En los tiempos en que el gobierno daba múltiples signos de estar orientado por el proyecto de una “reelección conyugal” nosotros criticamos, sucesivas veces, esa posibilidad sin ambages. No sólo se trataba de una eventualidad ilegal, dijimos, sino también inconstitucional, al menos si uno se atiene al espíritu de la prohibición constitucional de reelección inmediata por parte del presidente. Hay que recordar que los motivos que existen para justificar esta prohibición se aplican a la posibilidad de una sucesión del jefe del Ejecutivo por alguien de su familia inmediata. Esta posibilidad, afirmamos, haría que se usasen los recursos y las plataformas públicas con fines electorales, aumentaría el riesgo de medidas populistas y fomentaría – por medio del cambio legal con nombre propio – la imagen del Perú como un país tercermundistamente irregular e impredecible. Adicionalmente, sostuvimos que de concretarse terminaría derivando, si prestamos atención a la historia, en una toma indirecta y gradual de las instituciones por parte de la pareja reelecta.
Todo eso lo pensábamos entonces y lo seguimos pensando ahora. Lo cual no quita que creamos que las últimas “denuncias” sobre la resucitación de este proyecto no tengan más fundamento que un afán de mejorar su aprobación ciudadana por parte de quienes están interesados en pintarse como defensores de la democracia – y acaso males menores- frente al peligro de un entornillamiento en el poder. Es decir, que el (ahora) fantoche de la “reelección conyugal” está siendo agitado, como un instrumento de sus propios fines, por quienes requieren de un enemigo mayor para fortalecer y dignificar sus aspiraciones electorales. Y quienes, de esta forma, están debilitando las posibilidades de resistencia para el supuesto (difícil, aunque nunca imposible) en que esta amenaza volviese a ser real. Si una moraleja tiene el cuento de Pedrito y el lobo es que las alertas injustificadas son en favor del lobo.
Así pues, ¿cuál ha sido el hecho sobre el que se están apoyando diversos políticos para sostener, luego de meses en que el tema se daba por enterrado (junto con los números de aprobación del presidente y la primera dama), que ahí se viene la reelección conyugal? Pues básicamente que un juez ha considerado que el congresista Falconí (de Unión Regional) sí puede renunciar a su cargo – pese a que la Constitución dice que este es irrenunciable– y que, por lo tanto, puede postular a una presidencia regional (lo que está prohibido para los congresistas por ley). Mauricio Mulder y Jorge del Castillo han insinuado que detrás de este asunto hay una estrategia nacionalista para la postulación de Nadine Heredia. Y Juan Carlos Eguren ha razonado: “Si habiendo una prohibición a nivel constitucional a Falconí se le permite inscribir su candidatura, con una prohibición menor [de la Ley Orgánica de Elección] con mayor razón debería prosperar [la candidatura de la primera dama]”.
Si usted tiene problemas siguiendo la lógica de este argumento, no se preocupe: tal lógica no existe. Al final, lo que están diciendo es “un juez ha desconocido la prohibición constitucional de renunciar al puesto de congresista, luego otro juez desconocerá la prohibición constitucional de reelección conyugal inmediata. De hecho, lo primero es parte de una estrategia para conseguir lo segundo”.
La señora Heredia, es cierto, esperó mucho para negar tajantemente que postularía en el 2016, tal y como muchos se lo exigíamos ante todos los fuertes indicios de que sí lo haría. Sin embargo, también es cierto que finalmente lo negó, varias veces, y de una manera que hace muy difícil una eventual retractación sin alto costo político: lo hizo precisando que una postulación suya el 2016 atentaría contra la institucionalidad y supondría volver al “tiempo infame de las leyes con nombre propio”. Por si esto fuera poco, en la entrevista publicada hoy en este Diario, al ser preguntada sobre si la ley impedía la postulación en el 2016 de la primera dama la primera ministra Ana Jara respondió: “Sí. La ley es clarísima”.
No obstante esto, están proliferando los Pedritos criollos que han salido a hacer suyo el argumento anterior y, con diversos agregados, denunciar la vuelta de la “reelección conyugal” – ayudados, sin duda, por declaraciones tan desafortunadas como las del siempre sorprendente señor Chehade, que aprovechó este momento para decir que, aunque no va a hacerlo, “constitucionalmente no tiene ningún impedimento”. Hay formas más eficientes de pasar una franela.
Debieran ser más responsables los que afirman la vuelta del proyecto de la “reelección conyugal” sin más bases que la mencionada. Hacen un daño grave a la imagen del Perú y, ciertamente, a las chances de Pedrito de ser escuchado si es que en el futuro, ahí sí de verdad, volviese el lobo al pueblo.