Max Schwarz
Profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas
Universidad de Lima
Para Lampadia
Es penoso comprobar que al 2019 en pleno siglo XXI, después de nuestras absolutamente predecibles, cíclicas y recurrentes tragedias generadas por fenómenos naturales que nos acompañan puntualmente cada año, tenemos un impacto de pérdida de infraestructura de $45K MM anuales adicionales de los cuales no solo no hemos logrado recuperarnos, sino que el agujero en la práctica es regularmente agrandado pues la solución de reconstrucción que el Estado practica tiene cifras. De cada dólar de infraestructura con una tasa de gasto corriente de 0.38, una filtración del 22% y un valor ganado de 0.33 apenas quedan 16 centavos de inversión efectiva cuya garantía como solución real a los problemas presentados que sufre el ciudadano de a pie es altamente cuestionable. A eso se suma nuestra absoluta falta de efectividad en la oportuna ejecución de la inversión en la reconstrucción que en forma insuficiente apenas llega al 35% con una efectividad muy baja y con serias responsabilidades compartidas entre el gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales.
Está claro que en el Perú los fenómenos naturales son de relativa baja intensidad comparada con las enormes transformaciones climáticas que marcan las temporadas en el norte y el sur del continente y en diversos extremos del mundo, con lo cual, tampoco es que nos enfrentemos a embates colosales de la naturaleza, sino por el contrario a fenómenos de regular presencia cuyos efectos son absolutamente predecibles y frente a los cuales nuestra histórica capacidad de respuesta ha sido no solo insignificante o nula, sino perversamente inversa pues al problema natural y sus estragos con enormes pérdidas económicas acumuladas que en activos irrecuperables superan los $65K MM a los cuales se debe sumar el costo de nuestra ineficiencia, cuando no ineficiencia corrupta que eleva las pérdidas de infraestructura no recuperable a cifras cercanas a los $95K MM de los cuales se cargan efectivamente cada año cerca de $45K MM adicionales al retraso en el déficit de infraestructura nacional cercano a la dramática cifra de $165K MM que se requieren en el Perú mínimamente para poder ser competitivos.
No es posible que ante la inercia y la ineficiencia de las reconstrucciones anteriores se haya previsto hacer una reconstrucción con “cambios”. Debemos preguntarnos ¿cuáles han sido los cambios? ¿hemos mejorado? ¿es más efectiva? ¿ha avanzado algo? La realidad es que no y la situación es insostenible porque no solo no se restituye activos, sino que se permite un deterioro sistemático y creciente de la infraestructura actual cuya factura tendrá que ser asumida y pagada nuevamente por todos los peruanos. Lo peor del caso es que nuestra de falta de previsión y planificación ha hecho que las soluciones planteadas solo parchen el problema, pero o lo solucionen desde la raíz. Seguimos permitiendo que se habilite instalaciones en medio de quebradas y zonas vulnerables y seguimos construyendo con “expedientes técnicos” no calificados sin ingeniería de sustento para calcular las avenidas, los efectos de la sísmica y los eventos naturales que ya sabemos nos visitan con frecuencia regular y avisada en cada ciclo ambiental. El resultado es lamentable y las regiones lo saben, lo viven y lo sienten. La reconstrucción es una verdadera vergüenza.
Existen cientos de razones que pueden explicar nuestra actual inoperancia abismal en la gestión de respuesta frente a la reconstrucción permanentemente inconclusa en la cual estamos inmersos, como el grado de burocratización del sistema nacional de inversión pública, la pobre preparación de profesionales en las unidades ejecutoras, la desmedida corrupción existente entre los agentes de la respuesta o la ausencia interesada o no de previsión planificada para responder al problema. Sin embargo, el problema central sigue siendo la falta de voluntad política para corregir este problema de raíz. Esto es un problema del cual nadie quiere hacer cargo en forma efectiva y hasta se configura en un perverso problema cuando con la excusa de la reconstrucción aparecen decretos de urgencia que permiten contratar a dedo sin calificación previa. En este contexto, es necesario y urgente promover un cambio efectivo que nos permita hacer la diferencia, de lo contrario, la actual brecha de infraestructura seguirá agrandándose hasta hacerse inmanejable restando competitividad a todo el país y transfiriendo el costo como siempre al ciudadano común. Lampadia
