Por: César Azabache Caracciolo
Para Lampadia
El caso García está relacionado con los sobornos pagados por Odebrecht con ocasión al Metro de Lima. Conforme a las confesiones que Odebrecht hizo en Washington en diciembre de 2016 por la obra se había pagado sobornos por US$ 8.1 millones. Las últimas declaraciones registradas en el Brasil elevaron esa suma a más de US$ 24 millones. El giro producido en el cálculo de los sobornos ha acusado además un impacto severo sobre el valor total del caso, que de los US$ 29 millones reconocidos por Odebrecht en total pasan ahora, acumulando todas las revelaciones recogidas desde que las investigaciones comenzaron, a US$ 50.46 millones pagados en el Perú. Y esto aún sin considerar otros US$ 7.7 millones en fondos clandestinos entregados en campañas políticas a candidatos o representantes de hecho de candidatos de partidos políticos.
El giro operado en estas cifras cambia también la estimación sobre las ganancias ilegales que Odebrecht puede haber obtenido en el proceso. En diciembre de 2016, cuando se difundieron las confesiones originales de Odebrecht, el monto de las ganancias ilegales ascendía de US$ 143 millones. Si mantenemos las proporciones, las ganancias ilegales deberían ahora reconocerse en al menos US$ 247.25 millones. Por ende las expectativas de una compensación razonable (al menos el doble de las ganancias, como se ha establecido en Brasil) deberían alinearse hacia los US$ 494.5 millones.
Entonces el caso García está ahora en el centro de una historia que comenzó a escribirse en diciembre de 2016 y ha cambiado mucho en sus dimensiones. Pero hasta el momento en que él ingresó a la embajada del Uruguay, la noche del 17 de noviembre, la historia no lo involucraba dramáticamente.
Hasta la noche del 17 el caso en contra de García estaba basado en una sospecha. El perfil de los funcionarios que formalmente recibieron la parte de los 8.1 millones originales que ha sido documentada por la fiscalía hasta ahora no parece corresponder a los montos que están en discusión. El caso sugiere entonces que los fondos pagados tenían un destino distinto al que ha sido documentado. Pero ese destino permanece incierto, más allá de nuestras impresiones personales o de las especulaciones que podamos ensayar. De hecho, aunque a veces como comunidad lo pasamos por alto, un caso legal no depende de nuestras impresiones o de lo que podamos deducir especulativamente, sino de la evidencia; de lo que podemos probar vs. lo que podamos descartar como absurdo.
Hasta la noche del 17 la prueba del destino final de estos fondos no estaba en manos de la fiscalía. No lo está aún. Para analizar este caso en particular es imperativo reconocer que el caso García no tiene aún fuentes del nivel que muestran los casos Toledo, Humala/Heredia, Fujimori, Villarán, Moreno, Álvarez o Acurio. La reciente difusión de evidencia sobre un pago por US$ 100 mil hecho a García por Odebrecht por conferencias ofrecidas en el 2012 (parece tratarse de más de una) puede parecer sugestiva, pero no parece suficiente para marcar un punto de quiebre definitivo en la historia de un caso como el del Metro de Lima. Posiblemente sea al contrario: la insuficiencia de esta evidencia circunstancial puede justificar que la fiscalía haya pedido sólo que se prohiba a García salir del país.
Entonces García parece haberle hablado al presente de su caso cuando más allá de cualquier adjetivo lanzado al aire se allanó al impedimento de salida. Pero parece hablarle a un futuro incierto, un futuro que aparentemente él sí conoce, o teme, cuando pidió asilo en Uruguay.
La pregunta del caso consiste entonces en saber qué ocurrió en estos últimos días que ha hecho que García proceda en atención a algo que aún no ocurre a cualquier costo. De hecho, si hace unos días hubiera estado en la misma situación que le hizo cruzar la puerta de la embajada del Uruguay el sábado por la noche, pues entonces podría haber hecho lo mismo en Madrid, a millas de distancia, y proclamar desde ahí su resistencia a autoridades en las que ahora declara no confiar.
García es un personaje cuidadoso en los detalles. No es alguien que llega al Perú para cambiar de planes de manera abrupta y a costa de su imagen de político experimentado y autosuficiente. Algo tiene que haber pasado en estos últimos días, con él aquí, para que haga un giro como este.
Mirando los cronogramas oficiales, parece que el asilo corresponde más que al caso, a lo que García espera que pase en las próximas declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht en el Brasil o en las próximas entregas de evidencia que la Fiscalía está recibiendo. De hecho, ni el estado actual del caso ni el confuso clima institucional que se vive en el Perú justifican ni explican esta medida.
Al pedir asilo García se ha comprometido con el gobierno del Uruguay a probar que es un perseguido político y que el sistema legal no le ofrece recursos que puedan protegerle de la fiscalía. Al respecto hay que decir que el compromiso es audaz. En el derecho internacional la debilidad de los recursos internos para proteger a los ciudadanos o la existencia de patrones de persecución política se prueban a través de la opinión de expertos y observadores independientes y de una acumulación de hechos convergentes que ceden confirmarse en su alcance y sentido.
No encuentro que García pueda probar que estas cosas ocurren en el Perú. En los hechos, las dudas o críticas que el sistema a cargo de casos sobre corrupción acumula actualmente están dirigidas a discutir si un Juez en concreto, el Juez Concepción Carhuancho muestra o no en sus fallos un nivel suficiente de diferenciación del Ministerio Público como para asumir que procede
libre de prejuicios. En noviembre del 2016, por ejemplo, en el caso Heredia, el Juez Concepción Carhuancho registró una decisión que exhibió con suficiencia ese nivel de diferenciación que posee. Entonces la Fiscalía había pedido que Heredia sea detenida luego de viajar a Europa por cuestiones de trabajo. El Juez, lejos de aceptar el pedido, optó por ordenarle que regrese. Es cierto que desde noviembre de 2016 hasta ahora ha pasado un tiempo considerable. Pero aún no podemos saber si al terminar de revisar los pedidos de prisión preventiva del caso Fuerza 2011 el Juez mostrará nuevamente algún nivel de diferenciación respecto a la fiscalía. Si está claro que la siguiente vez que el Juez Concepción se diferencie de la fiscalía, ocurra cuando ocurra, confirmará que mantiene una razonable tasa de independencia, aunque sus fallo y su desempeño no agraden a un sector importante de la opinión pública.
Pero además el debate sobre la independencia de criterio del Juez Concepción Carhuancho no alcanza a García, porque el juez que lleva su caso es el señor Sánchez Balbuena, no el señor Concepcion Carhuancho. Tampoco le alcanza la disputa que se desarrolla al interior del Ministerio Público sobre la continuidad del Fiscal de la Nación, si tenemos en cuenta que él mismo ha expresado públicamente su respaldo a una de las partes en controversia, que precisamente se mantiene en el puesto a pesar de continuas demandas ciudadanas que buscan su renuncia.
El mismo día que García entró a la embajada García se había allanado a la única restricción que hasta ahora se ha impuesto en su contra a pedido del Fiscal Pérez Gómez. Desde el punto de vista del derecho, la aceptación de García a la prohibición de viajes al exterior implica su aceptación a la jurisdicción que debe protegerle e implica además, en medio de las discrepancias que implica un litigio, la aceptación al modo en que el Fiscal está manejando su caso. Luego de haber depositado los instrumentos de esta aceptación es inútil que pretenda que se quiere imponer contra él medidas arbitrarias o que no exista un Juez independiente que pueda protegerle. Quien se percibe a sí mismo como si fuera un perseguido político debe haber actuado consistentemente como tal. Cambios como los operados en esta historia no ofrecen el perfil mínimo que se requiere para respaldar una petición de asilo.
No entonces espacio para que el argumento sobre la persecución pueda prosperar. Pero si razones para estar muy atentos a las evidencias que de inmediato pueda recibir o publicar la Fiscalía con ocasión a estos hechos.
La secuencia que observamos es demasiado absurda para no pensar que debe corresponder a un hecho que aún no ha sucedido.
