María Isabel León, Educadora
Gestión, 23 de agosto de 2017
En el 2007, durante el segundo Gobierno de Alan García Pérez, y bajo la mano “dura” del entonces ministro de Educación, José Antonio Chang, se registraron varios logros en el tema educativo: no solo se creó el programa de “recuperación” de colegios públicos emblemáticos (ex “GUE”) abandonados por años a su suerte, modernizándolos y reequipándolos, sino que además se priorizó, por primera vez, un magisterio nacional “meritocrático”.
En este escenario, se promulgaron dos nuevas y muy importantes leyes para el sector educativo: La 28988, que declaró la educación básica regular como servicio público “esencial”, resultando muy útil para desarticular cualquier intento de huelga magisterial y que, a través de su reglamento aprobado por el D.S. 017-2007-ED, creó un padrón nacional de docentes “alternos” que podían ser contratados a las 24 horas de “activación” de cualquier huelga magisterial, garantizando así el derecho esencial a la educación de los niños en todo el país, y también la Ley 29062, que modificó la Ley del Profesorado del año 84 en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, introduciendo un nuevo concepto meritocrático de valoración del desempeño de los docentes, en base a criterios de búsqueda de mejores prácticas a través de procesos estrictos y objetivos de evaluación.
Así, durante el segundo Gobierno del Apra, se registró una evidente victoria política del Gobierno sobre el sindicato de docentes públicos, que se mantuvo casi en “modo off”, a pesar de que, según datos publicados por Grade, durante dicho quinquenio se produjo un decrecimiento real de sus salarios.
Si bien la nueva Ley 29062, promulgada durante el Gobierno del Apra, marcó el inicio de la era “meritocrática” en el magisterio nacional, el error que generó fue el mantener vivos dos regímenes en simultáneo, permitiendo una supuesta incorporación “gradual” de los profesores antiguos a la nueva carrera, que resultó fallida por la resistencia de los docentes a someterse a evaluaciones para su pase a la nueva escala magisterial y salarial.
En el año 2012, bajo el Gobierno de Humala, se promulgó la nueva Ley de Reforma magisterial No. 29944, que unificó acertadamente en un solo texto legal el tratamiento del magisterio nacional. De esta forma, los más de 200,000 profesores que todavía permanecían bajo las reglas de la antigua ley fueron pasados, automáticamente, junto con aquellos que meritocráticamente ingresaron a la ley de la “era García”, a un solo régimen y escalafón.
En este nuevo espacio, el movimiento sindical reapareció, y en setiembre del 2012 convocó a una huelga nacional indefinida presentando un pliego de reclamos para incremento de salarios (a pesar de que el tránsito a la nueva ley trajo mejoras) y procurar obstruir a toda costa la implementación de la nueva ley y, con ello, la aplicación de las evaluaciones meritocráticas para ascensos y mejora de salarios.
El escenario actual no difiere mayormente del levantamiento magisterial del 2012, salvo porque en el actual la justa reivindicación salarial a la que los maestros tienen pleno derecho, y que fue materia de una oferta de campaña presidencial, ya fue tardíamente atendida y será además materia de un tratamiento posterior hasta llegar a un salario digno hacia el 2021, quedando pendiente el tema crucial, el eterno “cuco” magisterial: la negativa a la evaluación que los maestros no terminan de aceptar, bajo la creencia de que su finalidad es punitiva y no formativa.
Este temor que los inspira y alienta a pretender derogar una ley y un sistema meritocrático, es utilizado hábilmente por una cúpula sindical, hoy difusa y dividida a nivel nacional, que exacerba los ánimos de los docentes de todos los rincones del país, y que lo que evidentemente busca es su reconocimiento como gremio nacional en reemplazo del tradicional “Sutep”, cuya dirigencia no ha tenido los reflejos y el liderazgo necesarios para contener y encauzar el desembalse del presente reclamo magisterial. Y ni qué decir de la impericia política del Gobierno y de sus enormes errores de comunicación.
Así las cosas, nos queda reflexionar, reconociendo que el magisterio nacional agrupa al mayor número de servidores públicos que cualquier otra entidad estatal en el país. ¿Merecen una reivindicación salarial y mejora en sus condiciones de trabajo? Sin duda que sí, pero también debe comprenderse que es necesario que rindan cuentas a la sociedad del adecuado uso de nuestros recursos y se sometan a una formación y mejora continua que pueda ser medida y evidenciada a través de un objetivo y transparente proceso de evaluación.
De igual forma, toca reflexionar sobre la importancia de sincerar el sistema de contratación de este personal. No es admisible que de los 374,048 docentes que laboran en las escuelas públicas en el país, 143,470 se encuentren bajo el sistema de “contratación” y no formen parte de la Ley de Reforma Magisterial y su escalafón, y menos admisible aún que, siendo justamente más de 5 mil docentes de la educación inicial los que se anuncia públicamente que serán los primeros en ser sometidos a las evaluaciones previstas en la Ley de Reforma Magisterial, tengamos 33,010 de ellos contratados frente a solo 26,103 nombrados en dicho nivel.
Finalmente, otro tema que nos debe llevar a la reflexión es la curiosa promulgación del D.S. 013-2016-Minedu a fines del 2016 por el hoy presidente PPK, a través del cual DOBLÓ sin más trámite el número de representantes sindicales que hoy gozan de licencias “CON GOCE DE HABER”. Paradojas todas que es necesario dilucidar y solucionar para el bien del Perú.
