Si no se promueve la inversión privada, no aumentarán el crecimiento, el empleo ni los recursos para combatir la pobreza.
Desaceleración. Esa es una de las palabras que, lamentablemente, describe lo que está sucediendo con la inversión privada. En el cuarto trimestre del 2013 esta última se incrementó solo un 0,5%, el aumento más bajo registrado desde finales del 2009. La inversión extranjera directa, asimismo, ha seguido esta tendencia. Mientras que en el 2012 esta alcanzó los US$12.240 millones, en el 2013 llegó a US$10.172 millones.
La inversión es la raíz que alimenta toda la economía. Gracias a ella se generan trabajos, hay más productos y servicios a menores precios y se logra recaudar tributos que el Estado puede usar luego para financiar, entre otras cosas, educación, salud, seguridad, infraestructura y programas sociales. Y, como en el caso de los árboles, si a la raíz se le dificulta seguir creciendo todo lo que de ella depende deja también de crecer.
¿Qué está restringiendo la inversión privada? Pues, en buena parte, problemas bien conocidos: las trabas burocráticas que existen en los distintos sectores, la agobiante carga tributaria, el inflexible régimen laboral y la deficiente infraestructura. Veamos algunos ejemplos.
En la industria de los hidrocarburos, las trabas para obtener permisos tienen detenidas inversiones por US$2.500 millones y alrededor de 30 contratos paralizados. A estos problemas se suman que las regalías en el Perú son mucho más altas que en la mayoría de países de la región (llegando en algunos casos a 50% del valor del recurso extraído) y que los contratos celebrados con el Estado deben esperar (a veces años) para ser autorizados personalmente por el presidente de la República.
En minería las cosas también están complicadas. Luego de Toromocho, Las Bambas, Constancia y la ampliación de Cerro Verde, no hay otros grandes proyectos mineros en el horizonte. El resto está detenido en un fárrago de burocracia al que se le suman los conflictos sociales.
Otro caso es la industria de la construcción. Según el reporte Doing Business del Banco Mundial, en el Perú demora 173 días obtener los permisos para realizar una edificación (siendo los trámites más engorrosos obtener la licencia municipal de obra y lograr la instalación de agua potable por parte de la empresa estatal).
Un ejemplo adicional es el de las exportaciones, que en el 2013 cayeron un 10% respecto al año previo y que sufren, entre otros problemas, de la deficiente infraestructura de transporte que encarece la movilización de los productos. Una muestra de ello es que, según ÁDEX, los costos logísticos de la mercadería que sale por el cuello de botella en el que se ha convertido el Callao alcanzan alrededor del 30% del valor total de esta (mientras que el promedio mundial varía entre 12% y 18%). Y, pese a que hay varias ideas para resolver esta situación (liberalizar el cabotaje, construir un viaducto para automóviles o extender la infraestructura ferroviaria hasta el interior del Muelle Norte, entre otras), no se toman cartas en el asunto.
La pesca tampoco es ajena a este tipo de problemas. La cuestionable regulación pesquera no solo ha reducido la captura de anchoveta, sino también causó que las exportaciones pesqueras tradicionales pasaran de US$3.300 millones en el 2012 a US$ 2.700 millones en el 2013.
Incluso el mercado del ‘retail’ sufre por culpa del Estado. Según la presidenta del Comité de Retail de la Cámara de Comercio de Lima, los trámites para establecer un centro comercial en el país pueden tomar hasta tres años, mientras que en Chile llegan a lo más a los seis meses.
Adicionalmente, todos los sectores, como mencionamos, sufren los sobrecostos laborales más altos de América Latina (equivalentes a más del 60% del salario) y de una presión tributaria que (una vez sumados todos los cobros estatales) representa el 21,5% del PBI, según el BCR.
Con esta situación y ya que el país acaba de estrenar Gabinete, sería deseable que los ministros, en su próxima presentación ante el Congreso, expliquen cómo planean resolver los problemas generados por el mismo Estado que dificultan el mayor crecimiento de la inversión privada. Y así, en vez de dedicarse a atrofiar la raíz de la economía, el gobierno podría hacer algo por nutrirla.
Publicado en El Comercio, 28 de febrero de 2014.
