LA CONDUCCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA
En medio de la desaceleración económica actual surge la crítica sobre si estamos en piloto automático o no. En realidad, esta es una crítica que se ha hecho consistentemente a los últimos tres gobiernos. En líneas generales, lo que tenemos desde hace más de 20 años es una economía de mercado con instituciones fiscales y monetarias sólidas y un manejo prudente de las principales variables macroeconómicas (gasto público, tamaño de la deuda respecto a producción, inflación, entre otras). Si a esto se llama piloto automático, entonces no es un defecto sino una virtud, porque genera predictibilidad y reduce los riesgos macroeconómicos para los agentes privados. De hecho, es el principal activo distintivo de la economía peruana.
A los que les molesta la disciplina fiscal y reclaman una mayor participación del Estado en la economía, ciertamente, criticarán este “piloto automático”. Sin embargo, nuestra historia y la comparación actual con los vecinos nos enseñan que mantener reglas y ser prudentes es más beneficioso en el largo plazo que ser discrecionales y aumentar excesivamente el tamaño del Estado.
Ahora bien, si observamos la evolución de las políticas monetarias y fiscales se tienen cambios importantes en estos 20 años, lo que dista mucho de una actitud pasiva. En el caso de la política monetaria, el cambio institucional más importante fue la independencia del instituto emisor (Constitución de 1993) y el objetivo único de inflación (Ley Orgánica del BCR). En el campo operativo, en los noventa se tenía como objetivo el control de la cantidad de soles circulando en la economía, lo que permitió ir estabilizando los precios. Una vez que se llegó a una inflación estable de un solo dígito se pudo reducir la volatilidad de la tasa interbancaria en soles y luego se pasó a un esquema de metas explícitas de inflación (principios del 2000), con las tasas interbancarias en soles respondiendo a la tasa de política monetaria fijada por el Banco Central, generando mayor predictibilidad de los precios de los activos financieros en soles en el corto plazo.
En el lado fiscal, en los noventa se instaló el Comité de Caja, que tenía un manejo de muy corto plazo del gasto público, siendo el objetivo fundamental la estabilidad de las cuentas fiscales. La credibilidad se ganaba a través de acuerdos con el FMI, que garantizaba a los agentes privados que la situación fiscal era sostenible. A fines de los noventa, en medio de una gran crisis financiera internacional, se promulga la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal para institucionalizar el manejo responsable, con metas de déficit fiscal y crecimiento del gasto, haciéndose un esfuerzo enorme para realizar planeamiento fiscal a tres años. La ley nos sirvió para sobrellevar la crisis política del 2000 y sirvió de marco fiscal en el proceso de descentralización, evitando los errores que en su momento cometieron Brasil, Argentina y Colombia. En el gobierno del presidente Toledo se logró estabilizar el resultado fiscal, pero a costa de no aumentar la inversión pública; en el gobierno del presidente García, se limitó el crecimiento del gasto corriente y se permitió que la inversión pública creciera, pero sin que el déficit sea superior al 1% del PBI. Esa combinación permitió soportar las presiones por aumento del gasto corriente, reducir significativamente la deuda respecto al PBI y que la inversión pública sobre PBI pase de 2,8% en el 2005 a 6% en el 2010.
Con la estabilidad de las cuentas fiscales se logró un importante desarrollo del mercado de deuda pública en soles, generando una curva de rendimiento de largo plazo, herramienta fundamental para el desarrollo de las hipotecas en soles a largo plazo. El proceso de desdolarización de la economía peruana se explica por una actuación coordinada entre el MEF y el BCR en estabilizar las tasas de interés de corto plazo y crear la curva de largo plazo, una vez que la credibilidad en el manejo monetario y fiscal fuera ganada debido a la institucionalidad y prudencia en el manejo.
En el actual gobierno, si bien se ha mantenido el marco de actuación general de la política fiscal y monetaria, vemos un retroceso significativo en las mejoras estructurales de la política fiscal y de las condiciones de competitividad de la economía. Recién después de tres años, se ha retomado el tema de las concesiones (¿por qué esperaron tanto?); la reforma tributaria retrocedió en facilitación y avanzó en discrecionalidad; el gasto de inversión pública debería ser bastante más predecible y ambicioso dado el nivel de deuda que tenemos y la creciente brecha de infraestructura; se pierde tiempo considerando inversiones públicas absurdas (la frustrada compra de Repsol y la inminente modernización de Talara, que terminará haciéndose con dinero de todos los peruanos); el gasoducto del sur era un proyecto privado que lo iban a pagar los privados, ahora termina siendo un proyecto público que lo pagaremos todos (¿por qué?); y, finalmente, se anuncia que hemos logrado un avance de 88% en el plan de competitividad, pero seguimos cayendo en los ránkings internacionales y el exceso de regulación asfixia a las empresas y terminan postergando, demorando o cancelando sus inversiones. ¡Una lástima que no estemos en piloto automático!
