Ismael Benavides
Expreso, 6 de diciembre del 2024
Los antiguos agricultores Iqueños tenía un dicho sabio cuando se trataba de domar un potro chúcaro o hacer un fundo en el arenal eriazo: “chacra y potro que lo haga otro”. Efectivamente, antes del advenimiento del agua de pozos profundos y el riego por goteo, era casi imposible hacer un fundo en el desierto. Hoy todo eso ha cambiado con la tecnología, el riego por goteo, y el desarrollo de variedades de frutas resistentes a sequías y las arenas y salitre de nuestros desiertos.
Hoy la agricultura moderna de exportación se ha desarrollado en los arenales de Ica y Villacuri, de Chavimochic, Chepén, Olmos y Piura, donde no había nada, solo desierto y vientos. La osadía de empresarios peruanos que promovieron irrigaciones y perforaron pozos para llevar agua a donde no la había y usarla eficientemente para producir, junto con pequeños agricultores, desde uva, espárragos, arándanos, paltas, mandarinas y decenas de productos más, incluyendo pitajaya, maca, kion, y 220 productos agrícolas más que exportan 5,000 empresas, la mayoría pequeñas, por más de US$ 11,000 millones anuales al mundo y crean 1 millón de empleos formales.
En todos los países del mundo la agricultura es promovida y hasta subsidiada, por seguridad alimentaria o por generación de empleo y divisas. Con solitarias excepciones, el estado peruano siempre ha castigado al agro. Además de expropiarlo, por décadas favoreció al producto importado subsidiando el maíz, trigo y soya en contra del agricultor peruano. Llevó a la casi desaparición del algodón peruano impidiendo a los agricultores usar semillas genéticamente modificadas para competir con China, India y Pakistán. Hoy importamos todos esos productos en enormes cantidades. El pequeño agricultor carga con IGV y otros costos que no puede deducir y difícil acceso a los mercados, y al agricultor formal además lo cargan con costos burocráticos y laborales superiores a cualquier otra actividad y derogaron de un plumazo en el 2020 la Ley de Promoción Agraria, vigente desde el 2000, que permitía un horizonte a largo plazo para inversiones de largo aliento. Como resultado se paralizó la inversión en el agro formal perdiéndose 73,000 puestos de trabajo mensuales y más de 30,000 hectáreas (10% del total) abandonadas. Lo que hoy se produce es la siembra del pasado o cambios de variedades.
El pasado 20 de noviembre la Comisión Agraria del Congreso aprobó con 13 votos a favor y 3 en contra, una nueva ley agraria integral, con apoyos concretos a la agricultura familiar y pequeña agricultura y restituye los incentivos a la agricultura formal. A los consabidos votos de la izquierda anti-progreso, se suman economistas de izquierda, secundados por burócratas medianos del MEF, argumentando con cifras sacadas del aire, de una supuesta pérdida de recaudación de S/ 1,850 millones por los mencionados incentivos. Aducen teóricamente que, por esos incentivos, la inversión no va donde crea más valor, sino donde hay beneficios tributarios, lo que es falso en el caso de la agricultura peruana, pues convertir un pedazo de desierto en tierra productiva tiene una creación de valor infinita. Otro argumento teórico es que los incentivos reducen el precio del capital vs el precio del trabajo, falso, el uso de mano de obra en la agricultura de frutas y legumbres es inelástico porque sus principales tareas son obligatoriamente manuales. Aún no hay máquinas que puedan cosechar arándano, café o uva. Finalmente, el otro argumento de los teóricos de escritorio es que, al reducirse el impuesto a la renta, el inversionista puede contentarse con una rentabilidad bruta mucho menor, otra falacia en una actividad que depende de precios altamente volátiles en los mercados internacionales, que es lo que al final determina la utilidad bruta del agricultor. Lo que buscan estos “sabios” hoy es detener el progreso y la posibilidad de duplicar el área agrícola de exportaciones y el empleo y bienestar que trae con ello.
Nuestros grandes ministros de economía, Pedro Beltrán, un propulsor del campo y Carlos Boloña que firmó la Ley de Promoción Agraria en el 2020, estarían orgullosos de sus resultados, Ica con un PBI per cápita de US$ 11,570, 50% más que el PBI nacional, pleno empleo y 5% de pobreza y un ecosistema económico que solo en Ica tributa más de S/ 3,000 millones anuales, que sin agricultura no existiría. Esta en manos del Congreso aprobar la ley que relanza la agricultura Peruana.