Entrevista a Luis Carranza
El Comercio, 25 de mayo de 2021
El miembro del equipo técnico de Fuerza Popular Luis Carranza hace precisiones sobre el plan económico de su agrupación y lo que abarcaría. A continuación, los detalles del plan.
Pensión 65 es un programa dirigido a los mayores de 65 años más vulnerables. Si pensión 65 ya incluye a ese grupo de la población, ¿a quiénes más van a incorporar?
Todos los años vamos a incluir a medio millón de beneficiarios para llegar al final del 2026 a una cobertura universal con una pensión básica, que es mínima, pero tendremos cobertura universal. La gente que tiene actualmente cobertura de pensión es muy baja. Tenemos más del 70% de informalidad en el país, a esa gente va dirigido. Pero si te jubilas con tu AFP o con la ONP, evidentemente no te va a tocar porque ya tienes una pensión.
¿Han considerado que incentivan la informalidad laboral con su propuesta?
El gran problema previsional del Perú es la falta de cobertura. Una vez que tengamos resuelto eso, vamos a poder tener un sistema mucho más flexible, con mucha más competencia en las AFP, sin entrar en una discusión sobre si debemos tener un pilar solidario o no. El pilar solidario lo resolvemos de una sola vez con los impuestos generales.
¿Cómo van a financiar Pensión 65?
Pensión 65 representa 0,1% del PBI. El PBI va a crecer este año entre 8 y 10%. El próximo, con el impulso fiscal, va a crecer también entre 8 y 10%, y de ahí debe converger suavemente a una tasa del 6%. Entonces, ese 0,2% que tú estás calculando ahora se va a ir diluyendo en el tiempo. Al 2026 nosotros vamos a tener un costo por este programa equivalente a 0,8% del PBI, por debajo de lo que todavía tiene Chile o Brasil en esquemas de este tipo, que es 1% del PBI. Bastante superior a lo que tenemos ahora que es 0,1% del PBI.
Algo que comentó en el 2011 es que Pensión 65 era inflacionario. ¿Qué ha cambiado para que ahora ya no lo considere así?
Pensión 65 viene de un programa que se hizo en el gobierno de Alan García que se llamaba Gratitud, para personas mayores de 75 años. Lo trabajamos y salió en el último año del presidente García. Los periodistas son magos para poner titulares potentes, pero que a veces no reflejan lo que se dijo. Si lees la entrevista y no el titular de esta que mencionas, me preguntan sobre los programas sociales que Ollanta Humala iba a financiar con un impuesto extraordinario a la minería. Entonces, lo que yo respondí es que no puedes financiar gastos corrientes permanentes con impuestos transitorios porque están asociados al precio del mineral.
Pero es lo mismo que van a hacer con la repartición del 40% del canon a la población…
No, porque ahí no estás garantizando un ingreso a nadie. Volviendo a tu pregunta anterior, tú no puedes financiar gastos permanentes con ingresos transitorios. Entonces, al final Pensión 65 no resultó en un programa universal, sino reducido. Un 0,1% del PBI. En ese momento lo vendían como vendían el balón de gas a S/12, para toda la población. Al final fue muy reducido. En ese contexto dije que no era sostenible Pensión 65.
¿En total a cuánto equivale el costo de su impulso fiscal?
En el 2021, el déficit debería incrementarse ligeramente entre 0,4 y 0,5 del PBI. Para el próximo año, el Marco Macroeconómico prevé una caída del consumo público de 1,5%. Sin embargo, nosotros incrementaremos el consumo público en alrededor del 8% y la inversión pública debería crecer entre el 15% y el 20% para el próximo año. Nuestra idea es que el crecimiento del consumo público converja al 3% en el mediano plazo y la inversión pública en torno al 10%.
¿Ese incremento del 8% del consumo público cómo lo va a financiar?
Vamos a tener un déficit mayor al que está en el Marco Macroeconómico y va a ir descendiendo desde el 6% hasta algo alrededor del 2% en el 2026. La deuda se va a incrementar ligeramente y va a llegar a cerca del 40% respecto al PBI y después al 2026 debería ya estar reduciéndose en torno al 39%. Este perfil de deuda lo tiene Chile en su plan macroeconómico de mediano plazo.
Sin embargo, el Perú no es Chile. Según Moody’s no es sostenible para el Perú mantener el grado de inversión con una deuda mayor al 30% del PBI. ¿No teme a que nos puedan quitar la calificación?
El grado de inversión incorpora una serie de variables. El tamaño de la deuda es una de ellas, pero lo fundamental es cuál es la dinámica de la deuda y de la economía de un país. La dinámica de largo plazo en las cuentas fiscales del Perú es sostenible. Lo fundamental es recuperar el crecimiento y por eso estamos haciendo este fuerte impulso fiscal manteniendo un nivel de deuda razonable para la enorme crisis que ha tenido el país.
¿Por qué una deuda pública del 40% del PBI es óptima?
No solamente un nivel de 40% de deuda es razonable, sino que las condiciones financieras son de enorme liquidez. Las tasas de interés de los principales bancos de reserva del mundo estarán planas por los próximos dos o tres años para recuperar sus economías. En ese sentido, con un plan creíble, con un perfil de deuda razonable, el spread de la deuda peruana no va a moverse significativamente, y es uno de los más bajos de la región. Entonces, no vamos a tener un costo financiero significativamente alto por mayor tasa de interés, que afectan no solo a las cuentas públicas sino a las tasas de interés a las que acceden las grandes empresas en los mercados internacionales. Tenemos excelentes condiciones financieras en los mercados internacionales que hay que saber aprovechar.
¿Cómo aumentarán los ingresos?
En el lado impositivo lo fundamental es concentrarse en mejorar la administración, reducir la evasión, tratar de crecer en formalización. Ese es el principal objetivo en el tema tributario. También lo es trabajar en la simplificación, la facilitación, ayudar a la formalización de empresas, y trabajar evidentemente en temas de evasión y elusión. Eso en el Marco Macroeconómico considera un pequeño incremento en la presión tributaria de 0,7% del PBI, en nuestros estimados mantenemos ese incremento.
Hablaron de reducir el Impuesto Selectivo al Consumo, ¿cuál es el sustento?
Las tasas tributarias se van a analizar en función de cuál es el impacto en la eficiencia de la economía. Por ejemplo, lo ha mencionado la señora Keiko Fujimori cuando habla de revisar el precio del combustible. ¿El ISC al combustible es muy alto? Se puede manejar de otra forma. Pero vamos a ver si eso nos está restando competitividad. Ese es un reclamo constante de los transportistas.
Pero el ISC es para corregir una falla en el mercado, cuando los precios no incluyen el daño a la sociedad del consumo o producción de ciertos bienes, ¿cuál es el sustento?
No es falla de mercado, eso es una externalidad negativa que se genera por el consumo de un producto que tiene impacto en la salud o tiene impacto en el medio ambiente. Lo que yo te estoy diciendo es que se va a hacer una revisión de eso. No te estoy diciendo que se van a bajar o que se van a subir. Hay que calibrarlos bien. Otro tema importante es la revisión de la carga a la minería.
¿Qué cambios harán en la carga impositiva en la minería?
Vamos a revisar la contribución de la minería en un contexto de altos precios, pero con destinos específicos. En este caso concreto, vamos a utilizar los recursos que ya tenemos por el Impuesto Especial a la Minería y evaluar si se incrementa ligera y temporalmente la tasa para el desarrollo del agro en zonas rurales. Es un programa de minería para el desarrollo del agro.
¿En cuánto podría subir?
Eso está en evaluación. Lo importante, más allá de si efectivamente se incrementa o no, es que los recursos que estamos recaudando y que se podrían recaudar adicionalmente van a ser destinados a todo el desarrollo del agro en las zonas rurales en el país.
¿Quién se encargaría de distribuir esos recursos al sector agrícola?
El gobierno central en coordinación con los municipios y de ser el caso con los gobiernos regionales, pero esto es básicamente para pequeñas obras, donde los responsables son los alcaldes de los lugares en donde se harían estas inversiones.
¿Cuánto se podría destinar para esta inversión?
En el programa original, que tenemos, la meta es llegar a 250.000 familias con proyectos de irrigación, ya sea a nivel familiar o a nivel de pequeñas comunidades, pequeños reservorios de agua, que le garantiza la sostenibilidad y el acceso a agua durante todo el año a las familias. Los estimados son de entre S/2.500 a S/3.000 millones de soles. Parte de esto sería financiado con este impuesto especial a la minería.
¿Cómo hacemos para sacar adelante más proyectos mineros?
Son dos grandes temas. Uno de ellos, está asociado al medio ambiente y el acceso al agua. Estos, tienen que estar internalizados dentro del proyecto minero y, en segundo lugar, están todos los temas sociales. Esos tienen que estar internalizados en el gobierno central. El gobierno central tiene la responsabilidad, en conjunto con las comunidades, los alcaldes y la propia empresa, de mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población que está expuesta a la actividad minera. Esa es una labor ineludible del Estado. Si no hacemos eso, los proyectos mineros no van a salir.
Eso desgraciadamente no está ocurriendo. El Estado tiene que ser muy proactivo en identificar los potenciales riesgos sociales y actuar preventivamente en estas comunidades. La idea del reparto del 40% del canon en las comunidades que están más expuestas a la actividad minera es justamente eso, que tengan un impacto directo en su bienestar debido a la actividad minera.
¿Han tomado en cuenta que repartir el 40% del canon a la población podría generar un eventual conflicto, ya que cualquier monto es nada frente a las utilidades de una minera? El 40% del canon es apenas el 6% de las utilidades de las mineras.
¿Tú lo que me estás diciendo es que ahora no recibes nada, después vas a recibir un cheque sustancioso y vas a hacer conflicto porque quieres más? Eso es poco probable que ocurra, porque tu situación ha cambiado y estas mucho mejor. Además de mejorar la capacidad de gasto y el bienestar de la población en las zonas mineras, se requiere desde el gobierno central acompañar a los gobiernos locales en mejorar sustancialmente la infraestructura y los servicios públicos en estas zonas.
Además, van a repartir ingresos fiscales como el canon que son variables, ¿tienen en cuenta ello?
Esta es una medida que resuelve el problema de esa sensación que tiene la gente de que la minería no les beneficia en nada, sobre todo en las zonas de actividad minera. Entonces, en esta propuesta se le va a dar a las personas una transferencia, una vez al año, no pagos mensuales. Evidentemente, hay un trabajo que tiene que hacer el Gobierno explicando a la población que esto es variable, que puede aumentar si las cosas van bien, si se amplía la actividad minera; y que si los precios bajan y no hay actividad minera no habrá esa transferencia.
Se les va a ayudar a que formulen programas productivos, de negocios y que se capitalicen. No se busca que aumenten su gasto corriente. Hay un trabajo paralelo importante para evitar esos temores que tú y mucha gente comparten. Es un instrumento muy potente para generar dos cosas: aumentar la satisfacción de la población en zonas de actividad minera y destrabar proyectos mineros futuros.
Pero hay indicios de pereza fiscal. Si yo tengo este problema y me confío de esos ingresos, se la vas a poner verde al gobierno regional. El problema es complejo considerando la descentralización, una que necesita ajustes. ¿Cuáles serían?
Lo que necesitamos es trabajar de manera coordinada con los gobiernos regionales y locales, no ha habido una coordinación.
¿Pero no es también un problema político?
Por supuesto que es político.
¿Y cómo lo van a trabajar?
Pongamos programas de infraestructura, programas de inversión pública. Una red de carreteras funciona si todas las ciudades están integradas. Si tienes un hueco porque no están bien las carreteras, el impacto positivo se diluye. Hacer estos planes nacionales con participación de gobiernos regionales y municipios es esencial en tres grandes temas: vial, donde el gran problema son las vías departamentales por no hablar de las vecinales. El otro problema es la conectividad de Internet, prioridad uno en el gobierno de Fuerza Popular. Y el tercero es el tema de salud. En educación se van a avanzar las 3 mil escuelas, pero ese ya es plan del gobierno central. En estos tres campos, hay que concertar con los gobiernos regionales, el despliegue y cofinanciamiento de los grandes planes nacionales.
INVERSIÓN PRIVADA
¿Cómo hacemos para darle impulso a la inversión privada?
Son tres grandes instrumentos. Uno son estos programas de crédito a través de la capitalización de Cofide a fin de tener créditos de corto plazo para pequeñas y medianas empresas, pero también créditos de largo plazo, que permitan apoyar su internacionalización, innovación y digitalización. Esperamos con estos S/3.500 millones de capitalización a Cofide levante recursos por S/7.000 millones para canalizarlos mediante líneas de financiamiento en las instituciones financieras locales, bancos y cajas, con garantía del 50%. Es decir, un riesgo compartido entre Cofide y las instituciones financieras. Esta liquidez y garantía van a permitir ampliar los plazos y mejorar condiciones financieras.
Un segundo impulso es la reforma del Estado. Hay que trabajarla de manera transversal y también con cada uno de los sectores. Por eso, en el plan macro que tenemos, en el 2022 aún no vemos una recuperación importante de la inversión privada, recién la veremos a partir del 2023.
El tercer elemento clave son las APP. Tenemos S/60.000 millones paralizados en APP, desde Majes Siguas hasta la segunda pista del aeropuerto que está avanzando lentamente. Hay que revisar esos proyectos, ver cuál es el problema, dónde están las complicaciones y acelerar el ritmo de ejecución de estos proyectos.
En el primer instrumento tengo una duda. En el debate había mencionado también a Agrobanco y tanto Agrobanco como Cofide no están en la mejor situación. Cofide tiene una morosidad del 10% y Agrobanco del 87%, ¿por qué van a funcionar en entidades con problemas de gestión?
En el caso de Cofide, el problema, es que entró a operar como banco de primer piso [otorgó créditos de manera directa], pero tiene que mantener su rol de segundo piso. En su momento, la alta dirección tomó una mala decisión. En este caso, Cofide no dará créditos a pequeñas o medianas empresas, quien dará el crédito es la institución financiera. Cofide pondrá a disposición sus líneas, con la garantía correspondiente para compartir el riesgo. Pero quien hace el trabajo de selección de clientes de recuperación del crédito es la banca privada. Cofide mantiene su segundo piso.
El caso de Agrobanco es más complicado, tiene varios problemas por eso hay que capitalizarlo, hay que reestructurarlo, hay que tener mejores instrumentos. Tiene ejemplos de bancos dedicados al agro que funcionan extraordinariamente bien como el holandés o algunas instituciones mexicanas que he conocido muy bien de cerca. Y otras que funcionan mal como ha sido nuestro caso. Acá no hay que descubrir nada, ni inventar la pólvora, acá hay que copiar las buenas experiencias de otros países y eso pasa por reestructurar Agrobanco. Evidentemente nuestros agricultores necesitan financiamiento, por eso lo vamos a capitalizar.
Otra cosa que preocupa es la independencia del BCR, que ha sido clave para la estabilidad macroeconómica, ¿pueden garantizar que se mantendrá?
De todas maneras. Si hay algo con lo que Keiko Fujimori se ha comprometido es con la independencia y el fortalecimiento de todas las instituciones de supervisión y regulación. Ese es un compromiso público y ahí se incluye evidentemente al BCR.
¿Ratificarían a Julio Velarde?
No pasa por personas esto. Ahí lo importante es mantener la independencia del BCR, es un pilar fundamental de la estabilidad macro de los últimos 30 años.
¿Qué piensa de las propuestas económicas de Perú Libre?
Son francamente inconsistentes. Por un lado, no incentivan la inversión privada, todo lo contrario. Tanto por el lado del ideario del señor Vladimir Cerron, que lo presentaron como plan de gobierno, como del segundo documento que ya lo llaman plan de gobierno, se nota claramente un rol muy activo del Estado en la economía. Si no tienes inversión privada no vas a generar empleo de calidad a largo plazo. Con esas propuestas, la inversión privada no se va a recuperar en el país. Todo lo contrario.
Por otro lado, cerrar nuestra economía a las importaciones tiene un costo enorme sobre nuestra eficiencia y sobre nuestra capacidad de crecimiento. Y di algunos ejemplos en el debate, como en el caso del pollo. El 75% del maíz es importado, si tú cierras fronteras vas a tener que producir tu maíz aquí. La elasticidad de oferta es de 0,3, le pones una más alta de 0,5, te da que el precio del maíz crece 300%. ¿Cuál es el efecto en el precio del pollo? El pollo que te cuesta 8 soles por kilo, te va a costar 29 soles por kilo. El pan es más grave, porque el 90% del trigo es importado. Luego va a ocurrir lo mismo con el aceite y los fideos, y los principales alimentos de nuestra mesa popular.
Además, tienes que el resto de países nos va a cerrar sus fronteras. ¿Qué implica eso? En el sector textil, que es exportador, tienes 400 mil puestos de trabajo que se generan. ¿Cuál va a ser el impacto cuando nuestros productos no puedan entrar a los mercados como medida de reciprocidad por cerrar las fronteras? Hay más de 2 millones de puestos de trabajo que dependen de las exportaciones peruanas. Entonces, yo creo que el plan económico de Perú Libre nos lleva ineludiblemente por el camino de Venezuela. Y ese es un camino de caos económico y de miseria.
¿Cuáles son los resultados que esperarían al final de un eventual gobierno de Fuerza Popular en términos de empleo y pobreza?
En el plan está la creación de 3 millones de puestos de empleo. En primer lugar, 150 mil hectáreas nuevas de irrigación es muy factible y eso, entre empleos directos e indirectos, te genera cerca de un millón de puestos de trabajo. En segundo lugar, tenemos en nuestras vías departamentales 16 mil kilómetros que no están afirmados. Eso no solamente va a generar un impacto en el bienestar al reducir los tiempos de conectividad, sino que, según nuestros cálculos, pueden generar entre 200 mil y 500 mil puestos de trabajo.
Otro factor importantísimo son los programas de Mivivienda y Techo Propio. Ahí tenemos programado meter S/2.000 millones anuales. Esto puede generar, entre empleos directos e indirectos, 200 mil puestos de trabajo al año. Ahí tienes unos tres ejemplos de un incremento significativo en puestos de trabajo y no te estoy hablando del impacto de infraestructura. En inversión pública, esperamos meter para el otro año S/13.000 millones más en infraestructura.
Y de ahí en adelante crecer a un ritmo de 6%. La infraestructura pública es generadora de empleo, en el largo plazo, lo que te va a sostener la economía es la inversión privada. Con esta generación de empleo, la reducción de pobreza se acelera y nosotros esperamos el 2026 terminar con un ratio de pobreza entre el 15% y 18%, esto si se cumple crecer entre 8% y 10% el próximo año y después 6% en promedio.
