El Comercio, 8 de enero de 2017
Hace cuatro meses sustenté el pedido de facultades legislativas. El presidente Pedro Pablo Kuczynski le pidió al Gabinete actuar con sentido de urgencia, pues no había tiempo que perder. Ayer sábado venció el plazo para emitir decretos legislativos (D.Leg.) en cinco materias. En total son 112 normas que nos permitirán avanzar en los siguientes objetivos:
Agua. Entre el 2009 y el 2014 el Gobierno Central transfirió S/18.000 millones a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS). A pesar de ello, la calidad de los servicios no mejoró debido a la mala gestión de dichas entidades. De las 50 que existen, 48 están a cargo de municipalidades. Por ese motivo, además de crear un fondo por S/2.000 millones para cerrar la brecha de infraestructura, el D.Leg. 1280 fortalece la autonomía y promueve la gestión eficiente de las EPS. Para ello, se está redefiniendo la estructura de las juntas de accionistas y de los directorios; se están ampliando las facultades del regulador (Sunass) para que regule el servicio en pequeñas ciudades, en el ámbito rural, en el área técnica municipal y en las organizaciones comunales. Asimismo, se crean los mecanismos para la integración de las EPS, para que cuenten con una demanda mínima que las haga viables. El Ministerio de Vivienda implementará 24 oficinas desconcentradas para brindar apoyo en planificación y formulación de estudios y en ejecución de proyectos. Y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) fortalecerá su rol de asistencia técnica para todas las EPS del país. Con estas medidas, el gobierno avanzará hacia su objetivo de que en el 2021 el 100% de peruanos cuente con servicio de agua potable y alcantarillado las 24 horas.
Economía. Es la primera vez que desde el MEF se diseña una reforma para la clase media y el pequeño emprendedor. Los D.Leg. han tenido tres objetivos principales: reducir el costo de cumplimiento tributario para las mypes; incentivar su crecimiento a través de un sistema tributario acorde con su realidad; y crear incentivos para que más personas y empresas se integren a la economía formal y moderna. Para ello, entre otras medidas, se crea un régimen especial mype, se establece un régimen especial de fraccionamiento, se modifica el Código Tributario y se crea el régimen especial de recuperación anticipada del IGV para promover la adquisición de bienes de capital en las mypes.
También se han dado normas para que más personas y empresas formalicen sus transacciones. El D.Leg. 1258 modifica la Ley del Impuesto a la Renta con la finalidad de que se puedan deducir los gastos de vivienda (alquiler e intereses de créditos hipotecarios), honorarios médicos y odontológicos y servicios profesionales. Y el D.Leg. 1264 establece un régimen temporal para la declaración, repatriación e inversión de rentas extranjeras no declaradas (10% de IR si se opta por declarar y 7% si se opta por traerlos al Perú).
De otro lado, hay un conjunto de medidas destinadas a redinamizar la inversión privada. Se amplían los sectores para obras por impuestos (pesca, electrificación rural y protección social) y se elimina el límite máximo de 15 mil UIT para el uso de este mecanismo. También se reforma la legislación de asociaciones público-privadas y la estructura de Proinversión, con la finalidad de optimizar los procesos de promoción de los grandes proyectos de infraestructura. Finalmente, se crea el sistema Invierte.pe en reemplazo del SNIP. Los gobiernos locales y regionales podrán formular, aprobar e iniciar la ejecución de proyectos en menos tiempo y con menos trámites.
Con todo ello, nuestra meta es que la inversión privada y pública vuelva a crecer como no lo hace desde hace tres años. Apuntamos a una tasa de 5%.
Lucha contra la corrupción. El Caso Odebrecht ha comenzado a visibilizar la magnitud que ha alcanzado el problema de la corrupción en nuestro país. El conjunto de D.Leg. aprobados en esta materia son de particular importancia y están enfocados en tres ámbitos: prevención, persecución y sanción y reinserción. La primera es la más poderosa. Por ello, se han realizado 40 modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado. A partir de ahora, las empresas, sus accionistas o vinculadas, no volverán a contratar con el Estado cuando haya una condena o cuando exista reconocimiento de actos de corrupción. También se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Respecto a la sanción, se ha reforzado la autonomía de la Procuraduría General del Estado para que ningún gobierno interfiera en su labor. También se aprobó la muerte civil, para que ningún funcionario corrupto vuelva a trabajar en el Estado. Y se aprobó la ley que establece la responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en actos de corrupción, que ayudará a que puedan ser sancionables casos como los de Odebrecht. Asimismo, se fortalece la cultura de la denuncia y se crea una mayor protección para el denunciante. Sobre sanción y reinserción, declaramos en emergencia el sistema penitenciario (sin cárceles seguras no hay calles seguras); se crea la carrera penitenciaria, se aprueba la aplicación de los grilletes electrónicos y se establece un plan para recuperar a los ciudadanos y dejar en la cárcel a los delincuentes.
Seguridad ciudadana. La estrategia en su conjunto tiene dos ejes importantes: recuperar la confianza de la sociedad en la policía y reducir las víctimas de robo de 14,8% a 10,5% al 2018. Además del programa nacional de recompensas, los megaoperativos, el programa Barrio Seguro y las estrategias de prevención, los D.Leg. fortalecen la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas; incrementan las penas para estos delitos y prohíben los beneficios penitenciarios para sicarios. También se crean herramientas efectivas para la lucha contra la corrupción en el sector Interior, como la obligación de los oficiales y suboficiales de la policía a presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas; y se establece el nuevo reglamento disciplinario de la policía, que busca simplificar, acelerar y hacer más justas las investigaciones, sanciones y absoluciones. También se prohíbe el uso de teléfonos celulares que hayan sido declarados robados. Todo ello sumará a la presencia de 10.000 policías más en las calles.
Simplificación. Hemos declarado el 2017 como el Año del Buen Servicio al Ciudadano, pues es uno de nuestros objetivos prioritarios. Un primer grupo de medidas aprobadas incorpora al ordenamiento jurídico disposiciones dirigidas a que el Estado ingrese de lleno a la era digital; a simplificar, optimizar, automatizar o eliminar trámites inútiles; y a reducir costos de tramitación.
Un segundo grupo está orientado a consolidar e institucionalizar una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos y empresas, a través de un marco normativo que asegure la racionalidad de los trámites y sus costos, y que ponga a disposición de los ciudadanos mejores instrumentos para enfrentar la imposición de barreras burocráticas por parte de funcionarios y entidades resistentes al cambio. Para ello, se ha dotado de “dientes” la competencia de Indecopi en materia de eliminación de trabas, se ha modificado el marco general que regula el comportamiento de la administración pública frente a los administrados y se ha establecido un sistema para que sea obligatoria la revisión periódica y exhaustiva de todas las normas vigentes del Poder Ejecutivo que imponen cargas burocráticas.
Estos son, en términos generales, los objetivos y algunas metas que buscamos con los 112 decretos. En los próximos días estaremos dando mayores detalles. Son leyes que, estamos seguros, nos permitirán avanzar en la construcción de un país más justo, más próspero y moderno.
