El Comercio, 15 de Diciembre del 2022
Escrito por: Karem Barboza Quiroz
Fiscalía sostiene además que el exmandatario, acusado de rebelión y otros dos delitos, fugaría del país en caso de que se lo liberara.
El vacado Pedro Castillo Terrones sería condenado a diez años de cárcel como mínimo por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, estimó la fiscalía en su requerimiento de 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario. Este pedido será evaluado este jueves por el Poder Judicial.
El requerimiento de la medida restrictiva alcanza al ex primer ministro Aníbal Torres, investigado en su condición de asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Según el documento al que accedió El Comercio, el fiscal supremo Uriel Terán considera que el procesamiento del exjefe del Estado será bajo “concurso real”, en su calidad de coautor del presunto delito de rebelión –alternativamente conspiración– y como presunto autor de abuso de autoridad y delito grave de perturbación de la tranquilidad pública.
Explicó que, de ser hallado culpable, las penas de cada uno de los tres delitos deberán sumarse, con lo cual “superaría largamente los cuatro años de pena privativa de libertad [y] esta no sería inferior a los diez años”.
El representante del Ministerio Público, además, aseveró que existiría peligro de que Castillo pueda fugar del país, ya que, tras decretarse su vacancia en el Congreso de la República, fue detenido cuando se encontraba camino a ingresar a la Embajada de México, país que le había ofrecido asilo.
“Elemento de convicción que sustenta la intención por parte de José Pedro Castillo Terrones de huir y eventualmente asilarse en la República Federal de los Estados Mexicanos, conjuntamente con su núcleo familiar, con el propósito de eludir el accionar de la justicia”, remarcó el fiscal.
El magistrado consideró que, debido a ello, una comparecencia simple o con restricciones “no son medios idóneos” para cumplir el aseguramiento del investigado, teniendo como precedente que en el caso del investigado Aníbal Torres Vásquez, ya pasó a la clandestinidad.
Respecto a los graves y fundados elementos, la fiscalía ha presentado diversas declaraciones que ubican a Castillo y otros exministros como Betssy Chávez y Willy Huerta en el momento anterior y posterior al mensaje a la nación mediante el cual se ordenó el cierre ilegal del Congreso y la intervención de los órganos autónomos y el sistema de justicia.
Para la fiscalía, con su actuación ilícita, Castillo ha causado un daño irreparable al Estado, puesto que dicho evento “generó repercusión negativa internacional en contra del país; y, a nivel nacional, ha ocasionado una serie de conflictos sociales”.
Continúa detenido
Castillo permanece detenido en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía Nacional (Dinoes), en Ate, hasta que el Poder Judicial resuelva el requerimiento de prisión preventiva en su contra.
La audiencia, que debía realizarse ayer, fue suspendida para hoy por el juez supremo Juan Carlos Checkley, luego de que la defensa del expresidente no se presentara a la audiencia.
Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, quienes se encuentran acreditados como sus abogados, informaron a este Diario que no se presentaron, puesto que no querían avalar lo que, según ellos, era un ilegal pedido de prisión preventiva.
Ello produjo que la diligencia se aplazara y el exmandatario tuvo que ser asistido por el abogado de oficio Ítalo Díaz. Este solicitó más tiempo para revisar el requerimiento, puesto que no hacía mucho que se daba por enterado del caso.
Sin embargo, el juez Checkley le aclaró que Castillo Terrones fue notificado del requerimiento de prisión preventiva en su contra en la Dinoes, pero no quiso recibir la documentación. Además, informó que el vacado expresidente había indicado que no iba a participar en la audiencia.
La orden de detención preliminar vencía ayer a la 1:42 p.m.; sin embargo, el magistrado aclaró que, debido a la medida restrictiva solicitada por la fiscalía, el investigado debe permanecer detenido hasta que se emita un pronunciamiento judicial sobre la solicitud fiscal.
El Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto Alcides Chinchay, se mostró conforme con suspender para hoy la audiencia.
Aníbal Torres tampoco participó en la audiencia, pero sí lo hizo su defensa legal, la cual también solicitó más tiempo.
Detalles
Aníbal Torres se encuentra en la clandestinidad desde el 10 de diciembre. Sin embargo, usa sus redes sociales para seguir pronunciándose y acreditó al exjuez Duberlí Rodríguez y a Wilfredo Robles como sus abogados.
El Congreso de la República deberá definir la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y el exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, investigados preliminarmente como coautores del delito de rebelión.
Verificación de afirmaciones
¿Es verdad que Pedro Castillo tenía que ser liberado como lo anunció?
Pedro Castillo dijo que el miércoles pasado saldría en libertad. Sin embargo, después de que la fiscalía presentara un requerimiento de 18 meses de prisión preventiva en su contra, debe permanecer detenido hasta que se resuelva su situación legal, según el artículo 264,inciso 7, del Código Procesal Penal Peruano.
¿Es cierto que Castillo no cometió rebelión como dijo su abogado?
Ronald Atencio, en una audiencia, aseveró que Castillo no había cometido rebelión, pues no se alzó en armas. Sin embargo, la Corte Suprema aclaró que el delito de rebelión no solo se comete con el uso de armamento, sino también por desconocer el orden constitucional y actuar contra otros poderes y entidades.
¿Castillo no fue notificado con el pedido de prisión preventiva en su contra?
En la audiencia de ayer, la defensa de Castillo aseguró que este no había sido notificado del pedido de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkley aclaró que sí fue notificado en la Dinoes, pero no quiso recibir la documentación.
