Odebrecht
César Azabache Caracciolo
Para Lampadia
Me dejó insatisfecho el reciente debate sobre el tercer acuerdo con Odebrecht. Dije al principio del proceso que el acuerdo en discusión, que es el tercero hasta ahora, no me gustaba. Luego que fue corregido, agregándole US$ 54 millones en intereses, pasó a parecerme aceptable, como parte de una historia inconclusa; como un mal menor que aún requiere acciones complementarias. No le encuentro sentido a disentir sobre diferencias actuales si existen vías futuras de arreglo. Creo que la línea que sigue esta historia puede enmendarse si pasamos muy pronto a definir un cuarto acuerdo para que Odebrecht compense al Estado por haber filtrado en el sistema político más de US$ 8 millones ya reconocidos y por haber sobornado árbitros (al menos a uno, que ya lo ha admitido). Creo que las cosas mejorarían si Odebrecht renuncia a cualquier laudo que este en proceso o pendiente de ejecución en contra del Estado. Y creo que mejorarían definitivamente las cosas si los activos y expectativas que aún tiene en sus manos (Olmos, Chavimochic y el reclamo potencial por su inversión inicial en el Gasoducto) pasaran a terceras manos. La Contraloría ha puesto como meta al proceso compensar US$ 375 millones en daños. Con US$ 292 millones acordados o asegurados por embargos, estamos a cerca de un cuarto del camino hacia la meta. Dicho de otra manera, tenemos 75% de avance en el proceso. Los números entonces, desde que se incorporaron los intereses, no son ya el problema.
Lo que me molesta es que hayamos perdido de manera absurda la posibilidad de plantea una discusión seria sobre lo que parece ser ya el destino final trazado de esta historia. Porque el jueves 21 nadie en el Congreso ni en el Ejecutivo pudo abordar la discusión en términos de las políticas públicas que suponen estos asuntos. Confieso sentirme decepcionado al notar que ni siquiera el Ejecutivo tiene ya claro el modo de explicar estas cosas en términos de políticas públicas en proceso.
Entonces voy a contar la historia. En el verano de 2017, cuando comenzó este proceso (yo no era por cierto ni abogado ni consultor de Odebrecht como he notado se intenta sugerir) estábamos todos discutiendo como comunidad como resolver el problema que se presentaría si se caía (y se cayó) el Gasoducto. Para entonces estaba en cartera la venta de Olmos, era posible vender Chavimochic y ya se negociaba la venta de Chaglla. La idea que surgió desde varias fuentes (eso fue una convergencia espontánea) fue que había que definir un procedimiento que permita controlar las ventas de activos de Odebrecht y capturar de alguna manera parte de la liquidez que ellas produjeran para adelantar la compensación que debía obtener el Estado. Desde el día 1 (lo dijo entonces Amado Enco, aún Procurador para otros casos de corrupción) la alternativa era intervenir los activos de Odebrecht en un día y tomar el control de los proyectos. También fue mi primera opción. Pero me desanimó notar que el experimento se habría ensayado con resultados desastrosos en el caso de Convial, paralizada eternamente después de la intervención del Estado. Sin que hubiera habido una asamblea ni nada semejante, nos pareció a muchos, algunos simplemente observadores, mejor que el Estado defina una política de promoción de transferencia de activos de Odebrecht, usar los flujos de esas ventas para que el Estado compense apropiadamente los daños producidos, y lograr que Odebrecht entregue las evidencias en su poder y se vaya.
Hay que decir que para entonces la Contraloría había marcado la línea de los daños por reparar en US$ 283 millones. La meta parecía entonces alcanzable.
Ese es el marco en que nació el DU 003. La norma contenía un mecanismo que debía permitir que el Estado se entrometa en las ventas en marcha. Porque entonces estaban marcha. El esquema fracaso porque el esquema suponía una política pública activa de promoción de ventas y no hubo política pública alguna. Luego, a mediados del 2017, la Procuraduría, antes de la designación del señor Ramírez, decidió declarar públicamente que disentía (creo honestamente que nadie le explicó a la procuraduría entonces de qué se trataba el proceso) y obtuvo una orden que paralizó la primera venta de la lista, que era la de Olmos. El proceso se paralizó, quedó inmovilizado hasta la venta de Chaglla.
En medio de la paralización la Procuraduría de Ramírez decidió promover la obtención de compensaciones por vía judicial. Para eso definió la meta de los S/ 3 mil millones. Lo criticamos muchos (me incluyo), porque la vía significaba abandonar el plan de intervención sobre ventas.
Economía y Finanzas, en medio del debate, optó por ensayar una vía para recuperar el esquema y definió reglas (esto aparentemente lo han olvidado todos), pero no para “corregir” la reparación civil, sino para limitar, del total de la “reparación meta” el monto que debía fijarse en cada caso si se recuperaba el plan original, que era promover la venta de los activos de Odebrecht para que se vaya.
Así se definió la Ley 30737. Ni la ley ni el reglamento tratan sobre “la” reparación. Es, sin duda, complejo entenderlas, pero estas disposiciones tratan sobre una cosa distinta. Tratan sobre las reglas que deben permitir medir cuanto de la “reparación meta” debe llegar a manos del Estado cada vez que se hace ya venta.
El acuerdo tercero se activó con ocasión de la venta de Chaglla. Y sobre la base de una operación de casi US$ 600 millones con US$ 300 millones de pasivos documentos el Estado obtenga casi US$ 200 millones más intereses. La ley debería usarse nuevamente si re reactivan las ventas de Olmos y de Chavimochic, y la transferencia de la posición de Odebrecht en la inversión original de Gasoducto.
Me molesta honestamente que nadie, ni en el Ejecutivo ni en el Parlamento haya explicado esto en la sesión del 21. Me lleva a pensar que el Congreso no tiene idea de lo que aprobó cuando aprobó la ley. Pero también debo decir que me sugiere que el Ejecutivo no tiene mayor claridad sobre la utilidad de las herramientas que tiene a su disposición. Y eso sí que requiere una explicación… dicho con el mayor respeto. Lampadia
