Carlos Paredes
Caretas, 06 de julio de 2023
Nuevas revelaciones sobre un controvertido reportaje de Cuarto Poder vuelven a la discusión pública la relación prensa-poder y la línea que debe separar al periodismo del activismo político.
ONCE años después, se ha conocido la transcripción de una de las conversaciones que grabó subrepticiamente en Miami, el piloto peruano Jesús F. Vásquez al ex congresista fujimorista Joaquín Ramírez, en su condición de colaborador de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA. La noticia ha sido que, en las 67 páginas de la transcripción entregada en 2019 por el Departamento de Justicia a la fiscalía peruana, no aparece la rotunda confesión que supuestamente Ramírez le hizo a Vásquez en 2012: que Keiko Fujimori le entregó 15 millones de dólares para lavarlos en una cadena de grifos. Y esta supuesta lavandería millonaria fujimorista fue la acusación central de un reportaje de Cuarto Poder presentado tres semanas antes de la segunda vuelta presidencial de 2016.
Al margen de las reacciones políticas interesadas de uno y otro lado, esta revelación periodística del programa Sin Medias Tintas, que conduce Christian Hudtwalcker en Latina, vuelve a poner en la agenda publica el rigor profesional con el que se condujo un reportaje, que fue el punto de inflexión para que, finalmente, Pedro Pablo Kuczynski, se convirtiera en el presidente electo por apenas 41 057 votos.
LAS EXIGENCIAS DEL OFICIO
En el periodismo de investigación existen dos dogmas que debieran marcar el trabajo de todo reportero o equipo de reporteros. 1. Solo puedes publicar aquello que puedes probar. 2. La versión de una persona no es prueba suficiente para sostener una acusación. Por supuesto, estos no son los únicos principios que debe observar el periodismo investigativo profesional. También existen desarrollos teórico-dogmáticos sobre el reporte fiel, la calidad de las fuentes, la técnica del contraste o corroboración, la obligación de consignar la versión de los investigados o aludidos. Disquisiciones éticas sobre el uso de información reservada o de seguridad nacional, entre otros dilemas de los quehaceres de una especialidad del periodismo que permanente- mente busca descubrir información de interés público que, normalmente, el poder, en cualquiera de sus presentaciones, pretende esconder obstinadamente.
Según se ha informado desde el inicio, la investigación periodística titulada «Un ex congresista en la mira de la DEA», fue producto de una alianza entre las unidades de investigación de América Noticias y de la cadena estadounidense Univisión, que incluía compartir información y publicación simultanea de los hallazgos. Del lado nacional, lideraba el equipo el periodista Carlos Castro. Por Univisión Investiga, el veterano periodista colombiano Gerardo Reyes. Pero nada de esto lo sabía el equipo de Cuarto Poder, por lo menos los conductores Sol Carreño y Augusto Thorndike, que se enteraron de su existencia tres horas antes de su emisión en el programa. La supervisión directa del reportaje estuvo a cargo de Clara Elvira Ospina, la periodista colombiana que por varios años lideró el departamento de noticias de los canales periodísticos más importantes en señal abierta y cable del Perú. La pieza periodística en cuestión tenía básicamente dos acusaciones graves contra la candidata Keiko Fujimori. 1. Que el secretario general de su partido Joaquín Ramírez – todavía congresista en ejercicio- estaba siendo investigado por la DEA por un supuesto delito de lavado de dinero del narcotráfico. 2. Que, unos años antes, la misma Keiko Fujimori, había entregado a Ramírez 15 millones de dólares de procedencia desconocida para que éste los lave e introduzca a su primera campaña presidencial de 2011.
Sobre el primer cargo, la alianza América-Univisión había logrado conseguir el testimonio del piloto peruano Jesús F. Vásquez y un conjunto de indicios, como fotografías de éste con Ramírez o movimiento migratorio del investigado, que daban verosimilitud a su versión. Pero quizá lo más importante fue que lograron una confirmación oficial de la DEA. Fue su vocera Anne Judith Lambert acompañada por el jefe de la división de la DEA en Miami, Adolphus Wright, quienes confirmaron en la vía pública a Gerardo Reyes que si investigaban al entonces secretario general del partido que estaba a punto de convertirse en gobierno. Sin duda, que la agencia antidrogas estadounidense investigue al segundo hombre de Fuerza Popular por lavado de dinero del narcotráfico, era un hecho de alto interés público que los peruanos tenían derecho a saber en medio de una elección presidencial donde, faltando tres semanas para la segunda vuelta, ese partido, le llevaba siete puntos de ventaja en las encuestas de intención de voto a su opositor.
SIN PRUEBAS QUE MOSTRAR
En qué se sustentaba la segunda acusación del reportaje, la que aseguraba que Keiko Fujimori había entregado 15 millones de dólares a Ramírez, que fue titular indiscutible al día siguiente en la mayoría de medios locales. Solo se basaba en el testimonio de José F Vásquez, quien no guardaba la grabación de la supuesta conversación con Ramírez, producida cuatro años antes de la emisión del reportaje, ni ninguna otra evidencia o siquiera indicio para sustentar su dicho. La alianza América-Univisión tampoco investigó más allá de la versión del piloto. No indagaron, por ejemplo, desde cuándo y cómo Joaquín Ramírez o su familia habían adquirido grifos. A nombre de qué personas naturales o empresas estaban esos negocios. Si habían bancarizado esas compras y, de ser así, qué declararon ante la UIF sobre el origen del dinero. Si compraron gasolineras con algún crédito bancario o al contado. Varias preguntas que pueden responderse fácilmente con una indagación básica en registros públicos y notarías. Y, finalmente, preguntando al propio aludido. No se tenía nada más que la versión de un colaborador de una investigación preliminar de la DEA que, para ese momento, ya llevaba por lo menos cuatro años sin resultado a la vista. Pero Clara Elvira Ospina insistió, contra otras voces del programa Cuarto Poder, en emitir el reportaje ese mismo domingo incluyendo una grave acusación que carecía de pruebas. Adujo, en ese momento, y lo ha hecho en una nota publicada siete años después, que Univisión iba a sacar su reportaje incluyendo ese tema. Que, si ellos eliminaban del reportaje la versión no probada de Vásquez, América Noticias iba a quedar como un medio que favoreció a la candidata Fujimori. Es decir, la lógica era que, si su paisano Reyes se tiraba a una piscina sin agua, ella también tenía que hacerlo por miedo al qué dirán. Un argumento risible para el periodismo profesional. Queda claro que la prensa no tiene que trabajar para cubrir las espaldas de ningún candidato, tampoco con el timing de los políticos. Debe publicar una investigación cuando la tenga completa, corroborada, sin posibilidad de errores o inconsistencias. No era el caso de la tremenda acusación de José F Vásquez.
UN FACTCHECKING INDEPENDIENTE
El abogado y académico Andrés Calderón, en su libro Polítika vs Prensa, ha reconstruido los hechos que terminaron con la emisión de este cuestionado reportaje. Calderón coincide en señalar que la afirmación no corroborada de Vásquez era la parte menos rigurosa del reportaje. «Con la información que manejo hoy, creo que el reportaje no debió incluir los testimonios de Jesús Vásquez respecto de Keiko Fujimori, ya que no había ninguna otra información que se pudiera compartir al público que respaldara afirmaciones tan graves como las que él hacía”.
Andrés Calderón solicitó las versiones de Ospina. Reyes y Castro, quienes al principio respondieron solícitos pero que, finalmente, declinaron a responder. Sin embargo, sobre la base de respuestas previas -cuando les escribió solicitándoles entrevistas formales- de Reyes como de Ospina, Calderón concluye que el argumento de que ambos medios, Univisión y América, tenían que divulgar la misma acusación de los famosos 15 millones de Keiko, era infundado. Reyes le preguntó a Calderón: «¿De dónde surge la versión de que Univisión saldría con la nota si Cuarto Poder no la publicaba?».
La perspectiva del tiempo puede darnos más luces sobre esta polémica investigación periodística que sigue dando que hablar. Once años después de que la DEA inicie una investigación contra Joaquín Ramírez no se sabe nada sobre ese supuesto cargo de lavado de dinero del narcotráfico.
Ramírez, alejado de Fuerza Popular con partido propio, es alcalde provincial de Cajamarca. Mantiene su visa estadounidense, continúa viajando a Estados Unidos las veces que quiera, conserva la propiedad de un lujoso apartamento con vista al mar en la zona más cara y exclusiva de la avenida Collins en Miami Beach. Sigue siendo dueño de otro apartamento en la no menos exclusiva zona de Brickell, también en Miami. Quizá la única novedad de esta investigación es que uno de los dos agentes para los que colaboraba el piloto peruano Jesús F. Vásquez, el puertorriqueño José Irizarry, se ha declarado como «el agente más corrupto de la historia de la DEA». Una rigurosa investigación de los periodistas Jim Mustian y Joshua Goodman de la agencia Associated Press (AP) reconstruye fielmente su increíble vida de agente especial de la DEA. Irizarry está condenado a 12 años de prisión, recluido en una cárcel federal en Tampa, en la Florida, después de haber admitido conspirar con cárteles colombianos de la droga a cambio de mucho dinero, que le permitía llevar un ritmo de vida frenético con viajes, autos deportivos de alta gama, joyas y amantes alrededor del mundo. El enlace de Vásquez en la DEA, le declaró a AP que no caerá solo, ha acusado a varios de sus colegas de haberse unido a operaciones encubiertas de lavado de dinero del narcotráfico para financiarse una década de vida de ricos y famosos. Curiosamente, el agente Irizarry era parte del «Team America» (Equipo América), una operación encubierta de la DEA que investigaba cómo lavaban su dinero los principales cárteles de la droga de esta parte del mundo. Con todo lo narrado podríamos concluir que para la agencia antidrogas estadounidense el súbito enriquecimiento de Ramírez no tendría relación con el narcotráfico, quizá sean razones más pedestres como el exitoso modelo de negocio que consistía en estafar a miles de estudiantes y familias con el cuento de la carrera universitaria a precios razonables. La otra opción sería que, el caso Ramírez, haya sido una farsa más del autoproclamado agente más corrupto de la DEA.
PRENSA Y PODER
El caso Ramírez revive la importancia de tener una prensa de investigación rigurosa, sin camiseta política ni sesgo de cualquier tipo a la hora de hacer su trabajo. También prende los flashes sobre Clara Elvira Ospina, la periodista que ha controlado el contenido periodístico del medio más influyente en los sectores populares del Perú. Todavía tiene control editorial de un medio digital. Una poderosa editora de prensa que ha administrado contenido periodístico con evidentes intereses políticos, como ha quedado claro en este caso. También en las acusaciones contra Martín Vizcarra que se conocían en Moquegua desde la campaña del 2016. En el caso Vizcarra, nuevamente, la dupla Ospina-Castro, directora general de prensa de América Noticias y jefe de la unidad de investigación, decidieron no publicar una sola de las investigaciones del reportero Eduardo García, quien viajó a la zona para recolectar evidencias, testimonios, investigaciones fiscales y judiciales. Me consta que García fue uno de los primeros periodistas de Lima que encontró las evidencias del pasado corrupto de Vizcarra en su tierra. Lo comprobé cuando viajé a la ciudad de Moquegua y al puerto de Ilo para escribir El Perfil del Lagarto. Ospina se negó a publicarlas en Cuarto Poder las denuncias contra Vizcarra en el 2016. Tampoco lo hizo después. Castro me dijo, a manera de justificación, que las denuncias no estaban probadas. Después, esas mismas denuncias fueron corroboradas por los corruptores de Vizcarra quienes, acogidos a la colaboración eficaz en la investigación fiscal llamada «El Club de la Construcción», delataron al exgobernador de Moquegua. Graves acusaciones que sirvieron para que el Congreso de la República, con 105 votos a favor, vacará al expresidente en noviembre del 2020.
El tiempo le ha dado la razón a García, quien dejó la unidad de investigación de América Noticias por la censura de su investigación.
Pero, valgan verdades, la acusación gratuita contra la candidata Fujimori no fue lo que decidió la elección presidencial del 2021. Fue lo que el fujimorismo hizo como control de daños a la bomba atómica difundida la noche del domingo en horario estelar. La operación, que hacía recordar las peores épocas del fujimontesinismo, la dirigió José Chlimper. Fue des cubierta gracias a la entereza de la reportera Mayra Albán y terminó volteando miles de votos. Pero este autogol fujimorista nos daría para otra columna.
