El Comercio, 03 de octubre de 2017
Por Eduardo Morón, Presidente de la Asociación Peruana de Seguros (Apeseg)
El miedo paraliza. Los temores nos pueden llevar a tomar acciones irreflexivas. Pero, una vez que pasa el miedo, debemos actuar con sensatez, buscando resolver efectivamente los problemas. El problema que tiene el Perú, y que los recientes eventos en México y el Caribe han puesto en evidencia, es que no estamos en capacidad de afrontar una catástrofe de gran magnitud.
Para estar en capacidad de hacerlo, se necesitan dos cosas: recursos disponibles y protocolos de acción debidamente ejercitados. Cuando hablamos de recursos, debemos tener claridad de qué montos estamos hablando. Un sismo de gran magnitud puede representar perder entre un 20% y un 25% del PBI. La razón fundamental de que esta cifra sea excesivamente alta está en la precariedad de nuestras construcciones.
Como país, hemos dejado que 70% de las viviendas se haya construido de manera informal, sin cumplir estándares que no solo protegen vidas sino que evitan un enorme gasto de reconstrucción. La preocupación de las municipalidades ha estado sesgada a verificar lo construido para ver cuánto Impuesto Predial se podrá cobrar, en lugar de preocuparse de la idoneidad.
La otra razón detrás de este costo está en la manera en que el Estado ha construido, mantenido y asegurado su infraestructura. Se construye con poca previsión ante fenómenos naturales, y se mantiene y asegura poco o nada. El MEF ha desplegado a lo largo de estos últimos años un esfuerzo financiero para empezar a tener recursos para este tipo de eventos. Se ahorran fondos más allá de la reserva de contingencia, y se han contratado líneas de crédito contingentes.
Todo esto alcanza siempre y cuando se trate de eventos de magnitud moderada, digamos no más de 5% del PBI. Nos queda un gran espacio no cubierto que debería ser llenado con mecanismos de aseguramiento o la emisión de bonos catastróficos.
La otra parte de estar listos es tener protocolos de acción de todas las instituciones que se involucran en la respuesta de una emergencia de gran magnitud. Corresponde a Indeci asegurarse de que todos estén debidamente entrenados para que la respuesta sea la mejor posible. Esto no es solo simulacros de evacuación, sino también simulacros de atención, sistemas de redundancia desplegados, y mucho entrenamiento.
La consecuencia de no tener esto listo es que la catástrofe sea aun mayor. El impacto en la economía será brutal pues, al no contar con recursos para reconstruir lo destruido, tendremos que prolongar el período de reconstrucción. Podemos estar hablando de que, en lugar de demorarnos tres años, podemos tardar más de diez.
Además, el no tener recursos y protocolos de acción frente al desastre implicará que la lenta reacción multiplicará los problemas de salud pública y provocará que la impaciencia se vuelva violencia, distrayendo los recursos humanos a atender la seguridad ciudadana. Es obvio que todo esto impactará nuestra calidad de vida de manera importante. El susto regresa con cada terremoto fuera del Perú. No esperemos más, actuemos ahora.