Por: Jorge Peschiera
Expreso, 20 de abril de 2021
Muchas veces se ha repetido que el gobierno de Alberto Fujimori fue “el más corrupto de la historia”. Esa acusación carece de sustento. Los índices del Transparency International que se muestran más adelante califican mejor al gobierno de Fujimori que a todos los gobiernos posteriores. Desafortunadamente, debido a que el Perú recién fue incluido por Transparency International en el año 1998, esos índices no muestran la reducción de la corrupción que logró Fujimori en sus primeros años de gobierno.
Fujimori encontró en el año 1990 un país fragmentado y semidestruido por el terrorismo, con la más alta inflación del mundo, con un enorme déficit fiscal y sin acceso al crédito. Además, las empresas estatales y las regulaciones del gobierno generaban grandes oportunidades de corrupción.
Por ejemplo, a fines de los años 80 una licencia de importación permitía adquirir dólares oficiales, llamados dólares MUC, a un precio que llegó a ser hasta una sexta parte del precio del dólar del mercado libre. En esas condiciones se podía importar productos a un precio de 100 y revenderlos a un precio de 600. Imagínense la oportunidad de coima que se le presentaba a los funcionarios, no solo para fomentar alguna especulación, sino también para extorsionar a empresarios que honestamente requerían insumos para su producción. De otro lado, el Estado fijaba el precio de los principales productos de consumo, generando distorsiones inmensas, como que, en un mismo momento, el precio de un camión Volvo fuera igual al de un auto Toyota. Todo esto generaba jugosas oportunidades de corrupción debido a que las regulaciones otorgaban a los funcionarios discrecionalidad para aprobar o negar licencias de importación o aumentos de precios.
Otra fuente de corrupción eran las empresas públicas, que se utilizaban para generar empleos innecesarios para numerosos miembros de los partidos de gobierno. Además, su ineficiente manejo les impedía proporcionar los productos y servicios necesarios para la población y, para remate, estos eran de mala calidad. Más aún, estas empresas generaban enormes pérdidas que debían ser cubiertas por el Estado, originándose así cuantiosos déficits fiscales que dieron lugar a la hiperinflación de los años 80.
La frase “lucha anticorrupción” trae a la mente persecución y castigo. Sin embargo, la historia se repite y esa lucha no tiene cuando acabar. Ya en el siglo dieciocho Montesquieu afirmaba: “Es una experiencia eterna que todo hombre revestido de poder siente una inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites”. Por ese motivo, la mejor forma de luchar contra la corrupción en el Estado es minimizando las oportunidades que la engendran, limitando el poder de los funcionarios.
Durante los primeros años del gobierno de Fujimori, se eliminaron controles de precios y prohibiciones de importación, se liberó la compra y venta de divisas y se redujo a la mitad el tamaño del Estado. El Estado decidió concentrarse en actividades que el Sector Privado no pudiera realizar. Para ello, llevó a cabo un amplio programa de privatizaciones que, aparte de generar recursos para el Estado, permitió atraer importantes inversiones que mejoraron los servicios públicos y aumentaron la producción. Este programa eliminó de raíz la corrupción generalizada en las empresas del Estado, que representaban un porcentaje significativo de la economía del país. Por todas las medidas que adoptó desde 1990, se puede afirmar que no ha habido ningún otro gobierno que haya reducido las oportunidades de corrupción en el Perú, como en los primeros años del gobierno de Fujimori.
Una importante herramienta en la lucha contra la corrupción es la transparencia en la administración pública. Un buen ejemplo de transparencia en el Estado es el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), que empezó operar en 1998 como una herramienta donde se registran TODOS los gastos del Gobierno Central, desde la fase de compromiso hasta el pago, incluyendo la identidad y RUC del proveedor. El sistema permite el acceso vía internet del público en general, lo cual genera gran transparencia sobre la gestión financiera de las Unidades Ejecutoras del Estado. Desde 1998, primer año de funcionamiento del SIAF, el cruce de las facturas de los proveedores con la base de datos de la Sunat permitió reducir drásticamente el uso de facturas falsas en las transacciones con el Estado.
Otra herramienta en la lucha contra la corrupción es el diseño de las instituciones y su funcionamiento. El mejor ejemplo es el Fondo MiVivienda (FM), creado en 1998, que pudo haber funcionado obligando que los proyectos de vivienda pasaran por la aprobación de una burocracia estatal, generando así oportunidades de corrupción. Sin embargo, después de un profundo análisis y coordinación con diferentes sectores, se reglamentó que el otorgamiento de créditos con recursos del FM estuviera a cargo de las Instituciones Financieras del país, con riesgo compartido con el FM y cumpliendo criterios simples y claros, sin oportunidades de corrupción para los funcionarios del FM. Este diseño continúa operando exitosamente, con leves variaciones, hasta la fecha y el aporte inicial de aproximadamente 500 millones de dólares que el FM recibió en 1999 le permitió contar con recursos suficientes para financiar la construcción de miles de viviendas, durante más de dos décadas.
En los gobiernos que siguieron a Fujimori se fueron añadiendo regulaciones que han traído consigo cada vez más burocracia, más ineficiencia y mayores oportunidades de corrupción. Las compras sin licitación pública o mediante concursos amañados, con la excusa de alguna emergencia u otros motivos, se volvieron cada vez más frecuentes. De otro lado, el SIAF no se hizo extensivo con la suficiente celeridad a los gobiernos regionales y locales, lo que hubiera contribuido a evitar los escandalosos casos de corrupción que se han dado en esos niveles de gobierno. Consecuentemente, la corrupción en el país ha venido creciendo.
Desde 1995 Transparency International publica un ranking que ahora incluye 180 países. Desde 1998, cuando el Perú fue incluido, nuestro país ha venido cayendo en ese ranking, evidenciando cada vez menor transparencia y un mayor índice de corrupción. Como se aprecia en los gráficos el Perú cayó del puesto 41 en 1998 al puesto 94 en el 2020 y su puntaje de calificación logró los niveles más altos en los años finales del gobierno de Fujimori y ha venido bajando desde entonces.
Debido a que no han sido debidamente estudiados y difundidos, tanto el fracaso del modelo estatista en el Perú como los logros del gobierno de Fujimori para reemplazarlo por una economía social de mercado, estamos enfrentando ahora un movimiento político que pretende regresar a ese fracasado modelo estatista, que inevitablemente traería consigo mayor atraso y corrupción.
Viendo estos elementos y desmentido el mito de los 6,000 millones desaparecidos, no es correcto ni justo insistir que el gobierno de Alberto Fujimori fue el más corrupto de la historia del Perú, cuando en realidad fue el gobierno que más contribuyó a reducir la corrupción en el país. La difusión de esta información es necesaria para que el país conozca esa realidad y se reconcilie con su pasado. Las herramientas usadas en esos años para reducir la corrupción deben servir de ejemplo para continuar la lucha por un país mejor.
