Todos contra la criminalidad

POLITICA DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

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POLITICA DE SEGURIDAD
Y LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

 Diagnóstico o caracterización del problema

Lo que tenemos en el país es un desborde criminal que amenaza la viabilidad misma de la República. El 27.5% de los peruanos ha sido víctima de un delito el último año, la tasa de homicidios ha casi doblado entre el 2021 y el 2024 pasando de 7 por 100 mil a 12 por 100 mil, la violencia de los actos criminales ha crecido, las extorsiones se han generalizado afectando la supervivencia de gran cantidad de pequeños y medianos negocios, y hasta la minería formal está amenazada por una minería ilegal gestionada por organizaciones criminales.  

Organizaciones criminales extranjeras y transnacionales han penetrado en la sociedad y aprovechan oportunidades que encuentran en las economías informales, copan espacios que antes ocupaban organizaciones criminales peruanas o las subordinan, y traen nuevas modalidades delictivas como el uso de explosivos para extorsión o el gota a gota, así como la protección de la minería ilegal o la gestión directa de algunos eslabones de la cadena de valor de las economías ilegales.

Dichas organizaciones, como el Tren de Aragua y otras, comienzan obteniendo dinero circulante en las capas más bajas de la sociedad, mediante la extorsión y el gota a gota, afectando a los pequeños negocios, y pasan luego al control territorial con el objetivo último de alcanzar una gobernanza criminal o control político de distritos, provincias o regiones.

Hay dos grandes tipos de criminalidad: la predatoria (extorsiones, robos, gota a gota), y la que está vinculada a economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de terrenos. 

El crimen organizado vinculado a las economías ilegales capta cuando menos a 1.5 millones de peruanos directa e indirectamente para sus procesos productivos y de comercialización, ganando así control territorial y político amenazado o comprando autoridades. Eso vuelve muy difícil aplicar la eficaz estrategia de los 90 contra el terrorismo de alianza con la población y las comunidades, porque ahora es el crimen organizado quien busca el apoyo de la población y la recluta para sus actividades. Estas organizaciones y las economías ilegales vinculadas penetran el Estado y la política financiando candidaturas a todo nivel o corrompiendo instancias de la policía y el sistema judicial.

El desborde del crimen organizado responde en parte a una demanda internacional de “commodities” como el oro y la cocaína. Tenemos un récord histórico de siembra de coca. El Perú ha sido tradicionalmente exportador de pasta básica de coca o de cocaína, pero siempre a carteles extranjeros. No tenemos organizaciones peruanas que controlen toda la extensión de las rutas del narcotráfico o de la minería ilegal.

De otro lado, la crisis política que ha vivido el país, sobre todo a partir del gobierno de Martín Vizcarra, debilitó las instituciones de seguridad. El gobierno de Pedro Castillo llegó al extremo de inducir corrupción interna en la PNP vendiendo ascensos, entre otras acciones de cooptación. El Congreso, por su parte, ha aprobado leyes polémicas que por evitar abusos en algunos casos han afectado la capacidad de actuación de la justicia. El Ejecutivo carece de un organismo o mecanismo eficaz y eficiente que organice, coordine e integre políticas y decisiones vinculadas a la seguridad ciudadana. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana del 2003 no ha cumplido su función y desde su inicio empezó mal mezclando organismos y personas dotados de poder vinculante con participantes no técnicos, y sin capacidad para exigir a los distintos actores responsables el cumplimiento de actividades y/o acciones.

A lo anterior hay que sumar un sistema penal judicial que castiga a políticos, pero no a delincuentes, que son liberados o, cuando son detenidos, sufren años en prisión preventiva sin sentencia. Reina la impunidad, madre de la delincuencia.

2. Políticas

 Conducción

La lucha contra la inseguridad y la criminalidad requiere de un liderazgo y decisión política al más alto nivel del Poder Ejecutivo, a fin de coordinar a todas las entidades competentes dentro de una estrategia común.

En tal sentido, se establecerá un comando unificado o estado mayor contra la inseguridad y la criminalidad, con carácter ejecutivo, que incluya a las autoridades directamente responsables. Estará integrado por el presidente de la República, el primer ministro, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, los jefes de las fuerzas armadas y policiales, el jefe del organismo de inteligencia del Estado y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En un segundo círculo, acompañando las decisiones de este comando y a su invitación, según se requiera, participarán el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación y el presidente de la Junta Nacional de Justicia, invocándoles a para que, en un plazo perentorio, hagan la depuración de los jueces y fiscales, así como la designación de los miembros de un equipo de jueces y fiscales que puedan garantizar el cumplimiento de los objetivos. Las comisiones de Inteligencia y Defensa Nacional, Justicia y Constitución deberán estar alineadas en la lucha contra el crimen organizado, y sus presidentes podrán ser también convocados. El sistema fiscal-judicial trabajará de la mano con la policía. Se convocará a representantes de gremios empresariales y laborales como órganos representantes de la sociedad civil para que expresen sus preocupaciones y estas puedan ser evaluadas para las mejores decisiones del Comando Central que se propone.

En un tercer círculo participarán ministros, autoridades, o jefes de organismos convocados según necesidades de la coyuntura.  

Ese comando unificado quedará establecido en una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En la actualidad, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), integrado por un sinnúmero de autoridades y funcionarios, se reúne 4 veces al año y carece de capacidad resolutiva. En la nueva ley, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana estará integrado solo por las autoridades arriba mencionadas, en tres círculos. Y tendrá un carácter permanente y ejecutivo. Su secretario ejecutivo debe ser un profesional especialista empoderado con capacidad de coordinar y hacer cumplir las decisiones que se toman.

Los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana tendrán un papel decisivo en el cumplimiento de las líneas de acción establecidas por el CONASEC y en las tareas de prevención, y las decisiones que se adopten no serán vinculantes para el jefe policial correspondiente, quien escuchará las preocupaciones y demandas y las elevará a sus superiores. A los gobiernos subnacionales se les asignará recursos para seguridad dentro del esquema de presupuesto por resultados, para prevenir adquisiciones inadecuadas.

2.2 Cortar la cadena de valor de las economías ilegales

Se cortará la cadena de suministro o de valor de las economías ilegales, atacando y controlando los eslabones neurálgicos de dicha cadena. En el caso de la minería ilegal, no bastará con destruir dragas o socavones, sino que se controlará y eventualmente intervendrá las plantas de procesamiento y el comercio de explosivos -modernizando y transparentando la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y eliminando la corrupción en las Direcciones Regionales de Minería-, así como la exportación del oro ilegal. Para facilitar la fiscalización por parte de la SUNAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía Nacional del Perú (PNP) y supervisar la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados, se implementará el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) establecido en la ley 32213. Simultáneamente, se aplicará una estrategia contundente de ataque y desarticulación de las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

En el caso del narcotráfico, se controlará la cadena de suministro de los insumos químicos, tarea que la SUNAT no ha podido desempeñar de manera efectiva. La responsabilidad será de la PNP, con apoyo informativo de la SUNAT. Simultáneamente, se interceptará los vuelos aéreos, luego de que ya se llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para ese fin, y se intensificará la erradicación de cultivos.

Se modificará el código penal estableciendo agravantes para jefes y subjefes de estas organizaciones, con pena de cadena perpetua efectiva y sin beneficios 

Las Fuerzas Armadas jugarán un papel importante en el combate a las organizaciones criminales ligadas a economías ilegales. Por ejemplo, en el control territorial en las zonas de minería ilegal infestadas por organizaciones criminales, y en la interdicción fluvial y aérea de las rutas del narcotráfico, a fin de reducir la demanda de pasta básica o cocaína y por esa vía reducir los sembríos de coca.

En la sierra de la Libertad se establecerá un comando militar-policial con capacidad suficiente para terminar con las organizaciones criminales y la minería ilegal en la zona. Luego se evaluará la pertinencia de aplicar el mismo esquema en Madre de Dios y Puno.

En Tumbes se establecerá asimismo un comando militar-policial para enfrentar la altísima incidencia del crimen organizado y controlar la frontera para impedir el flujo de criminales e inmigrantes ilegales hacia nuestro territorio.

Se establecerá un mecanismo de seguimiento y control eficaz la venta de armas y de explosivos por parte de la SUCAMEC, y se eliminará la corrupción, pues muchas armas adquiridas legalmente terminan en manos de la delincuencia y de organizaciones criminales, y muchos explosivos en poder de la minería ilegal. Se exigirá mejores controles en las armerías de las fuerzas armadas y se establecerá penas severas a quienes los evadan. También en las DREM de los gobiernos regionales, que dan autorizaciones para uso de explosivos a mineros que luego son usados por organizaciones criminales.

Tanto los civiles como personal militar y policial en situación de retiro que cumplan los requisitos de antecedentes policiales y judiciales, así como pruebas psicotécnicas de calidad, podrán adquirir armas. Quienes posean más de cinco, deberán acondicionar cajas fuertes en sus domicilios para tal efecto. Ello deberá ser fiscalizado por SUCAMEC anualmente. En ningún caso se permitirá armas de fuego cuya cadencia sea automática (ráfagas). Los ciudadanos que declaren perdidas o robadas sus armas en más de una oportunidad, salvo que hayan sido asaltados, no podrán adquirir nuevas.

Fuera de esto, debe quedar claro que el uso de armas por los ciudadanos es un derecho, de modo que las reglas para autorizar su uso deben ser objetivas y sencillas, eliminado exigencias absurdas o subjetivas de funcionarios de turno. Los ciudadanos pueden ser un apoyo a la seguridad y defensa ciudadana.

Se implementará un programa amnistía de entrega de armas ilegales por compensaciones monetarias.

2.3 Inteligencia, tecnología, facilidades legales y alianza con la población para combatir las extorsiones y el gota a gota.

Las extorsiones y el gota a gota se han vuelto sistémicos. Afectan a una proporción alta de pequeños negocios en los barrios populares principalmente e impiden el ingreso de la microbanca formal y de proveedores. Para combatirlas se realizarán las siguientes acciones:

• Reforzar y unificar la inteligencia policial, actualmente atomizada
• Equipar a la policía con la tecnología necesaria, incluso mediante convenios con policías de países desarrollados.
• Aprobar una ley extendiendo el plazo de detención policial para los delitos dolosos, graves o complejos, sobre todo mientras no haya laboratorios implementados y tomado los recaudos para evitar abusos.
• Alianza con los gremios las asociaciones de empresarios afectados, como las asociaciones de mototaxistas, de colectiveros, de microbuses, de bodegueros, construcción civil, etc.
• Inteligencia en los penales para identificar a los jefes de las organizaciones criminales y llevar a cabo una política de cambio de penales para desbaratar bandas y romper cadena de mando de dichas organizaciones.
• Ampliación del concepto de flagrancia

2.4 Repotenciación de la Policía Nacional

2.4.1 Una misión externa de una policía de país avanzando ayudará a reorganizar la Policía Nacional del Perú.

2.4.2 Se actualizará el Plan Mariano Santos, elaborado el 2019 con la colaboración del Reino Unido y de ESAN, para identificar, costear y cerrar las brechas de personal, bienestar, salud, tecnología, infraestructura, logística y equipamiento de la Policía Nacional. Se reestructurará el presupuesto nacional para priorizar el gasto de seguridad resultante, eliminando, reduciendo o postergando gastos no indispensables en los distintos sectores.

2.4.3 Reorganización de la gestión policial. La gestión de recursos estará a cargo de personal especializado y debe funcionar sobre la base de presupuestos por resultados. Se implementará un operador logístico único integrado por policías y gerentes públicos civiles, a fin de asegurar la ejecución de proyectos, compras y leasing de equipos.  En la actualidad en la Policía hay 16 unidades ejecutoras, facilitando la corrupción. Se evaluará la conveniencia de adquirir los equipos mediante contratos de leasing, para evitar que se compre caro y después no se pueda dar mantenimiento a los equipos, que terminan siendo canibalizados.

2.4.4 Se implementará la especialización de la policía en dos líneas carrera:  seguridad y orden interno, e Investigación criminal.

2.4.5 Se fortalecerá y modernizará las comisarías, optimizando su número y cuidando que sus límites coincidan con los límites de los distritos.

2.4.6 Se incrementará el número de policías en las calles eliminando el sistema de 24 x 24 y reorientando una proporción importante de policías de tránsito a otras funciones policiales ya que el tránsito deberá ser una función municipal con el previo requisito de contar con una semaforización inteligente y adaptativa.

Considerando los estándares internacionales, al Perú no le faltan policías: tenemos 135,000 agentes, lo que equivale a 250 habitantes por policía y la recomendación de Naciones Unidades es 300 habitantes por policía. Lo que tenemos es un problema de gestión. Poe lo tanto, si luego de las medidas de gestión arriba mencionadas, aun se necesitan más policías, se invitará a licenciados y retirados de las fuerzas armadas y policiales con excelente hoja de vida, para que regresen a la actividad a fin de reforzar la policía comunitaria de las comisarías. La policía comunitaria, a su vez, podría convertirse en una unidad especial dedicada exclusivamente a prevención, patrullaje y servicio directo a las comunidades que, junto con el personal de serenazgo, podría eventualmente ser sostenida en gran parte por el arbitrio municipal ya existente, rediciendo costos al sector Interior.

En casos de excepción, las Fuerzas Armadas podrán apoyar las tareas de seguridad. 

La policía comunitaria trabajará de la mano con las autoridades ediles, juntas vecinales y asociaciones de comerciantes, mototaxis, etc. Asimismo, la seguridad privada se integrará a la red de información local.

2.4.4 Implementar el PER-105 y el Centro de Comando Control, Inteligencia y Computación (CI) en Lima Metropolitana. Una central C5 permitirá:

• La recepción, canalización ordenada, adecuada y oportuna para la atención de todas las actividades de urgencia y emergencia ciudadana.
• La estructuración inmediata del mapa del delito, para el planeamiento, organización y ejecución de la operatividad policial, que a su vez priorizará la prevención y tendrá una estadística inmediata.
• La minimización del desgaste del recurso humano y del equipamiento motorizado destinado al patrullaje.

2.4.5 Las escuelas policiales se han convertido en parte de la oferta electoral de los políticos regionales. Cada región quiere su escuela y eso ha degenerado en una proliferación de escuelas de muy baja calidad, sin profesores idóneos, y con prácticas corruptas para el ingreso de los postulantes. Por lo tanto, se reducirá el número de escuelas policiales para mejorar radicalmente su calidad a fin de elevar el nivel del recurso humano policial. Se apuntará a escuelas macro regionales, orientadas a la especialización, incluyendo convenios con Universidades, y buscando captar jóvenes que han terminado carreras técnicas o bachilleres. Se definirá claramente el perfil del policía. Asimismo, se aprovechará la infraestructura ociosa en las Fuerzas Armadas para ofrecer locales adecuados.

2.5 Reforma del sistema de justicia penal

El sistema de justicia penal no funciona. Los procesos son interminables, en algunos casos se han politizado y la actividad delincuencial no recibe castigo. Por un lado, persigue y encarcela a políticos por hechos, como las donaciones de campaña, que no son delito y, de otro lado, libera a delincuentes configurando un escenario de impunidad. O, cuando son detenidos, sufren años de prisión preventiva sin sentencia.

El impulso a la agenda anticorrupción en gobiernos pasados llevó a que el presupuesto se adjudicara prioritariamente a las direcciones policiales, fiscalías y unidades jurisdiccionales politizadas, en detrimento de la persecución a la criminalidad. Se requiere poner fin a la politización de la justicia cerrando los casos en los que esa politización se manifestó. Se planteará una reestructuración del Ministerio Público para devolverle independencia y profesionalismo.

Se requiere reducir drásticamente la proporción de fiscales y jueces supernumerarios y provisionales, que carecen de independencia para resistir presiones políticas, ideológicas o de sus jefes. Para ello, se requiere evaluar la funcionalidad de la Junta Nacional de Justicia.  

En tal sentido, se creará una comisión de alto nivel encargada de proponer una reforma integral del sistema judicial.

Se desterrará el populismo penal. En lugar de endurecer todas las penas, estas deben ser más efectivas. El sistema tiene que disuadir y castigar a los delincuentes. Para ello, se simplificará el código procesal penal y se definirá protocolos claros de coordinación entre la policía, los fiscales y los jueces considerando que la investigación preliminar ha retornado a la policía, y se implantará el expediente judicial electrónico penal. Se aprobará una ley especial que determine las funciones, obligaciones de coordinación y procedimientos para lograr el procesamiento y castigo célebre de los delincuentes dentro del debido proceso, respetando derechos humanos y legales, así como responsabilidades y sanciones.

Se generalizará e implementará las unidades de flagrancia con policías, fiscales, jueces, laboratorios de criminalística, medicina legal y una carceleta. El Congreso deberá aprobar el proyecto de ley del sistema de flagrancia.

Se gestionará traer los casos críticos vinculados a la criminalidad organizada desde provincias a la capital, estableciendo jurisdicciones nacionales para ciertos delitos, a fin de otorgar mejores condiciones de seguridad a fiscales y jueces.

Se revisará el marco normativo de la criminalidad organizada buscando un punto intermedio entre la necesidad de incluir el número suficiente de tipos penales y evitar que se use como herramienta de persecución política, como de hecho ha ocurrido.

Finalmente,  para combatir efectivamente el crimen organizado se ratificará la última legislación que protege al policía (o militar en situaciones de excepción) por el uso correcto de su arma de fuego contra delincuentes sin que sufra cárcel ni persecución política, lo cual se establecerá en procesos expeditivos que lo determinen mientras temporalmente es separado del servicio de calle pero con goce de sueldo hasta determinar su responsabilidad en el fuero militar policial por ser principalmente un hecho de función.

• Cárceles

Si el sistema policial-penal funcionara y detuviera y castigara a los delincuentes, no habría penales donde encerrarlos. El sistema penitenciario está ya largamente desbordado, y difícilmente puede cumplir la función de resocialización. Desde las cárceles se dirige la ejecución de actos delictivos.

2,6.1 Se construirá un mega penal para 20 mil internos, a fin de reducir costos de construcción, operación y logística.

2.6.2 Nuevos pabellones en cárceles existentes cuyo espacio circundante lo permita, lo que permite ampliar la capacidad a mucho menor costo y menor tiempo.

2.6.3 Cárceles productivas para internos de mediana gravedad a costo cero para el Estado por medio de asociaciones público-privadas: el privado construye el penal y lo mantiene a su costo, y a cambio recibe los recursos de la tierra y fuerza laboral para producir, vender, obtener ganancias y pagar impuestos, mejorando de paso los ingresos de los presos y su tecnificación.  Al final de la condena, el preso excarcelado recibe la posibilidad de establecerse cerca al penal en tierras en usufructo inclusive con sus familiares ampliando la producción y recibiendo ingresos dignos, resolviendo así la dificultad de obtener trabajo dados sus antecedentes.  Ejemplos son la Colonia Penal El Sepa en la selva para actividades agroindustriales, ganadería y maderera y áreas costeñas deshabitadas para la maricultura y pesca.

2.6.4 Mientras tanto, se dictará una declaratoria de emergencia para permitir la ejecución rápida de infraestructura adicional acondicionando instalaciones en desuso de las fuerzas armadas y otras instituciones que ya cuentan con lo básico.

En todos los casos se separará a los internos por tipo de delito, por gravedad de la pena y por nacionalidad, con el objeto de que no sean captados al interior por bandas u organizaciones criminales nacionales o extranjeras.

Con estas alternativas se descongestionará los penales existentes y se resocializará a los presos comunes. Asimismo, se dará incentivos a los gobiernos locales para la  construcción de penales para delitos menores luego de evaluación.

3. Plan de emergencia

Siendo muy grave la situación de la Inseguridad Ciudadana, proponemos la rápida implementación de las medidas propuestas, para lo cual debe solicitarse de conformidad con el art. 104 de la Constitución, la Delegación de Facultades Legislativas en materia de Seguridad Ciudadana por el término de 60 días que serán complementadas con Medidas Extraordinarias mediante Decretos de Urgencia en materia económica y financiera. Las propuestas son las siguientes:

1. Ley de reforma integral del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
2. Ley de Reorganización de la Policía Nacional del Perú.
3. Ley del sistema de flagrancia
4. Ley para incorporar y capacitar a licenciados y retirados de las FF.AA. y policiales a la PNP para una nueva división policial de apoyo comunitario.
5. Ley de creación de una Comisión de Alto Nivel encargada de proponer una reforma integral del Sistema judicial.
6. Ley para la promoción de la construcción y ampliación de Penales, incluyendo la participación privada. Se destinará un penal de alta seguridad exclusivo para extranjeros.
7. Ley de promoción de Penales productivos, con inversión privada en forma de Asociaciones Público-Privadas donde el Estado norma y mantiene la seguridad y el privado construye, mantiene y desarrolla actividad productora y de tecnificación.
8. Ratificación y ordenamiento de la legislación de protección policial, estableciendo la responsabilidad de magistrados que inapliquen las normas.
9. Ley más severa contra el Crimen Organizado, con penas altas sin beneficios penitenciarios.
10. Ley de inmediata revisión y modificación de normas que pueden favorecer al crimen organizado.
11. Ley de reforma constitucional extendiendo el plazo de detención policial a 72 horas.

Para la realización de estas propuestas, es indispensable dictar los siguientes decretos de urgencia.

1. U. que concede recursos económicos adicionales para el debido equipamiento de la Policía Nacional, para dotarle de infraestructura, tecnología y gastos de personal.
2. U. que concede recursos para la construcción e implementación de Penales,
3. U. para conceder recursos económicos adicionales al Poder Judicial y al Ministerio Público.

Medidas de Gestión.

1. Establecimiento de un comando militar-policial para terminar con las organizaciones criminales que dominan la minería ilegal en el Departamento de La Libertad.
2. Se reforzará el control migratorio y policial en el Departamento de Tumbes, para evitar continúen ingresando migrantes ilegales.
3. Se expeditará los procesos de expulsión del país de delincuentes extranjeros.
4. Se intensificará el control territorial policial y el control de usuarios de motos.
5. Se implementará mecanismo de sustracción de armas ilegales, mediante mecanismos compensatorios.