Por: Eduardo Morón
El Comercio, 29 de octubre de 2019
El ‘santiagazo’ no puede ser ignorado en el Perú. Pero en momentos de mucha confusión es bueno apoyarse en los datos. Primer dato es que el ingreso per cápita de ambos países se multiplicó en los últimos 30 años por un poco más de seis en Chile y por casi ocho en el Perú. La región no llegó ni a cuatro. Es decir, lo hicimos mejor. El segundo dato tiene que ver con la reducción de la pobreza. En Chile hoy bordea el 9% y en el Perú el 20%, niveles muy por debajo de lo que teníamos hace 30 años. Es decir, sí hubo progreso. El tercer dato es sobre la desigualdad de ingresos. Otra vez, en ambos países los coeficientes de Gini que miden esta desigualdad bajaron en Chile de 0,56 a 0,46, y en el Perú, de 0,53 a 0,43. Este avance está explicado porque el aumento de ingresos fue más alto en los segmentos de menores ingresos.
Hasta aquí los datos calzan con la idea de que el modelo de desarrollo basado en la inversión privada ha sido exitoso. El problema está en que no estamos evaluando qué tan bien actúa el Estado para mejorar el bienestar de los ciudadanos. El Estado tiene la tarea de mejorar las oportunidades de todos, con un énfasis en aquellos de menores recursos. Esto se expresa en la manera en cómo se cobran impuestos y diseña la política social (educación, salud, recursos). También se podría incluir lo que hace en infraestructura, seguridad y justicia como bienes públicos. Lo cierto es que cuando calculamos el coeficiente de Gini sobre el ingreso una vez que el Estado nos cobró impuestos y nos dio transferencias vía su política social, la foto no es tan halagüeña. Tanto en el Perú como en Chile, y en realidad en todo América Latina, la acción del Estado no mejora significativamente la distribución de ingresos. Cuando uno hace ese cálculo para cualquier otro país de la OCDE, el Gini baja de 0,45 a 0,30. Es decir, la acción del Estado es claramente igualadora.
La pregunta que surge aquí es si esto es consecuencia del (relativo) bajo nivel de impuestos/gastos públicos que tenemos, o de la ineficacia del Estado en darle a quien corresponde una buena red de protección social.
La narrativa de progreso social en ambos países ha sido que las reformas económicas que impulsan la iniciativa privada serían capaces de sacar a las personas de la pobreza gracias a la generación de empleo. Ese mayor dinamismo de la economía iba a otorgar recursos al gobierno vía mayores impuestos que debían servir para mejorar la calidad de los servicios para esa población que no era capaz de financiar sus propios gastos de protección social. Lo cierto es que esta ecuación dependía de dos elementos que no necesariamente han ocurrido. El primero era que estos empleos se dieran en el sector formal, y el segundo, que el Estado fuese un gestor eficaz de esos recursos.
¿Qué hacemos ahora? Las preguntas para el Perú son varias: (i) ¿aumentamos impuestos para poder construir una red de protección social más generosa?, (ii) ¿mejoramos la eficacia de la acción del Estado antes de pedir más recursos?, y ¿por qué no incluyendo más provisión privada? , (iii) ¿nos ocupamos de que sea más fácil generar empleos formales, o (iv) seguimos la receta de priorizar el aumento del ingreso per cápita? No hay duda de que hemos avanzado. Lo que no está claro es cómo seguir haciéndolo.
