Editorial El Comercio
El Comercio, 5 de julio de 2017
Qué bien que el editorial del El Comercio publique sobre la reunión de PPK y KF coincida con el nuestro (“Tenemos que ayudar a PPK”). De aquí al martes 11, el día fijado para la reunión cumbre, debemos hacer lo posible para que ésta se produzca sin cortapisas y que ambos líderes se alejen lo máximo posible de sus pasiones, de las de sus consejeros usuales, y se acerquen lo máximo posible al sentido de responsabilidad que los tiempos mandan.
El lunes sucedió algo tan largamente esperado como esencial para que los cinco años del gobierno y el Congreso elegidos en el 2016 no sean cinco años perdidos para el país y para las decisiones de políticas públicas que, cada vez más urgentemente, este necesita (recordemos que la economía casi no creció en el último mes del que se tienen cifras oficiales, al tiempo que un quinto del Perú continúa viviendo bajo la línea de pobreza). La lideresa de la bancada que tiene mayoría absoluta en el Congreso de la República pidió al presidente una reunión para dialogar sobre los problemas que enfrenta el país en distintos terrenos.
Existe especulación sobre los motivos por los que Keiko Fujimori envió su carta al presidente –algunos dicen que lo ha hecho apremiada por los eventos internos de su partido–, pero el hecho es que, más allá de esta motivación, su carta constituye la primera vez que la señora Fujimori da señales públicas de reconocer que la “situación política y económica” que atraviesa el Perú, y que tiene a su ciudadanía en situación de “incertidumbre”, es algo que también le compete a ella (y no solo al gobierno).
Esta invitación, pues, constituye una oportunidad de oro que el mandatario no puede desaprovechar. De esa reunión tendrían que salir algunos acuerdos fundamentales sobre las principales reformas que necesita el país para salir de la “situación” a la que alude Keiko Fujimori. Tratándose de dos partidos que no presentaban diferencias de fondo en cuanto a sus propuestas económicas de campaña, hay poca excusa para no llegar a un acuerdo sobre las principales cosas que en esa materia habría que hacer sin demostrar con ello que alguna de las dos partes está privilegiando la política sobre el país. Y en seguridad (el otro gran tema en la lista de preocupaciones de la ciudadanía) el caso es similar.
Así las cosas, hizo bien el presidente en responder el mismo día aceptando la convocatoria, pero resulta incomprensible que agregara a su aceptación la precisión de que espera “poder llevar los temas tratados en la misma al Acuerdo Nacional”. Es una máxima bien conocida por los políticos de todo el mundo que la mejor forma de evitar que cualquier situación se traduzca en decisiones concretas es derivar el tema a una comisión. Y, ciertamente, nuestro “Acuerdo Nacional” es una “comisión” de la que jamás ha salido una política efectiva y práctica que haya sido adoptada por gobierno alguno.
Acaso el presidente quiso con esto crear una válvula de escape para las eventuales críticas que podrían salir a algún entendimiento de base entre su gobierno y Fuerza Popular. Pero es realmente sorprendente que no parezca notar que esa misma válvula puede servir también para un eventual escape a la necesidad que Keiko Fujimori ya estaba implícitamente reconociendo en su carta: la de llegar a un entendimiento para empezar a revertir la situación del país.
Si, por otra parte, el presidente ha actuado así en un intento de evitar que Keiko Fujimori luzca como su par o como la interlocutora que le ha ganado la iniciativa política, hay que decir que, tal como están las cosas en el país, una jugada de esa naturaleza acaba siendo frívola.
De donde haya venido, esta es una oportunidad de oro que el gobierno no puede estropear con torpezas (las declaraciones de la vicepresidenta, al precisar que en realidad la idea del diálogo venía del gobierno y no de la oposición, son otro buen ejemplo). El Perú necesita un acuerdo y, tengamos las inclinaciones políticas que tengamos, todos tenemos que reconocer que las urnas mandaron en la práctica que este ocurra. Lo otro es continuar con cuatro años más de una guerra de guerrillas políticas que podrá servir para hacer catarsis a muchos pero que, al paso que vamos, ciertamente nos entregará en el 2021 un país en bastante peor situación que el que tenemos hoy. Una opción que no solo significaría un desperdicio, sino que, teniendo en cuenta que estamos ya con unas cifras que significan dejar de reducir la pobreza (y que pronto podrán pasar a significar aumentarla), es también una inmoralidad.
