María Isabel León
El Comercio, 14 de octubre de 2017
En el Perú solo la educación básica es obligatoria y además gratuita en las instituciones del Estado, según reza el artículo 17 de la Constitución. En el caso específico de la universidad, se señala que el Estado garantiza el derecho a educarse “gratuitamente” en los establecimientos de su propiedad a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con recursos económicos necesarios para cubrir los costos que demanda la educación. En pocas palabras, para gozar de la gratuidad en la educación superior pública se deben cumplir dos variables absolutamente claras: tener rendimiento satisfactorio y no contar con recursos económicos para cubrir sus costos. ¿Pero sucede esto en realidad?
Recientemente, 22.910 jóvenes postularon a las 2.136 vacantes ofrecidas en las diferentes áreas profesionales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es decir, solo un 9,5% del total de postulantes tuvo acceso a esta universidad estatal. De estos aspirantes, según un informe publicado en el diario “La República”, 11.395 provenían de colegios estatales y 11.515 de colegios privados. Definitivamente una buena purga en la selección de ingreso que permitió a esta universidad admitir solo a aquellos con mejor rendimiento, ¿pero se verificó acaso la segunda condición para la gratuidad? San Marcos, que recibe el mayor presupuesto público para una universidad a nivel nacional, tiene una proyección para el 2018 de 485 millones de soles (269 provenientes de recursos ordinarios y 216 directamente recaudados); atiende a más de 29.000 jóvenes; y cuenta con 3.441 docentes (de los cuales solo 375 son contratados y 3.066 son nombrados, según el registro administrativo del MEF). En comparación, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) creado en el 2012 durante el gobierno pasado –y que goza también de amparo constitucional conforme al segundo párrafo del mismo artículo 17 que señala que “con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y a favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades”– tiene un presupuesto proyectado al 2018 de 923 millones de soles, con los cuales financia la educación de 54 mil becarios, principalmente en el sector privado. El 80% de ellos son de pregrado, Beca 18, y este volumen cubre en 84% a jóvenes del interior del país. De las becas otorgadas, el 73% fueron asignadas a jóvenes de pobreza extrema y 27% a jóvenes pobres, según fuente de Sibec. Es decir, mientras que San Marcos con 485 millones de soles atiende a cerca de 29 mil estudiantes que provienen de colegios públicos y privados sin distinción, Pronabec, con 923 millones de soles, atiende a más de 54 mil jóvenes de pobreza y pobreza extrema comprobada, a los que, además, entrega mensualmente un monto de dinero en calidad de subvención para vivienda, alimentación y transporte, ascendente a S/860 si son de Lima o a S/1.200 si vienen de provincia. Interesante información que nos debe llevar a la reflexión de si estamos destinando adecuadamente los recursos de la universidad pública a quienes, conforme con la Constitución, tienen buen rendimiento y escasos recursos económicos como sucede con los beneficiarios de Pronabec, o si estamos subvencionando de alguna manera la educación superior gratuita de quienes habiendo estudiado en el sector privado, podrían (condicional) contar con recursos suficientes para financiar también su educación superior.
Otro caso interesante es el del Centro de Formación en Turismo (Cenfotur), que tiene proyectado recibir para el 2018 del presupuesto fiscal del Estado, en calidad de recursos ordinarios, poco más de 11 millones de soles para su sede Lima. Si bien la cifra es pequeña y no debería llamar mucho la atención, sí lo hace –y mucho–, pues el ‘pequeño detalle’ es que esta entidad cobra, además, pensiones mensuales a sus alumnos, las cuales son semejantes a las que aplican en entidades privadas del mismo sector, y que por cierto no gozan de ningún tipo de asignación de recursos públicos, como sí sucede con Cenfotur.
Por ello, debemos reflexionar –como sociedad solidaria y comprometida con el verdadero desarrollo del país– en si debemos continuar subvencionando la educación superior pública y gratuita a favor de todo aquel que libremente desee tomarla, sin ningún tipo de filtro ni distinción, o si acaso debemos reorientar nuestros recursos públicos para beneficiar con el servicio de educación superior gratuita –y no obligatoria, por cierto– solo a aquellos que, como señala la Constitución, tengan buen rendimiento y a la vez no tengan recursos para financiarla. Lo cierto es que la educación gratuita se convierte en un mito en realidad, pues el Estado la garantiza a expensas de los impuestos que pagamos todos, y se convierte, además, en un lucro unilateral de aquellos que pudiendo financiarla se suben al carro de la gratuidad.
