El problema no es la Constitución
(Advertencia: Si usted es de los que no lee más de 120 caracteres, no se moleste en comenzar)
Fausto Salinas Lovón, Abogado
Desde Cusco
Para Lampadia
El problema del próximo 09 de diciembre no es si votamos por SI o NO, es para qué.
Según la versión del gobierno del Presidente Vizcarra y sus aliados (prensa antifujimorista, izquierda, ongs) lo hacemos para cambiar la justicia, el congreso y los partidos, y la reforma constitucional que se nos impone vía referéndum nos dará mejores jueces, mejores y mas parlamentarios y alejará a las mafias del financiamiento de los partidos políticos.
Según la versión de quienes se oponen al gobierno, el Presidente engaña al pueblo con el referendum y este no es más que una maniobra destinada a distraer a la opinión pública frente a un gobierno sin rumbo, sin propuesta y que no gobierna.
Ninguna de estas dos versiones, por su obvio interés y propósito político, analiza si realmente la Constitución (que contiene el diseño de las instituciones judicial y parlamentaria) es el problema y si una simple reforma en la arquitectura constitucional es la solución. Ambas posiciones consienten la premisa de que basta un cambio en el diseño constitucional de las instituciones para cambiar el estado de las cosas. Ninguna de las dos evalúa la calidad del material con el cual se edifican dichas instituciones. Dicho de otro modo: ambas opciones creen que un cambio arquitectónico dentro de la Constitución resuelve el problema, olvidando que el problema tiene que ver, antes que eso, con los insumos y materiales con los cuales se edifican nuestras instituciones: personas y hábitos.
Veamos.
- No existe evidencia de que la corrupción judicial descubierta en julio pasado sea producto necesario del diseño constitucional del CNM. Este modelo corrigió la politización de la justicia impuesta desde la época de Cornejo Chávez en el Velascato y mantenida por el artículo 245 de la Constitución de 1979 que preveía el nombramiento presidencial de jueces supremos a propuesta del CNM y con ratificación del Senado. La reforma de 1993 le alcanzo la responsabilidad de designar jueces a los grupos profesionales y a la academia, junto con el sistema judicial y el foro. Lo alejo de la política. Pese a ello, el sistema fallo. Sin duda que fallo, pero fue a causa del diseño ¿o a causa del material? Obviamente fue a causa de lo último. Las fechorías de Julio Gutierrez Pebe no son consecuencia de que el represente a los administradores de empresas del Perú, sino a sus calidades personales y malos hábitos. Las movidas de Orlando Velásquez junto con jueces supremos tampoco responden a un mandato de los rectores del país, ni de la comunidad universitaria de Trujillo, son obra propia del cuestionable consejero. ¿Las absurdas preguntas del magistrado Iván Noguera en los amañados procesos de nombramiento o ratificación son consecuencia de que este represente a las universidades privadas?, obviamente no, ni los desvarajustes de don Guido Aguila son responsabilidad de los abogados a quienes representaba. La tragedia del CNM no está en el diseño constitucional sino en las personas que lo conformaron, tiene que ver con la pésima calidad ciudadana y profesional que nadie quiere admitir, con la laxitud frente a la ley y la moral, con el arribismo, la codicia y tantos otros males de los cuales no es responsable ninguna Constitución, ni lo será la reforma constitucional que se plantea. Entonces, ¿tiene sentido cambiar la Constitución si la causa no esta allí? Obviamente no.
La reforma del artículo 155 de la Constitución de 1993 no apunta en esa dirección, sino en el sentido de restituirle protagonismo a los actores políticos en la designaciónde los jueces, lo cual no es mejor que lo que tenemos. El hecho de que la designación vaya a estar a cargo del Defensor del Pueblo, el Presidente del Tribunal Constitucional o el Contralor (todos ellos designados por el Congreso) no cambia las cosas, salvo que ellos tengan la capacidad desconocida de encontrar ángeles para la tarea de designar jueces y fiscales. La reforma del articulo 156 de la Constitución si apunta en la dirección correcta, que es subir la valla y limitar el universo de elegibles, sin embargo, esto mismo se pudo obtener mediante una nueva Ley Orgánica del CNM, producto de un debate mayor, del consenso y sin tocar la Constitución.
- Sobre el financiamiento de los partidos, la reforma propuesta en rigor no cambia el articulo 35 de la Constitución sino que agrega contenido propiamente reglamentario en sus párrafos finales, ante la dificultad o poca rentabilidad política de hacer todas estas regulaciones mediante una ley, que esta expresamente prevista en el propio texto constitucional vigente que dice: ¨La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos ¨.
No había necesidad entonces de tocar la Constitución para exigir transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de los partidos políticos, bastaba con perseguir una mejor ley de partidos y si es necesario, hacer cuestión de confianza sobre ella. Cambiar la Constitución entonces, no responde a una perentoria e imprescindible necesidad jurídica, sino a una necesidad o interés político.
- Sobre la reeleccion congresal hay algunas evidencias. Una de ellas es que la calidad parlamentaria es tan deplorable que cualquier propuesta radical que nos libere de tan brillantes representantes de la patria resulta popular. Otra es que los congresistas mas cuestionados (que alteran su hoja de vida, que roban el cable, que no recuerdan donde concluyeron sus estudios, que tienen sentencias condenatorias firmes o que se agarran de las aeromozas para mitigar sus descompensaciones hipo glucemicas) no son congresistas reelegidos, sino nuevos en la labor parlamentaria. Entonces, la reforma va en contra de la evidencia y va a favor del ánimo ciudadano del momento. La reforma va en la dirección del linchamiento mediático que exigen las redes sociales pero no en la dirección que la cuestión de fondo exige. Bajo el esquema constitucional vigente y luego del referendum, cualquier otro sujeto de iguales calidades será elegible. Habrán nuevos “come pollos”, “plancha camisas”, “mataperros”, “sentenciados por delito” y sabe Dios qué personajes más en el Congreso y en el Senado, porque el Perú tiene lo suficiente como para adornar no sólo una sino dos Cámaras Legislativas.
La reforma se queda entonces en uno de losaspectos del diseño constitucional menos trascendentes y no aborda la calidad ciudadana que debe tener la representación nacional. Se limita a lo arquitectónico y no aborda la calidad del material humano que nos debe representar. Una reforma seria y meditada del artículo 90 de la Constitución,tendría que haber abierto el debate sobre la calidad, origen y calificaciones de los elegibles para la representación congresal. Con nacionalidad peruana, 25 años y derecho de sufragio, cualquiera puede ser nuevamente congresista. Lo único que habremos conseguido es que no sea reelegible. ¿Sirve de algo? Obviamente no.
- La evidencia no indica que al tener SENADORES por distrito nacional vayamos a tener mejores parlamentarios. Probablemente el recuerdo de Mario Polar Ugarteche, Andres Towsend, Jose Uriel Garcia, Ernesto Alayza Grundy, Luis Alberto Sánchez, Enrique Bernales o Manuel Ulloa nos lleve a pensar que en un Senado Siglo XXI podrían aparecer personajes de ese nivel en la escena parlamentaria nacional. Sin embargo, esto no será factible mientras la elección siga siendo absolutamente universal y sin limitaciones en la elegibilidad. Seguiremos teniendo a los mismos que desprestigian la política, esta vez como senadores. Nada justifica entonces que le vayamos a inferir más de 45 agujeros a la Constitución y le inoculemos una formula política contraria a su diseño. Peor si al hacerlo se corra el riesgo de tener un texto contradictorio e inviable. Más aun, por la forma como ha sido planteada esta reforma, se tiene un cambio en la cuestión de confianza, que nos llevaría al absurdo de no poder deshacernos de un mal presidente, ni de un mal congreso. Un verdadero punto muerto.
La bicameralidad sólo era el caramelo envenenado que el gobierno entregó al Congreso para que acepte la prohibición de la reelección congresal. Es un mero juego de naipes políticos, lanzado sin importar sus efectos en la institucionalidad constitucional del país.
Lo que la evidencia muestra entonces es que el problema no tiene que ver con la Constitución, sino con la mala calidad de los ciudadanos que tenemos, a partir de los cuales se arma la estructura institucional del país. Y esto no lo resuelve el referemdum, ni lo aborda. Si hay que hacer una reforma política, tendría que ser pensada, meditada, estudiada y de consenso, no por la urgencia de subir en las encuestas o para justificar pasajeros resultados de una asesoría política extranjera.
Peor aun, detrás de este referendum hay un peligroso juego que irresponsablemente ha iniciado el presidente Vizcarra en su afán de sobrevivir políticamente. Si el gana el referendum, (que ya hemos visto que no corregirá ninguno de los problemas que cree enfrentar), tendrá lista la fórmula para seguir sobreviviendo políticamente y subiendo en las encuestas. Intimará al Congreso a cuanta reforma sea necesaria para mantenerse en el cargo y el Congreso, sin convicción constitucional alguna, le concederá cuanta reforma sea necesaria a fin de que no los despida. Una perversa combinación de irresponsabilidades que será obviamente auspiciada por la izquierda que logrará destruir la Constitución del 93 pese a haber recibido menos del 20% de los votos con dicha propuesta. En esta lamentable tarea, no será extraño ver a muchos válidos que apoyen todo esto mientras sigan ganando e incrementando porciones de mercado.
La Constitución de un país en general es el instrumento que nos defiende de los políticos y de sus intereses. También de las masas y sus gritos radicales. De las dictaduras mayoritarias. Es la lámpara de nuestra libertad. La Constitución de 1993, además, nos ha permitido contener al estado empresario, limitar su intervención en la economía y sacar de la pobreza a millones de peruanos con un modelo económico exitoso. Recientemente, ha servido también para neutralizar los afanes autoritarios de la mayoría parlamentaria fujimorista a través de las decisiones de control constitucional del Tribunal Constitucional. Defenderla por lo tanto , es una tarea esencial a la cual no se puede renunciar. Y hay que defenderla inclusive de quienes dicen haberla creado, porque ellos mismos estarán dispuestos a destruirla a cambio de unos meses más con curul, aguinaldo y gastos de representación.
La salud de nuestra Constitución y en base a ella, el bienestar de nuestra sociedad exigen entonces, muy por encima de cualquier consideración tópica, la derrota nítida del presidente Vizcarra en este Referendum. Solo así habremos salvado la Constitución de males mayores y podremos pasar a debates institucionales serios y profundos. La derrota del presidente le exigirá buscar un nuevo rumbo, despedir asesores de confrontación y entender que no se sobrevive ni se gobierna a costa de la Constitución. Lampadia
