Por: Gianfranco Castagnola, Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría
El Comercio, 5 de abril de 2019
La aprobación del presidente Martín Vizcarra cayó a 44% en marzo, 12 puntos menos que en febrero, según la última encuesta del IEP publicada el 31. Entre quienes lo desaprueban, el 29% lo hace, entre otras razones, porque “no está mejorando la economía”. Es la segunda categoría, luego del combate a la delincuencia, donde sale peor evaluado. El Gabinete liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, enfrenta un gran reto: por un lado, debe perseverar en impulsar las reformas institucionales, que han sido el principal eje del gobierno desde julio pasado; pero, simultáneamente, debe promover una agenda que nos permita retomar un crecimiento robusto, capaz de dinamizar la generación de empleo, generar recursos para el fisco y, sobre todo, transmitir la sensación de progreso a la población.
El gobierno del presidente Vizcarra tomó la iniciativa política de proponer al Congreso un paquete de reformas del sistema judicial en julio del año pasado y, posteriormente, encargó a un grupo de prestigiosos politólogos el diseño de un plan de reformas del sistema político, que esperamos que, enriquecido por el debate que debiera propiciar, sea aprobado e implementado para el siguiente ciclo electoral. También ha puesto en marcha la operación Mercurio en La Pampa, Madre de Dios, con la finalidad de erradicar la minería ilegal, causante de la deforestación de más de 95 mil hectáreas. Esta operación no solo constituye un esfuerzo por imponer el principio de autoridad, sino sobre todo por llevar la presencia del Estado a la tierra de nadie. Si esta operación es exitosa y, sobre todo, permanente, será un legado del actual gobierno.
En materia económica, sin embargo, aún no se percibe una agenda reformista ni decisiones valientes e icónicas como la operación Mercurio. En diciembre pasado el presidente Vizcarra anunció que, en un período no mayor a tres meses, tendría listo el Plan Nacional de Competitividad, sobre la base de la Política Nacional de Competitividad y Productividad presentada en CADE. No se conoce el nivel de avance de ese plan. Y las declaraciones de autoridades respecto de una posible reforma laboral se han ido esfumando con el paso de las semanas.
También está pendiente la agenda contra la informalidad. Es un fenómeno complejo, donde conviven microempresas familiares de subsistencia con otras que sí tienen potencial empresarial, que requiere ser atacado por muchos frentes –desregulación y simplificación de trámites, acceso a tecnología y conocimiento de mercados, además de, cómo no, una fiscalización más eficaz–.
No se percibe una convicción por facilitar el avance en los proyectos de infraestructura, tan importantes para mejorar la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando por razones profesionales toca conversar con funcionarios de empresas concesionarias en etapa de construcción, una frase se suele repetir: “¡No sé qué hacer!”. La disfuncionalidad de nuestro Estado y el temor de los funcionarios a tomar decisiones debido al entorno de desconfianza que se ha instaurado en nuestra sociedad y a los excesos de los órganos de control han generado un inmovilismo extremo. Resulta ocioso recordar la lentitud con la que avanza la línea 2 del metro de Lima, que recién estará culminada en el 2024, 10 años después de iniciada, o la parálisis de proyectos de gran impacto productivo como Majes Siguas II y Chavimochic III.
Finalmente, no se han planteado reformas dirigidas a mejorar el funcionamiento de ese Estado paquidérmico ni se aprecia una vocación por poner en la mesa reformas o proyectos que tengan un mínimo de atrevimiento. Pro Inversión tiene en su cartera la concesión de nuevos hospitales en Chimbote y Piura pero, lejos de replicar las muy exitosas experiencias de los del Callao y Villa María del Triunfo, que incluyen la provisión del servicio médico (“bata blanca”), se retrocede al modelo de “bata gris”, que excluye la gestión clínica. Tampoco se pone en debate la concesión de las muy ineficientes Sedapal y empresas de saneamiento de provincias. Pareciera que todas estas instituciones estuvieran capturadas por sus sindicatos, pues velan más por los intereses de estos que los de sus usuarios.
En un artículo pasado recordábamos cómo un gobierno muy débil como el del presidente Toledo fue capaz de eliminar el régimen de la cédula viva y negociar un tratado de libre comercio con EE.UU. Y el alcalde de La Victoria, George Forsyth, nos ha mostrado que sí es posible acometer tareas complejas cuando existe la voluntad de hacerlo y se planifica con seriedad. El gobierno cuenta con un liderazgo renovado en la presidencia del Consejo de Ministros y un ministro de Economía y Finanzas competente. Ojalá decida arriesgar para retomar la senda de un crecimiento que genere empleo y reduzca pobreza, en vez de continuar con el piloto automático y resignarnos a presenciar el letargo de nuestra economía.
Nota del autor: Este artículo fue escrito antes de la presentación del presidente del Consejo de Ministros en el Congreso. Anhelo que su presentación y la del Gabinete mejoren la confianza en la solución de algunas de las inquietudes planteadas.
