Rafael López Aliaga
Expreso, 13 de abril del 2025
La capital vive una emergencia silenciosa pero urgente: más de 1.3 millones de limeños no tienen acceso a agua potable. Esta crisis golpea con mayor fuerza a las zonas altas y asentamientos humanos de la periferia, donde miles de familias sobreviven sin redes de agua ni desagüe, dependiendo de camiones cisterna que les venden el recurso a precios hasta diez veces más caros que las tarifas regulares.
El impacto es profundo: afecta la salud, la higiene, la nutrición de los niños y la calidad de vida de toda la familia. La falta de agua potable no solo representa una carencia material, sino una vulneración cotidiana de la dignidad humana.
Frente a esta realidad, el Programa Agua de Emergencia, impulsado por el alcalde Rafael López Aliaga, surge como una respuesta concreta y eficiente. En alianza con Fundación Lima, SEDAPAL, y con el respaldo económico de empresarios privadosy cooperación internacional —como la Comunidad de Madrid—, se está logrando llevar agua potable a los sectores históricamente olvidados de la ciudad.
Zonas como Santa Rosita y Monte Sion, en San Juan de Lurigancho, donde antes el agua era un lujo escaso y costoso, hoy se abastecen de agua potable de forma segura, constante y digna. Próximamente, sectores como Manchay (Pachacámac) y La Grama (Puente Piedra) también experimentarán este cambio, al encontrarse sus proyectos en etapa de implementación.
La solución utilizada consiste en una infraestructura rápida y efectiva: se están reactivando antiguos pozos tubulares y perforando nuevos, y con sistemas de bombas de alta potencia, redes de tuberías y pilones públicos, se impulsa el agua desde reservorios existentes hasta las zonas altas. Así, comunidades que antes vivían sin acceso al recurso más básico hoy pueden acceder a él sin esperar días ni pagar cifras injustas.
Aunque la estrategia remite a los tiempos en que las antiguas haciendas limeñas abastecían con pozos a sus trabajadores, esta nueva cruzada es más ambiciosa y estructurada. Lima, asentada sobre un desierto y con una red de agua limitada, está encontrando una vía eficaz para distribuir mejor lo que ya tiene.
En su tercer año, el programa ha avanzado de forma notable: más de 450,000 personas ya están siendo beneficiadas o se encuentran en proceso de ser atendidas, y la meta es alcanzar a 700,000 limeños al cierre de 2025. El objetivo final es llegar a un millón de beneficiarios en un plazo de cuatro años, cambiando la realidad de las zonas más vulnerables de Lima.
“El motor de este programa es el equipo humano que lo hace posible: ingenieros, técnicos, voluntarios y operadores, junto al equipo de la Municipalidad de Lima, que trabaja con compromiso, mística y una visión clara de servicio”, afirma Javier Musiris, gerente coordinador del Programa Agua de Emergencia. “Este esfuerzo tampoco sería posible sin las propias comunidades, que se organizan, colaboran y participan activamente en cada etapa”.
“Esto no es caridad, es justicia social”, ha señalado por su parte el alcalde Rafael López Aliaga, también conocido como “el Alcalde de los Cerros”. La implementación del programa se distingue por su velocidad, su enfoque técnico y su sentido de urgencia. No se está esperando a que se completen grandes obras de infraestructura centralizada; se actúa donde más se necesita y lo antes posible. “Este es solo el comienzo —agregó—. Vamos a seguir ampliando el alcance del programa hasta que ninguna familia en Lima tenga que vivir sin agua potable”.
El Programa Agua de Emergencia es hoy una muestra concreta de cómo la voluntad política, la cooperación público-privada y la gestión eficiente pueden cambiar la vida de cientos de miles de personas. Porque en Lima, tener agua potable no debería ser un privilegio.