Por: Ricardo Uceda
El Comercio, 11 de Diciembre del 2022
“El Congreso y el Poder Judicial tienen la responsabilidad de impedir que al cabo de su detención preliminar [Castillo] se dirija tranquilamente a la embajada de México, entre los aplausos del gobierno de ese país y de otros de la misma cofradía”.
Hasta el día anterior, martes 6 de diciembre, Pedro Castillo parecía confiado de que el Congreso no alcanzaría los 87 votos necesarios para vacarlo. Por la noche participó en una reunión de ministros que definió las líneas generales de su exposición en el hemiciclo. Faltaba pulir los argumentos de descargo. Más tarde recibió al exministro Iber Maraví, quien, por el contrario, lo encontró pesimista. A las 11:37 a.m. del miércoles el jefe de asesores, Luis Alberto Mendieta, entregó en su despacho la última versión del alegato.
Pero, en ese momento, ya tenía otro texto para leer, que fue transmitido públicamente a mediodía. Castillo, que es ágrafo, no lo escribió. En el mensaje que anunciaba el cierre del Congreso y otras medidas dictatoriales, estaban las palabras “prensa corrupta, cínica y mercenaria”. Fueron los mismos términos que empleó el entonces primer ministro Aníbal Torres el pasado 9 de setiembre, en una conferencia de prensa. La exactitud delata al redactor del discurso.
Aquella mañana, Castillo actuó bajo la hipótesis de que los intentos por vacarlo tendrían éxito. Su estabilidad dependía principalmente de los 15 parlamentarios de Perú Libre. Aunque a primera hora su vocero, Flavio Cruz, declaró que votarían en bloque contra la destitución, y lo mismo había anticipado Vladimir Cerrón, el secretario general del partido, no había certeza de que un acuerdo adoptado días atrás fuera cumplido por todos. Trascendían algunas discrepancias entre ellos. Por otra parte, Castillo no tenía certeza del comportamiento de los oportunistas de Podemos Perú y Somos Perú, entre otros, que solían acompañar al oficialismo. Al presidente le había caído mal que estos flotantes y sus más próximos de la Bancada Magisterial votaran sin excepciones para archivar la acusación constitucional de la vicepresidenta Dina Boluarte, el lunes 5. Habían desoído sus mensajes para que no lo hicieran. Ella ya estaba expedita para reemplazarlo si lo vacaban.
Perú Libre quería otro Gabinete. Cerrón había anticipado que su partido no votaría a favor de darle la confianza a la nueva primera ministra, Betssy Chávez, cuya destitución como titular de Trabajo apoyó en mayo pasado. Igualmente les era ingrato su antecesor en el cargo reconvertido en jefe de asesores, Aníbal Torres, que continuaba con el mismo poder en Palacio de Gobierno. Por lo demás, Cerrón le jalaba las orejas de cuando en cuando a Castillo desde su cuenta de Twitter. Las relaciones entre los exaliados no eran amistosas sino tirantes, a pesar de lo cual Castillo no le hizo una propuesta a Perú Libre para darle un buen lugar en su gobierno a cambio de que lo mantuviera en la silla presidencial. En un acuerdo de esa naturaleza, Betssy y Aníbal hubieran salido disparados. No parecía necesario, pues Perú Libre llamaba golpismo al intento de vacancia.
Un apoyo gratis, sin embargo, no es tan firme como otro que pasa factura. Avanzada la mañana del 7, Castillo pensó que podía resquebrajarse. Ese fue un factor importante en su decisión de cerrar el Congreso, de acuerdo con observadores cercanos al desenlace. Pero, según diversas fuentes, los votos a favor de su vacancia llegaban, a lo sumo, a 84. Cuando Castillo ya estaba preso, un tuit de Cerrón se haría notar: “Pedro Castillo se ha precipitado. No había votos para la vacancia”.
Otro factor fueron las revelaciones del exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo. Los canales de noticias transmitieron en vivo su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Había confesado en la fiscalía a mediados de noviembre. Admitió que Marka Group le entregó 9,4 millones de soles para beneficio del presidente, del ministro de Vivienda Geiner Alvarado y de él mismo. A cambio la empresa hizo un negocio con viviendas populares y su gerenta, Sada Goray, obtuvo tierras estatales. Castillo ya tenía indicios abrumadores de corrupción en contra de él y esto venía a ser como una raya más al tigre. ¿Por qué sorprenderse? Bien leído, el expediente de las delaciones de Marrufo dibuja en grado mayúsculo la desfachatez de un grupo criminal en el poder. A la empresaria le pidieron dinero para la familia del mandatario, para pagar deudas de un ministro, para financiar mítines políticos, para sobornar congresistas, etcétera. De esta bolsa autoajustable de sobornos de la señora Goray habría obtenido un ala el exministro de Justicia Félix Chero por nombrar un nuevo director de los Registros Públicos. Miembros del Gabinete habrían amamantado una chanchita para pagar los gastos legales del presidente. Al respecto, es necesario usar el condicional porque faltan algunas corroboraciones, mas lo básico está claro: quién dio y quién recibió lo han aceptado. En la víspera, el exjefe de la DINI José Fernández Latorre aseguró que puso al tanto a Castillo de las corruptelas de su entorno más íntimo. Todo esto podía influir en la votación.
Un tercer factor fue la certeza de Castillo de que alguno de los gobiernos izquierdistas de América Latina le concedería asilo político. Si el golpe fracasaba, podía ponerse a salvo siempre y cuando actuara rápidamente. Ya vimos que no consiguió llegar a la embajada de México en Lima, pero la posibilidad sigue latente. Los caminos reglamentarios para acusarlo constitucionalmente establecen un tiempo que supera los siete días de prisión preliminar que le fueron impuestos por el juez supremo Juan Carlos Checkley. Demoran al menos tres meses. Es necesaria una medida cautelar mientras el Congreso resuelve la denuncia por perpetrar un golpe de Estado –que el Ministerio Público ingresará en las próximas horas–, o por organización criminal, que está en trámite. El camino será inédito, y el vacío favorece al imputado.
Mientras tanto, la defensa del expresidente insistirá en que dio un mensaje a la nación sin efectos reales. El juez Checkley resolvió la detención en el marco de una investigación preliminar por el delito de rebelión, que implica alzarse en armas, y también admitió la figura de conspiración para quebrar el orden constitucional, los dos supuestos sobre los que trabajará el Ministerio Público. ¿Dónde están los tanques, el despliegue represivo?, preguntan los castillistas para argumentar que solo se fue de boca. Sin embargo, en tanto jefe de las Fuerzas Armadas, un presidente no necesita asaltar un cuartel para usar las armas con fines golpistas. Simplemente ordena. Aunque a Castillo nadie le hizo caso, puso en marcha la rebelión mediante un segundo acto luego de leer su discurso. Lo demuestra la manifestación que rindió el viernes ante el Ministerio Público Raúl Enrique Alfaro, comandante general de la PNP.
Alfaro dijo que recibió una llamada del ministro del Interior, Willy Huerta, después de que Pedro Castillo pronunciara su discurso. A continuación, Huerta puso en el teléfono al presidente. Castillo le ordenó ingresar al Congreso, sacar a los congresistas y detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El policía preguntó por qué motivo debería proceder a la detención. Castillo repuso que Huerta ya le daría indicaciones. Luego, el ministro ya no lo llamó y Alfaro decidió con su comando no acatar la orden. La actitud de este oficial, así como la de los militares y magistrados que defendieron la institucionalidad democrática, fue un saldo reconfortante del 7 de diciembre. En el proceso continuó desempeñando un rol sobresaliente la fiscal de la Nación. Mas ahora podríamos estar presenciando que esa institucionalidad resulta inútil para procesar al autor de un golpe de Estado y líder de organización criminal. El Congreso y el Poder Judicial tienen la responsabilidad de impedir que al cabo de su detención preliminar se dirija tranquilamente a la embajada de México, entre los aplausos del gobierno de ese país y de otros de la misma cofradía.
