Por: José Luis Gil
Perú21, 8 de Julio del 2022
“Por eso corresponde la desactivación de las RRCC y no alentarlas de manera vil como lo hace el inefable primer ministro Aníbal Torres, quien ha demostrado una vez más su odio visceral por la Policía Nacional pretendiendo menospreciar su trabajo respecto de aquellas”.
El secuestro del periodista Eduardo Quispe y su equipo de Cuarto Poder de América TV por parte de las Rondas Campesinas (RRCC), afines al presidente Pedro Castillo, plantea un problema que nadie quiere abordar por temor, ignorancia o desinterés: su desactivación. El acto criminal ejecutado es un concurso real de delitos contra la libertad individual con secuestro y extorsión que pone en riesgo a la población. Nada debe pretender justificar estos hechos porque sería ir contra la Constitución y las leyes (Código Penal).
Las RRCC fueron creadas invocando erróneamente el llamado derecho consuetudinario y del Convenio 169 de la OIT. Este convenio trata solo sobre derechos de los pueblos indígenas con sus dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Las RRCC, entonces, no pertenecen al concepto indígena, ni tribal, ni cultural, sino son un instrumento para defender su patrimonio laboral, cuya actividad represiva que desbordaba a la Policía los obligó a buscar formas ingeniosas para combatir actos delictivos, como abigeato, entre otras, creando las rondas nocturnas que luego derivaron en RRCC y urbanas, pero esa etapa ya concluyó. Esa es la verdad.
Luego hemos visto una evolución de sus capacidades “coercitivas” a manera de “costumbres”, que no eran sino castigar delincuentes, azotar infieles, resolver deudas, corregir hijos malcriados y hasta utilizarlos en conflictos sociales, como lo hizo Gregorio Santos, quien los organizó para utilizarlos como fuerza de choque contra Conga. La gran cantidad de hechos de violencia injustificada y desbordante ha sido advertida y denunciada tanto por la Fiscalía como por la Defensoría del Pueblo, cuando se dieron casos como asesinatos de ‘brujas’ o ‘prostitutas’, o azotes hasta la muerte de personas, trasgrediendo la justicia ordinaria. Esperamos que la dictadura del látigo, el machete, el azote y ahora del secuestro en la zona rural, alentados por el actual gobernante, terminen para siempre.
Por eso corresponde la desactivación de las RRCC y no alentarlas de manera vil como lo hace el inefable primer ministro Aníbal Torres, quien ha demostrado una vez más su odio visceral por la Policía Nacional pretendiendo menospreciar su trabajo respecto de aquellas. Las RRCC deben ser transformadas paulatinamente en Comités de Seguridad Ciudadana de pertenencia exclusiva de la PNP. Esa es la tarea ahora. No hay que permitir que sean utilizadas por los terroristas y radicales detrás del poder, y que no se conviertan en ‘ronderos luminosos’ con el pasar del tiempo en perjuicio de todos los peruanos.