Por: Claudia Cooper, Ex Ministra de Economía y Finanzas
El Comercio, 6 de noviembre de 2018
El problema del envejecimiento de la población es un asunto de preocupación global. El tema está en casi todos los foros referidos al futuro de los negocios y los avances de las principales industrias mundiales de salud, finanzas y márketing. En el Perú todos parecemos ajenos a lo inevitable.
Uno de los aspectos que forma parte de la importancia de una adecuada medición del envejecimiento es el bono demográfico y su impacto sobre el crecimiento de largo plazo.
Esto quiere decir que la población productiva, aquella que está en edad de trabajar, producir, invertir y ahorrar, viene reduciéndose en términos relativos frente a la población dependiente; es decir, adultos mayores o pensionistas.
Una mayor proporción de población en edad productiva representa una menor carga para la sociedad y también ayuda a impulsar el crecimiento económico, pues al estar trabajando este grupo genera productos, ingresos y acumulación de capital. Sin embargo, para que el bono demográfico se traduzca en un beneficio real, es necesario que en este breve período de productividad laboral se mejore el capital humano y se genere el ahorro adecuado para solventar eso que nadie quiere enfrentar: una vida cada vez más larga.
Para Rafael Puyón (uno de los especialistas más importantes en migraciones y envejecimiento demográfico del IE Business School), el bono demográfico se inicia en América Latina en la década del 70 y prevé que puede durar 50 años, lo que significa que ya se estaría acabando en aproximadamente una década. La CAF coincide con esta visión y prevé que el bono demográfico, para la región en general, llegaría a su fin en el 2027, aunque en el caso del Perú este se extendería 10 años más, hasta el 2038.
Hoy la opinión pública, los gobiernos y las entidades responsables de las pensiones en el mundo entero, los países de la región y sobre todo los de la Alianza del Pacífico, enfrentan el envejecimiento de la población poniendo en agenda la mejora continua de las reformas iniciadas tres o cuatro décadas atrás y discutiendo cómo adaptarlas a una realidad social, económica y laboral cambiante y retadora. Temas como la incorporación de independientes e informales, la vinculación de la pensión con la atención de la salud, los roles de las pensiones solidarias y los aportes voluntarios, la generación de una mayor rentabilidad en las inversiones y mayor competencia en la industria, la participación del Estado, etc., son áreas sujetas a constante revisión y análisis en foros especializados y políticos.
En una conferencia reciente organizada por la Asociación de AFP y la UPC, el profesor Puyol llevó la discusión del bono demográfico a un tema crucial. Inició su conferencia haciéndose la siguiente pregunta: ¿cómo definimos el envejecimiento?
Durante mucho tiempo se afirmó que una población está envejecida cuando un porcentaje de sus habitantes supera una edad determinada: los 65 años. Dado el vertiginoso crecimiento de la esperanza de vida de la población en el mundo, el porcentaje de personas que supera ese umbral crece continuamente. Así, esta definición queda obsoleta y está en revisión, y cada día se viene utilizando un umbral móvil en vez de uno fijo, basado en la esperanza de vida al nacer. Hoy en el Perú vamos en el sentido contrario. Queremos reducir la edad de jubilación para disponer de nuestro dinero y evadir la realidad de la vejez.
Hace 30 años, el tema de la protección de la vejez era más fácil. Se podía obtener más beneficios con menos contribuciones. Hoy día, la reforma de pensiones es impopular y cara y, por lo tanto, constituye un reto para los políticos. Y desmantelar el sistema, con retiros y jubilaciones adelantadas, no viene siendo opción en ninguna parte. Veremos sus efectos en poco más de una década cuando el bono demográfico llegue a su fin. Ya no falta mucho tiempo.
