Por: Federico Salazar, Periodista
El Comercio, 27 de enero de 2019
Hace dos semanas los vecinos de la urbanización Los Jardines, en San Juan de Lurigancho, amanecieron inundados de desagüe. Cuatro manzanas de viviendas y negocios, casi dos mil personas afectadas.
Una tubería había colapsado. El propio presidente de la República llegó al lugar, así como cinco ministros, el jefe del Indeci, varios viceministros y muchos funcionarios de Sedapal.
Esta cantidad de altos funcionarios no ha sido suficiente, ni siquiera, para saber qué ha pasado. Las primeras declaraciones del jefe del Estado apuntaban a la empresa Odebrecht, que había construido el tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima.
El presidente recordó que el colector matriz de desagüe colapsado había sido colocado como parte de la construcción de la línea 2. Señaló que el contrato de la obra fue firmado por Alan García.
“Solamente en plazo, el que construyó esta obra tiene responsabilidad por cualquier defecto, pero irresponsablemente no podemos adelantar quién sería el responsable”. Esto declaró el mandatario.
Probablemente, el presidente habló bajo algún estado de nerviosismo. De otra manera no se entiende la flagrancia en la contradicción. Si no se puede adelantar quién es el responsable, ¿cómo se habla de la responsabilidad del plazo?
No ha sido la única ligereza ni el único alto funcionario ligero en esta emergencia. El ministro de Vivienda, Javier Piqué, explicó, por su lado, que la estructura de la estación del metro había presionado al punto de desplazar la tubería.
El 15 de enero dijo que en uno o dos días más se restablecería el servicio de agua potable “al cien por ciento”. El 21 dijo que eso sucedería el 23. Ahora han dicho que ocurrirá mañana, lunes 28.
Esta emergencia no debió suceder. Es responsabilidad del actual gobierno.
A fines del 2018 o inicios de este año, los vecinos de San Juan de Lurigancho alertaron sobre tremendos forados en la pista de la avenida Próceres de la Independencia.
Sedapal detectó entonces la rotura de dos redes principales de alcantarillado en Próceres de la Independencia el 2 de enero, según nota de prensa 01-2019. Anunció que haría el cambio de tuberías y dijo que eso le demoraría 30 días.
El 9 de enero la misma empresa anunció que intensificaría los trabajos de reparación del colector Canto Grande. Ya para entonces tuvo que cortar el agua potable (nota de prensa 02-2019).
El aniego de desagüe se produjo el día 13. ¿Cómo convirtió Sedapal lo que eran unas fisuras en unas roturas? ¿Cómo convirtió unas filtraciones en un hediondo aniego de aguas residuales?
El gerente general de Sedapal ha renunciado, pero no lo han hecho ni el presidente ejecutivo de la empresa ni el ministro de Vivienda, a cuyo sector pertenece. No hay, hasta ahora, para el presidente Vizcarra, responsabilidad política.
Es fácil cubrirse con el espantapájaros de Odebrecht o la figura de los antecesores. En este caso, sin embargo, hay una clara responsabilidad en el mal manejo de una emergencia, cuyas señales se conocieron con dos semanas de anticipación.
La presencia de los ministros de Defensa, del Ambiente, de Salud, del Interior, de Vivienda, del jefe del Indeci, de varios viceministros y otros altos funcionarios dice mucho del interés del gobierno. Queda la duda, sin embargo, si le interesa que se lo vea en la foto con la población o si le interesa resolver los problemas de la población.
Los resultados, lamentablemente, no dicen mucho de la eficiencia para atender las necesidades básicas y elementales de la gente. Tampoco dicen algo de cómo asume su responsabilidad política.
La emergencia de San Juan de Lurigancho es una metáfora de lo que pasa en el país. Nadamos en las aguas servidas de la corrupción, pero también en las de la ineficiencia.
Nos quieren rescatar en modernos vehículos anfibios de la Marina de Guerra, comandados por el mismísimo ministro de Defensa. Quieren hacerlo, pero vuelve a salir el desagüe, y nadie nos dice, hasta ahora, qué pasó y quién es el responsable.
El gobierno está muy ocupado en hacer política, pero no tanto, al parecer, en hacerse cargo de la tarea gubernamental.