Entrevista a Enrique Ghersi
Correo, 21 de junio de 2020
Enrique Ghersi, abogado constitucionalista, critica al gobierno del presidente Martín Vizcarra por no tener una sola dirección en la emisión de normas durante la emergencia sanitaria. Al Congreso, tampoco le otorga una buena calificación en la pandemia, por emitir normas, a su juicio, inconstitucionales.
A casi 100 días de la emergencia sanitaria, ¿cómo evalúa al gobierno en la lucha contra la pandemia del coronavirus?
De saque, al gobierno del presidente Martín Vizcarra le pondría como nota un 05, porque ha violentado de manera sistemática todas las normas y la Constitución al restringir el tránsito de las personas sin ningún resultado. Se puede hablar de un fracaso porque hemos vuelto a sobrepasar el 3 % en la tasa de mortalidad. Entonces, todo el sacrificio que se le ha pedido a los peruanos, perdiendo sus trabajos y negocios, ha sido en vano. Creo que llegará el momento en que deberá tomarse en cuenta que tanto el gobierno como sus ministros deberán asumir la responsabilidad que les corresponde porque se ha violado sistemáticamente la ley y la Constitución. Se ha puesto en peligro el Estado de Derecho porque de una manera inútil miles de peruanos pierden la vida sin ningún tipo de protección ni ayuda del Estado.
¿La pandemia no ha sobrepasado cualquier intento del gobierno, que emite normas para contener la propagación de esta enfermedad?
El problema es que el gobierno ha emitido tantas normas -muchas veces contradictorias entre sí- que han terminado por violentar la libertad y la seguridad de los peruanos. La cuarentena es una broma pesada porque hoy en día casi nadie la respeta. Hay que tener en cuenta que, tal como afirmó el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, esta coyuntura significa la peor crisis económica en 100 años y, además, una caída del 40 % del PBI. La pregunta es qué espera el gobierno para cambiar. El protocolo de emergencia, en ese sentido, es una norma dirigida a estatizar la economía abiertamente.
Sin embargo, el gobierno anuncia que nos encontramos en la fase 2 de la apertura económica…
No es, en realidad, una apertura económica porque el protocolo sanitario apunta a una mayor restricción de las libertades económicas. Es una nueva forma de planificación socialista que el gobierno pretende utilizar como punta de lanza para la estatización del país. El gobierno utiliza el protocolo con el pretexto de la seguridad sanitaria para emitir normas que buscan el colapso del aparato económico privado para que solo quede el aparato estatal y regresemos a los tiempos de (Juan) Velasco. Es decir, el estado, imponiéndose sobre las actividades industriales. Por eso, el gobierno decreta una serie de requisitos, en el delivery por ejemplo, que solo las grandes cadenas de restaurantes pueden asumir los costos. Pero el chifa o la pollería de barrio, la inmensa cantidad de restaurantes, no pueden cumplir. Entonces, operan informalmente. Mi punto es que los protocolos sanitarios no son eficientes ni prácticos porque, en realidad, lo que el gobierno quiere es el colapso del aparato económico privado.
Pero esta semana, por ejemplo, la Confiep se ha reunido con el gobierno, donando incluso ventiladores mecánico que son esenciales para las camas UCI…
Sí, el sector privado ha venido colaborando o ha querido hacerlo desde el inicio de la epidemia. Pero ha podido más la desconfianza del gobierno, que tiene un origen ideológico. El gobierno cree que el Estado puede hacerlo mejor que el sector privado y se equivoca. Mire usted este grupo de científicos de la Universidad Cayetano Heredia, que ha logrado desarrollar, de manera admirable, una prueba molecular rápida. Es una universidad privada, no estatal.
Cuándo usted se pregunta ‘¿qué espera el gobierno para cambiar’, a qué se refiere?, ¿a un cambio de gabinete?
Debe haber un cambio integral pero no solo del gabinete. Este no es un problema de personas sino un problema ideológico. Lo que está mal aquí es la ideología que el gobierno está tratando de aplicar de contrabando. Si hubiera habido una elección en la que la izquierda hubiera ganado, el pueblo ya sabría cuál es su programa de acción. Pero el presidente Vizcarra ha sido elegido como parte de la plancha del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha presentado la agenda más liberal de derecha de la historia del Perú.
¿Está de acuerdo con un toque de queda hasta fin de año, tal como ha planteado el ministro del Interior, Gastón Rodríguez?
Entiendo la preocupación del ministro por la seguridad, pero tampoco podemos tener secuestrada a la población permanentemente sin ninguna justificación porque es una limitación a la libertad personal. Además, estamos viendo que hay más opciones de que el gobierno elimine esta restricción a que la prolongue. Encerrar a todo el mundo en sus casas tiene como grave consecuencia la destrucción económica del país. Entonces, el gobierno va a tener que asumir la responsabilidad por todos sus actos durante esta emergencia.
¿Las presentaciones de Vizcarra maquillan la realidad?
El IDL ha publicado un informe de un subregistro enorme de muertes por COVID-19. Existe una hecatombe social que está siendo ocultada por el gobierno. Estamos ante un gobierno que miente al país.
¿A qué se debe que más peruanos no hagan caso a la cuarentena?
Son varios factores pero, sobre todo, porque la cuarentena no tenía razón de ser. En un país con 70 % de informalidad, era evidente que esta medida no iba a ser cumplida. En términos prácticos, ha hecho cuarentena el que ha podido hacerla. Cómo poder hablar de la efectividad de esta medida si somos el segundo país en la mayor tasa de contagios y muertes por coronavirus en América Latina.
El presidente dice que si no se hubiera decretado la cuarentena a tiempo, la tasa de contagios y muertes habría sido peor…
Pero siempre hemos estado peor porque el 70 % de la economía ha seguido operando sin respetar nunca la cuarentena. Eso es el resultado de la tasa de contagios que tenemos. Al final, la política del gobierno ha sido equivocada. Como han dicho algunos especialistas, la cuarentena debió hacerse en las personas con factor de riesgo, los adultos mayores. Debieron haberse concentrado, tempranamente, las pruebas en los focos de infección como en los mercados. Eso no se hizo, sino se insistió en paralizar económicamente al país de una manera innecesaria. Por eso, estamos pagando todos los costos con esta tragedia política y social. Pero si se ha mentido al país, hay que agregar una tragedia moral con el ocultamiento de muertes. Esa es una responsabilidad legal que tendrá que responderse en su momento. En el proceso electoral que comienza, en octubre, se revelarán las mentiras al pueblo peruano.
¿Qué debe hacer ahora el gobierno para enmendar sus acciones?
El gobierno debe confiar en el sector privado. Tal como afirmó el empresario Roque Benavides, simplemente con cuatro proyectos mineros que se encuentran atascados por la burocracia, el Perú crecería inmediatamente. Si queremos recuperar el país, debemos tener coraje, decisión e ir de la mano con la inversión privada. El Perú es un país minero. Necesitamos que el gobierno destrabe la inversión minera pero no lo hace por prejuicio ideológico.
¿El gobierno, entonces, no cree en el modelo económico actual?
No cree en el modelo de inversión privada, que ha llevado a un progreso social notable en los últimos 30 años. El gobierno, por el contrario, dio pasos atrás llenándose de políticos de izquierda como el ministro de Salud, Víctor Zamora, quien echó la culpa de la pandemia al neoliberalismo. Si tienes prejuicios ideológicos, no eres la persona indicada para manejar la crisis.
¿La pandemia no ha develado que los servicios públicos han estado abandonados hace más de veinte años?
Mire usted, los gobiernos no hicieron nada en invertir en épocas de prosperidad. Se equivocaron. Se gastó dinero en inversiones superfluas en vez de servicios públicos como agua, saneamiento. Hoy en tiempos de pandemia, decir que se laven las manos, cuando no hay agua, es una broma.
¿Cómo evalúa al Congreso, que aprueba normas por insistencia como las AFPs o la suspensión del cobro de peajes?
Está jalado. Algunos miembros quieren hacer las cosas de buena manera pero el problema es que no hay mayoría en el Congreso. Aquí se alínea el interés demagógico antes que el interés nacional por reformar el Estado. No tengo dudas de que, por ejemplo, el TC va a declarar inconstitucional esta ley, que costará millones al Perú con las demandas interpuestas por los concesionarios en el tribunal internacional.
De otro lado, ¿considera cerrado el fallo del TC que declaró constitucional el cierre del Congreso?
A fines de mayo, el TC emitió una sentencia -que ha pasado desapercibida por la pandemia- aclarando que no es un capítulo cerrado. El fallo recoge algunos elementos de quienes ejercimos la defensa legal del Congreso, el año pasado. Determina que el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza de un proyecto de ley pero eso no es vinculante para la función legislativa. Es decir, el Legislativo puede dar la confianza al Ejecutivo pero esto no lo obliga a que apruebe el proyecto de ley tal como se envió inicialmente, respetando el principio de separación de poderes. El fallo ha sido firmado por quienes votaron a favor de la disolución del Congreso.
Perfil
Enrique Ghersi Silva es abogado, titulado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica (1986). Maestría en Derecho Civil en la misma casa de estudios. Integró la cámara de diputados en 1990 por el partido Frente Democrático.
