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Alejandro Falla Jara

Fortaleciendo a los reguladores

Por: Alejandro Falla Jara

Lima-Perú, 22/02/2018 a las 03:02pm. Por Alejandro Falla Jara

Por Alejandro Falla, Socio de Bullard Falla Ezcurra
El Comercio, 21 de febrero de 2018

El año pasado se hizo pública la intención del Congreso de revisar el diseño de los organismos reguladores (Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass). No está mal. Se viene demandando una revisión en profundidad del rol que desempeñan este tipo de entidades. En los últimos años se han venido registrando signos preocupantes de debilitamiento de este modelo de regulación.

Este proyecto ha seguido caminando. A diferencia de la mayoría de proyectos que se cocinan dentro del Congreso, este viene teniendo un proceso transparente y público de discusión con los actores involucrados (reguladores y regulados) fuera del Congreso. Se han realizado al menos dos eventos en ambientes académicos (Universidad del Pacífico y ESAN) donde se han discutido los alcances de la problemática de estas entidades. Ojalá otros proyectos siguieran esta misma dinámica que al final sirve para su mejora y legitimidad.
 
En términos generales todo indicaría que se busca fortalecer la independencia de los organismos reguladores, forzándolos a su vez a ser más transparentes y a rendir cuentas de sus actuaciones. Esto parece bueno. Pero hay que ver la letra chiquita.

Parece bueno cuidar la intangibilidad de los fondos de los reguladores. No queremos que los aportes por regulación terminen siendo usados para financiar la construcción de viviendas para la policía o campañas del Reniec para dotar de identidad a ciertos grupos poblacionales. Los aportes por regulación no deben ser usados como caja chica del Ejecutivo. Pero también hay que cuidar que sean eficientes en la forma cómo definen sus presupuestos y realizan sus gastos. No es poca plata la que manejan (S/600 millones). Algunos tienen presupuestos superiores al del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

A diferencia de otras entidades, los reguladores pueden dictar normas que afectarán la vida de los agentes regulados y de los consumidores de los servicios. Parece bueno que se reconozca que deben hacer un análisis previo de impacto regulatorio de las decisiones que adoptan. Pero hay que colocarles incentivos que los fuercen a hacerlo. Desde el año 2000 –fecha en que se aprobaron los reglamentos de organización y funciones de estas entidades– están obligados a hacer una evaluación previa de costo-beneficio de sus decisiones. Pese a ello, no lo han hecho de manera seria. Sin un mecanismo de supervisión externa con dientes afilados, es difícil que cumplan esa obligación. Podrían mejorarse los mecanismos de control externo u obligárseles a incluir siempre un plazo de vigencia en toda regulación que aprueben (no mayor a tres años), forzándolos de esta manera a revisar periódicamente sus propias actuaciones.

Se cae de madura la necesidad de modificar el mecanismo de designación de los integrantes de los consejos directivos de los reguladores. El proceso es un límite para atraer candidatos para estos cargos. Pero hay que mirar también la estructura interna de dichos consejos. No parece saludable mantener un esquema donde el presidente está a tiempo completo y el resto solo atiende por horas. Bajo este esquema, no hay balance y el riesgo de caer en manos de los fantasmas de ciertos individuos se incrementa. El proceso de este proyecto continuará en la siguiente legislatura. Esperemos que la dinámica de discusión que se ha tenido hasta la fecha se mantenga. Hay bastante pan por rebanar.

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