Por: Gabriel Sánchez Zinny
(El País, 01 de Agosto del 2014)
En la sociedad del conocimiento en la que vivimos en este siglo XXI, el capital humano es el principal activo de un país, de una empresa, de un individuo. En particular, en economías emergentes es la única forma de pasar a un nuevo estadio de desarrollo, que demanda mayor competitividad y productividad, es aumentar substancialmente los niveles de capital humano.
Sin calidad educativa, como es la situación en América Latina de acuerdo a los indicadores internacionales, y con enormes disparidades educativas según niveles de ingreso, es imposible acumular este capital, tan necesario para continuar con el crecimiento económico de la región y la disminución de la pobreza.
Generar capital humano es una responsabilidad de todos en una sociedad. Dada su profunda importancia, y el hecho de que la educación es un bien público, los Estados nacionales la garantizan, al menos el acceso a la escuela, aunque no logran igualdad calidad para todos. Todos los sectores económicos y sociales de un país deben considerar la educación como una prioridad.
Como dice Harry Patrinos, especialista del Banco Mundial, “en las economías emergentes, en países de bajos ingresos, demasiado se espera de los gobiernos. Estos son proveedores, financiadores, reguladores y también se les pide innovar. Esto no se requiere de los gobiernos en los países de la OECD”.
En particular el sector privado, con y sin fines de lucro, tiene un rol importantísimo que jugar. Por un lado, en general conforma el mayor demandante de recursos humanos en un país, y como tal, tiene un conocimiento particular de qué tipo de habilidades y capacidades el sistema educativo debería proveer. A pesar de eso, todos los estudios muestran una gran desconexión entre la demanda laboral y la oferta educativa. Es necesario que haya mayor diálogo entre gobiernos y el sector privado en lo que a educación se refiere.
El sector empresarial ha comenzado a involucrarse de muy diferentes formas. Por un lado, en las últimas décadas las empresas han aumentado sus presupuestos de responsabilidad social corporativa, con un especial énfasis en educación. Para citar solo un país, en Colombia, según la encuesta más reciente conducida por la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), la cual entrevistó a trescientos presidentes de distintas compañías, “lograr la educación primaria universal” es la prioridad del más del 40 por ciento de ellos.
La entrada de capital privado en las universidades lanza un debate sobre cómo impacta la salida laboral de los estudiantes y sus niveles de deuda posteriores
A su vez, el sector educativo está atrayendo mucho capital privado, en particular a nivel universitario. Empresas y fondos de inversión como Laureate, Whitney Education, Debry, han invertido más de 1 billón de dólares en comprar y expandir universidades en toda la región, generando algo de controversia en el camino, y lanzando un debate sobre cómo esto impacta en la calidad de la enseñanza, en la salida laboral de los estudiantes y sus niveles de deuda posteriores.
También se observa en la región mayores niveles de inversión social de impacto impulsada por instituciones como el Multilateral Investment Fund, y otros fondos como Acumem, Fundacion Inicia, New Ventures en Mexico, Velum en Colombia, conscientes de que hace falta mayor innovación en el sector educativo y de que emprendedores, con o sin ánimo de lucro, pueden generar una diferencia en iniciativas que pueden luego ser escaladas y masificadas por los gobiernos.
El sector privado está generando también una nueva ola de emprendimientos tecnológicos enfocados en la educación, que pueden ser importantes para servir a una creciente demanda de alumnos que están surgiendo en la región, debido al aumento de la clase media y al tan comentado bono demográfico.
Este aumento del capital privado en los sistemas educativos de América Latina está generando nuevos y viejos debates. Tal vez el primero se refiere a la calidad. Sabemos que los sistemas educativos no están generando calidad, ¿pero la generará el sector privado? A su vez, ¿qué regulaciones hacen falta para fomentar estos nuevos actores, estas innovaciones, pero asegurando igualdad de oportunidades para todos los estudiantes sin importar sus condiciones de ingresos? ¿Cómo lograr evaluaciones sistemáticas de maestros y alumnos, para que todo el sistema cuente con mayor información que le permita elegir mejor a las familias y alumnos?
Sin mayor innovación será muy difícil alcanzar a los países más desarrollados en sus niveles de acumulación de capital humano, y pareciera que el sector privado es el mejor preparado para traer esa innovación al sector, pero no puede hacerse sin un Estado que asegure un acceso a estas nuevas oportunidades para todos los estudiantes de la región.
