertamente las “mentiras” de la empresa respecto de la refinería de Talara.
El paro fue acatado parcialmente porque el sindicato más numeroso, el STAPP, que agrupa a unos mil administrativos y supervisores, y tiene al menos la mitad de afiliados que están en condición de “indispensables”. Ellos incurrirían en causal de despido si paralizan. Hay otros dos sindicatos oficialistas, que entre ambos suman unos 700 miembros. Uno es el Sinapropp, llamado de los profesionales, aunque también denominado Los Chanchitos, que tiene entre sus filas a despedidos que retornaron por acciones legales. El segundo es el Sutpedarg, cuya base principal está, precisamente, en la refinería de Talara. Si consideramos que en Petro-Perú hay unos 2.600 trabajadores, no es menor la base social de la actual administración. Pero la oposición crece, y no solo por reivindicaciones laborales. Es que la gente sabe que las cosas no caminan bien, y que, pese al apoyo de Dina Boluarte, que durará hasta el final de su mandato, el Titanic puede hundirse con ellos a bordo. De los 10 aspirantes a representar a los trabajadores en el directorio luego de las elecciones del 14 de mayo, la mayoría apoya la gestión de Narváez y Vera. Sin embargo, no son los favoritos.
