Por: Hugo Perea
El Comercio, 17 de mayo del 2024
“Tenemos que dar un golpe de timón y relanzar las políticas públicas y reformas que generaron un entorno propicio para el crecimiento económico, lo que contribuyó a mejorar las condiciones de vida de millones de ciudadanos”, escrIbe el economista jefe de BBVA Research.
La semana pasada, el INEI dio a conocer las cifras de pobreza para 2023. En los últimos días se ha escrito mucho al respecto, resaltando lo decepcionante que ha sido verificar el lamentable retroceso en este indicador. Y no falta razón para ello.
En 2023, el número de peruanos considerados pobres, según la medición del INEI, fue de 9,8 millones (29,0% de la población), un aumento de casi 600 mil personas con respecto al año 2022. Con relación a 2019, el año previo a la pandemia, el número de personas en situación de pobreza se elevó en 3,3 millones. Más lamentable aún, por sus implicancias más severas sobre las personas, es el número de los pobres extremos que en 2023 fue de 1,9 millones de compatriotas, 249 mil personas adicionales en esta condición con respecto al año previo y casi 1 millón más con respecto a 2019. Para ponerlo más claro: una persona en situación de pobreza extrema es alguien cuyo gasto no cubre una canasta mínima de alimentos; es decir, todos los días pasa hambre. Esta es una situación muy grave e inaceptable.
La evolución negativa de las cifras de pobreza cuestiona, severamente, la calidad de las políticas públicas de los últimos años. Efectivamente, lo que hemos presenciado, desde hace poco más de una década, es la implementación de medidas que han ido destruyendo, socavando, de manera gradual pero sostenida, el antídoto contra la pobreza: el crecimiento de nuestra economía.
Este proceso de deterioro se ha acentuado aún más con la exacerbación de la inestabilidad política y la mayor debilidad institucional desde 2016, así como por un populismo rampante en lo económico.
Algunos ejemplos: el incremento de la “tramitología” para realizar algún emprendimiento (hace poco, el ex Ministro de Economía, Alfredo Thorne nos recordaba que “en 20 años, los procesos administrativos que enfrenta un proyecto minero han pasado de 12 a 265″), retrocesos en reformas orientadas para lograr una educación pública de mayor calidad (reincorporación a la carrera magisterial de profesores que no han aprobado exámenes de conocimientos y debilitamiento de la entidad que monitorea la oferta de las universidades, aspectos que afectarán la calidad del capital humano), mayor rigidez laboral (lo que induce una mayor informalidad laboral), etc.
La evidencia internacional es contundente con respecto al impacto positivo que tiene el crecimiento en términos de reducción de la pobreza y mejora del bienestar social. En el caso de Perú, resulta sugerente observar que entre 2004 y 2019, la economía creció a un promedio anual de 5,2%, en tanto que, en ese mismo periodo, 9,6 millones peruanos superaron la línea de pobreza.
Tenemos que dar un golpe de timón y relanzar las políticas públicas y reformas que generaron un entorno propicio para el crecimiento económico, lo que contribuyó a mejorar las condiciones de vida de millones de ciudadanos. Los 1,9 millones de peruanos que actualmente están en pobreza extrema muestran que no hay tiempo que perder.