Desnudado las propuestas electorales
Los candidatos de izquierda repiten incesantemente que las empresas mineras “se llevan toda nuestra riqueza”. La noción de país rico está fuertemente enraizada en la mente de los peruanos, alimentada por la cornucopia del escudo nacional y la frase “mendigo sentado en un banco de oro”. Por supuesto, muchos se preguntan, ¿si el país es rico y yo no los soy, quien se llevó mi parte? El candidato de Perú Libre explota esa noción, concluyendo sus discursos con la frase “no más pobres en un país rico”. Lo dice como si, por arte de magia, se pudiera hacer efectivo el valor de todos los recursos naturales del Perú y distribuirlos entre la población.
Sin embargo, la realidad es otra:
- Sin las empresas mineras no se puede realizar el valor de los recursos que de otro modo quedarían enterrados sin beneficiar al país;
- Cuesta mucho dinero y conocimientos realizar el valor de las reservas mineras; y
- La mayor parte del valor de las exportaciones mineras se queda en el Perú.
La información financiera de las principales mineras es de dominio público. A manera de ejemplo veamos el caso de una de las empresas emblemáticas del país, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Para evitar distorsiones que pudieran deberse a la pandemia, analicemos los estados financieros auditados (EEFF) más recientes, previos a la pandemia. En la página 9 de los EEFF al 31 de diciembre de 2019 se encuentra el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo que muestra las sumas de dinero que la empresa recibió y la forma cómo dicho dinero se empleó, para cada uno de los años 2017, 2018 y 2019.
El siguiente cuadro muestra una visión global, presentando las cifras acumuladas en los tres años y simplificando las categorías, para hacerlo más fácil de entender.
Como se ve, la mayor parte del efectivo recibido por la empresa en los tres años indicados se usó para hacer posible su operación. El 65.2% se destinó para pagar a proveedores y terceros y el 12.3% a los trabajadores de la empresa. En esos tres años, el saldo de efectivo resultante después de cubrir los pagos requeridos para la operación de la empresa fue el 16.6 % del total ingresos de efectivo. Ese dinero se destinó en su mayor parte (9.9% de los ingresos de efectivo) a actividades de inversión: adquisición de concesiones mineras, costos de desarrollo y propiedad, planta y equipo. Dichas inversiones son indispensables para que la producción se mantenga, debido a que los recursos mineros no son renovables. Sin esas inversiones la empresa iría paulatinamente reduciendo su producción hasta extinguir sus reservas mineras.
Los accionistas de la empresa recibieron dividendos que representaron solamente el 2.3% de los ingresos de efectivo de la empresa, una cantidad menor al 3.6% que el Estado recibió a través de los impuestos. En otras palabras, sin haber invertido un solo centavo, el Estado recibió 57% más dinero que los propios accionistas.
El saldo, equivalente a 3.5% de los ingresos de efectivo, se mantuvo en la empresa, sumándose a las reservas de efectivo que los accionistas y la administración de la empresa consideraron prudente mantener. Ciertamente, esa reserva debe haber sido muy útil en el 2020, para permitirle a la empresa enfrentar los efectos de la pandemia.
El candidato de Perú Libre ofrece estatizar las empresas mineras, sembrando entre los electores la falsa expectativa de que los sacará de la pobreza repartiendo la “riqueza minera”. Sin embargo, si el Estado decidiera estatizar empresas como la del ejemplo, solamente recibiría la pequeña porción del valor de la producción minera, en este caso el 2.3%, que puede ser distribuida entre los accionistas. Esos ingresos no serían significativos como parte del gasto del Estado. En el caso del ejemplo, a pesar de tratarse de una de las principales empresas mineras del Perú, el monto promedio anual de dividendos en los tres años mencionados fue 29 millones de dólares, cifra ínfima comparada con el presupuesto de la República del Perú cuyo monto anual es del orden de los 50,000 millones de dólares. Si esos dividendos se distribuyeran entre todos los peruanos cada uno recibiría menos de un dólar.
Más aún, para estatizar las empresas el gobierno tendría que pagar el valor de mercado a sus accionistas, entre los que se encuentran millones de pensionistas peruanos a través de las AFPs. En el caso del ejemplo, el Estado necesitaría destinar alrededor de 2,700 millones de dólares para hacerse propietario de la empresa, cifra que representa más del 5% del presupuesto de la República, dejando de utilizar esos recursos para atender necesidades apremiantes de la población.
La experiencia peruana con empresas estatizadas fue que los gobiernos las utilizaron para dar empleo a sus partidarios o allegados, con escasos conocimientos y experiencia, quienes cobraron jugosos sueldos y las manejaron muy mal, buscando extraer de ellas la mayor cantidad de dinero posible, conduciéndolas al fracaso. Eso mismo ocurrió en las cooperativas creadas en la reforma agraria, donde cada directiva buscaba llenarse los bolsillos en el corto período en que les tocaba administrarlas.
En conclusión, es falso afirmar que “las empresas mineras se llevan las riquezas del Perú”. La producción minera es costosa. La mayor parte del valor de las exportaciones mineras sirve para pagar remuneraciones de trabajadores y para comprar bienes y servicios nacionales requeridos para la producción. Los accionistas de las empresas mineras reciben una fracción del valor de las exportaciones. Una eventual estatización de empresas mineras generaría escasos excedentes que no compensarían el precio que el Estado tendría que pagar para adquirirlas. Además, las empresas estatizadas se convertirían en focos de ineficiencia y corrupción como ha ocurrido en el pasado. Más le conviene al país que el Estado facilite la explotación de nuevos yacimientos mineros, a fin de dinamizar la economía con los flujos de dinero que las empresas mineras trasladan a sus proveedores y trabajadores, aparte de la recaudación tributaria, que representa, en muchos casos un monto mayor al que reciben los propios accionistas de dichas empresas.
Por Jorge Peschiera Cassinelli
Expreso, 4 de mayo de 2021
