Ricardo Uceda
El Comercio, 13 de abril del 2025
“Es difícil discernir si la sentencia contra Cillóniz procede de la corrupción o es simplemente un ejemplo más de la ineptitud judicial, que sobrecriminaliza faltas”.
El 7 de abril, la jueza Marilú Andia fundamentó una sentencia de cuatro años y dos meses de prisión suspendida contra el exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz. Lo acusaron de peculado doloso, o sea, de haberse aprovechado de bienes públicos. Cinco semanas antes, el Partido Popular Cristiano (PPC) suspendió su militancia –frustrando su precandidatura presidencial– en resguardo de valores como la honestidad, la ética y la intolerancia ante la corrupción. Lo hizo después de que Cillóniz revelara que integraba dos directorios de empresas del Grupo Odebrecht, hoy denominado Novonor. Ambos hechos sorprenden, porque se tiene al condenado como un empresario que combatió la corrupción en Ica cuando gobernó esa región (2015-2018). ¿Era un falso valor?
Cillóniz fue declarado responsable de que el gerente general del gobierno regional, Carlos Noda, recibiera pagos por 20 días no trabajados en el lapso de cuatro años. Para la jueza, Cillóniz, como máxima autoridad, debía verificar si Noda estaba en su oficina, y, en caso de ausencia, disponer que se le hicieran los descuentos correspondientes. Sin embargo, no hubo irregularidad. Una exploración de las minucias de lo ocurrido permite comprender mejor un caso demostrativo del paupérrimo funcionamiento de la justicia en algunos lugares del Perú.
Noda no concurrió a su despacho porque participó en actividades de la Caja Municipal de Ica, donde era director. Para algunas, viajó a otras ciudades. Entre el 2015 y el 2018, concurrió a 11 reuniones, ausentándose 20 días laborables. Según la ley y el reglamento de Servir, un gerente o ejecutivo de confianza estatal puede participar en directorios de organismos públicos. Es común. En esas ocasiones, la ausencia en su sede habitual no se considera falta porque ellos no tienen horario. Continúan a disposición cuando el resto culmina su jornada. Pueden trabajar domingos y feriados sin que se les reconozca un mayor estipendio.
El fiscal, sin embargo, y también la jueza tomaron al pie de la letra el reglamento interno del gobierno regional, que establece la obligatoriedad de los funcionarios de permanecer en su oficina de lunes a viernes, de 7:45 a.m. a 5 p.m., salvo enfermedad o motivo de fuerza mayor acreditado. Reconocieron que Noda tenía derecho a participar en los directorios de la caja municipal, pero sin cobrar a la región. ¿Quién debía vigilarlo, según los magistrados? El gobernador regional, Fernando Cillóniz. Así, Cillóniz terminó siendo autor del delito de peculado doloso, y Noda su cómplice. Ambos recibieron la misma pena.
Entre las funciones del gobernador no se cuenta la de verificar la asistencia de los gerentes ni las irregularidades en sus pagos. Si uno de ellos faltó (porque se fue a la playa o lo indispuso una resaca) hay una subgerencia de recursos humanos que se encarga de procesar los descuentos y sanciones. A Noda, según la sentencia, debieron descontársele S/8.608.90.
Contra Cillóniz se abrió otra investigación (¡fue declarada compleja!) porque a Noda se le concedieron unas vacaciones adelantadas. El propio Ministerio Público terminó archivando el expediente porque, para que un funcionario incurra en peculado doloso, debe administrar el dinero del Estado que estaría siendo robado, y ni Cillóniz ni Noda cumplían el requisito. Contradictoriamente, el mismo fiscal, Alexander Pérez, los acusó de este peculado estúpido en el caso de los días “no trabajados” del gerente. Así como hay múltiples casos de corrupción de gobernadores regionales, menudean investigaciones por supuestas irregularidades que, debiendo quedarse en el ámbito administrativo, pasan a varias instancias judiciales, incluso la del Tribunal Constitucional (TC) y terminan costando millones de veces más que los 8.000 soles discutidos a Noda.
En el caso de Cillóniz, las múltiples denuncias que afronta en el Ministerio Público se deben a que combatió la corrupción en el gobierno regional. Primero se negó a repartir cargos entre militantes de Fuerza Popular, el partido que lo llevó como invitado para que compitiera por el cargo en las elecciones. Luego combatió frontalmente argollas en la dirección de salud, que permitía prerrogativas ilegales a los médicos, y en la de transportes, donde había una mafia para entregar brevetes. También se negó a repartir dinero público a la prensa regional, buena parte de la cual estaba acostumbrada a cobrar de acuerdo con tarifas escalonadas: por guardar silencio, la más barata, y por adular, a mayor precio. Todo lo cual se conoce, no es ninguna novedad.
Es difícil discernir si la sentencia contra Cillóniz procede de la corrupción –como él afirma– o es simplemente un ejemplo más de la ineptitud judicial, que sobrecriminaliza faltas. Aunque puede ser modificada por un tribunal superior, lo inhabilita políticamente. Pero ya sabemos que el exgobernador le dijo adiós a la política cuando el PPC lo apartó por participar en el proyecto de resurrección ética de Odebrecht. Pasemos al tema.
Novonor realizó cambios radicales después de que fuera expuesto su abrumador sistema de sobornos en varios países. Retiró a la familia Odebrecht de la administración (Marcelo debe estar lejos por 20 años), conformó un consejo global con reconocidos líderes mundiales en integridad, y se sometió a los escrutinios del gobierno norteamericano, del Banco Mundial, del BID, y de cuanta certificadora de ética empresarial es famosa en el mundo, de las cuales ahora luce diplomas de excelencia. Aunque la dimensión del grupo se redujo enormemente, tiene nuevos contratos –uno de ellos la ampliación del aeropuerto de Miami– en Estados Unidos, África y Brasil por más de US$800 millones. Su cambio es objeto de estudio en Harvard Business School, y su líder de compliance, Rafael Gomes, que dirigió el proceso anticorrupción de Petrobras luego de Lava Jato, es conferencista internacional acerca de su experiencia.
Nada de esto impresiona en el Perú, donde, pese al acuerdo de colaboración suscrito con el Ministerio Público, palpita la indignación por la magnitud de los sobornos y por la percepción de que pactó un pobre resarcimiento. Esta sensación empeorará si en el Ciadi Odebrecht gana la demanda contra el Estado por supuesta afectación en el gasoducto sur. Por eso los políticos evitan a toda costa cualquier detalle que los vincule con la compañía. Salvo Cillóniz, quien sería la excepción. Es un convencido de que su reforma es absoluta, de que sus procedimientos actuales son ejemplares, y de que su labor como director en dos compañías vinculadas al proyecto Olmos, en Lambayeque, contribuirá al desarrollo del agro nacional.
Con este antecedente cualquier candidato sería blanco fácil de sus adversarios. Si el PPC no lo apartaba, probablemente Cillóniz hubiera perdido la nominación presidencial. Pero que se le retirara la militancia con un comunicado vejatorio es más demagógico que principista. No hubo falta ética. La corrupción es cometida por personas, a las que hay que castigar y apartar de las instituciones que condujeron delictivamente. Existen ejemplos emblemáticos de que algunas de estas empresas, después de cumplir sus sanciones, pudieron rehabilitarse y continuar como factor de progreso.
Y a propósito de las compañías de Odebrecht donde está Cillóniz (H2Olmos, que capta y distribuye agua para irrigar tierras, y CTO, que se hace el trasvase del río Huancabamba hacia el valle de Olmos), están a punto de entregar la concesión que detentan. Vence en setiembre. Hace tres años comunicaron oficialmente que debía elegirse un nuevo operador, pero no actuaron ni el gobierno regional ni el Ministerio de Agricultura. En el Estado no existe la capacidad tecnológica para el manejo sofisticado del trasvase. Habrá un concurso internacional, pero no podrá hacerse en solo cuatro meses. Las voces para que no se prorrogue la administración de la “empresa corrupta” se escuchan continuamente. ¿Por qué no actuaron antes?
