Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 5 de marzo del 2025
«El sector agro exportador es un pilar fundamental de la economía y el principal generador de empleo formal descentralizado. La imposición de una carga del 30% sobre la remuneración básica desvinculada de la productividad laboral ha mermado su competitividad, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector», destacó Alfonso Bustamente Canny.
Hace pocas semanas, Telefónica del Perú se declaró en reestructuración financiera ante el Indecopi, la empresa mantiene una serie de controversias fiscales y regulatorias con el Estado peruano, lo que ocasionó que Telefónica S.A. presentara una demanda de arbitraje ante el CIADI por 1,122 millones de euros, cuya resolución es inminente. De resultar adversa al Estado peruano, Telefónica de España recibirá una gigantesca compensación por daños y perjuicios y perderemos además a un competidor en telecomunicaciones. Todo por una regulación que olvidó que su principal función es la de promover inversiones y regular un sector que, por naturaleza, la competencia fuese imperfecta. La tecnología cambió y hoy existe abundante competencia entre las telcos. Desaparecieron los teléfonos fijos y pronto lo harán los decodificadores de TV. Lo único que no cambió fue el reglamento de Osiptel. Es tiempo de desregular las telecomunicaciones.
Los apagones eran cosa de todos los días en los 80, algunos por el constante ataque terrorista a torres de alta tensión y otros, sin embargo, provenían de la precariedad del sistema eléctrico nacional. Casi la mitad de la población carecía del servicio eléctrico domiciliario. Con la privatización de las empresas eléctricas y un marco regulatorio atractivo llegó el capital, ampliando las fuentes de generación, mejorando las redes y pronto, la cobertura llegó al 98% de los peruanos. Hoy Osinergmin ha perdido el espíritu promotor y predomina su carácter punitivo y sancionador, imponiendo cuantiosas multas por errores de registro y otros reportes administrativos.
El reciente apagón de Chile debe llamar nuestra atención, ya que obedece a que el socialismo, que impidió el desarrollo de un polo hidroenergético en la provincia austral de Aysén, también sustituyó un comité de operación económico del sistema eficiente y con pocos actores privados por más de una centena de burócratas que terminaron por deteriorar el ya debilitado sistema.
El sector agro exportador es un pilar fundamental de la economía y el principal generador de empleo formal descentralizado. La imposición de una carga del 30% sobre la remuneración básica desvinculada de la productividad laboral ha mermado su competitividad, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector. El Bono BETA amplía la brecha salarial con la agricultura informal, afecta la formalización del sector y desincentiva nuevas inversiones. Conscientes de que los derechos laborales son irreivindicables, su enmienda debe provenir del incremento en la productividad laboral a fin de equipararla con la remuneración asignada. Mientras se alcance ese objetivo, es urgente la promulgación de una nueva ley agraria que aborde esta problemática y corrija las distorsiones existentes.
Adicionalmente, el comercio exterior enfrenta desafíos derivados del nuevo proteccionismo, con políticas arancelarias que podrán afectar el acceso a mercados clave y poner en riesgo la competitividad de los productos peruanos en el exterior. Frente a este panorama, es fundamental que el país fortalezca su marco comercial y reduzca las cargas regulatorias que dificultan la capacidad de respuesta de las empresas ante cambios en el escenario global.