David Tuesta
Perú21, 9 de enero del 2025
«Dejar proyectos en ejecución cero no solo refleja una gestión ineficiente, sino una falta de compromiso con el bienestar ciudadano».
“Casi” y “nada”, más que palabras, son realidades que reflejan el destino de miles de proyectos de inversión pública que podrían transformar vidas y mejorar el bienestar de los ciudadanos. Por un lado, están los que “casi” están listos, aquellos proyectos que han alcanzado el 85% de avance, pero que, por falta de gestión eficiente, quedan a la espera de ese último esfuerzo para volverse funcionales. Por otro lado, está “la nada”: más de 10,800 proyectos con ejecución cero en 2024, representando recursos asignados que nunca llegaron a materializarse. Todo esto nos revela el reciente informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC).
Estudios internacionales han demostrado que la inversión pública no ejecutada tiene al menos tres efectos: (i) golpea la productividad al dejar de invertir en la necesaria infraestructura básica, como carreteras, sistemas de agua potable o escuelas, frenando la actividad económica y perpetuando las desigualdades; (ii) mella la confianza ciudadana en las instituciones y erosiona la legitimidad del gobierno; y, (iii) y significa un coste de oportunidad importante dado los proyectos no realizados que podrían haber generado empleo, ingresos y acceso a servicios básicos.
No obstante, el informe del CPC nos da una luz de esperanza: hay 16,141 proyectos que superaron el 85% de avance financiero acumulado en 2024. Estos proyectos, distribuidos en los tres niveles de gobierno, están en la recta final, y su culminación podría tener un impacto significativo en el bienestar ciudadano. Cerrar estos proyectos debe ser una prioridad absoluta. El esfuerzo para completar la “última milla” no es menor. Requiere una coordinación efectiva entre entidades, un enfoque en la gestión técnica y una simplificación de procesos. Pero, su impacto sería inmediato y visible, tanto en términos económicos como sociales.
En ese sentido, el CPC propone 2 ejes de acción de corto plazo. Primero, diseñar una metodología para la habilitación de recursos para proyectos de inversión durante el transcurso del año fiscal, desarrollando una metodología que permita identificar criterios objetivos para la selección y priorización de proyectos, garantizando su continuidad. Esto limitaría que se amplíe la cartera de proyectos manejados por las entidades subnacionales, permitiendo que se concentren en la gestión de los que ya se encuentran en cartera. En segundo lugar, se propone agregar proyectos de alto impacto, escalándolos mediante gatillos y utilizando las mejores prácticas internacionales, que deberán ser encargados a unidades ejecutoras especializadas para la ejecución de estos proyectos.
Dejar proyectos en ejecución cero no solo refleja una gestión ineficiente, sino una falta de compromiso con el bienestar ciudadano. Enfocar recursos y esfuerzos en culminar proyectos avanzados es un acto de mínima eficiencia, pero con un impacto extraordinario. Cerrar la “última milla” no es solo un imperativo técnico, sino un acto de justicia hacia los millones de peruanos que esperan mejores servicios, infraestructura y oportunidades.