El sicariato se extiende, así como los parricidios, los crímenes pasionales, los feminisidios y los robos y hurtos. Tan solo hace unos días el ex consejero regional de Ancash y voceado candidato a la presidencia de dicha región fue emboscado por asesinos a sueldo. Desde el 21 de enero a la fecha se han reportado al menos seis casos, entre ellos el crimen de Carlos Burgos Gonzales, hijo del alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos.
Antes de estos dos últimos casos hubo otros tres similares. La mayoría de ellos contra empresarios que venían siendo extorsionados. El empresario Santiago Flores Santana fue asesinado dentro de una chicharronería en Breña. El 28 de enero, varios sicarios mataron a otro empresario, Belisario Ramírez, en Chorrillos. El martes 21 de enero unos asesinos a sueldo mataron a un empresario en Zárate, la misma zona donde fue asesinado Carlos Burgos Gonzales, hijo del alcalde de San Juan de Lurigancho.
Asesinatos de empresarios y políticos, demuestra que la criminalidad organizada lo ha puesto en un blanco. ¿Por qué? El caso de los empresarios parece claro: la extorsión. Una modalidad delictiva que parece acrecentarse peligrosamente. Esta modalidad es sumamente dañina para la sociedad, no solo por las consecuencias obvias, sino porque encarece los costos de operación empresarial.
Como señala el IPE, «aunque aún no existe un cálculo para el Perú, las estimaciones que existen para los países de la región dan cuenta de un mínimo de 2.5% del PBI en Costa Rica y 10.5% del PBI en Honduras para el año 2010. Si nos basamos en estos estimados y considerando los índices de criminalidad relativos, la cifra para el Perú representa un costo enorme de varios puntos del PBI al año».
¿Quiénes pagan estos costos? Todos los ciudadanos. Se pagan impuestos para solventar los gastos de la policía, se pagan arbitrios para que los serenos municipales nos resguarden, se pagan a huachimanes, porteros y otros para cuidad las calles y residencias. Tres pagos para un mismo servicio: seguridad. Y eso que en algunos distritos y barrios se organizan rondas vecinales
La ola criminal afecta a todos. De acuerdo a la encuesta de Datum Pulso Perú, la sensación de inseguridad en Lima alcanza el 96%. En el sur del país, llega al 84% de ciudadanos, en el norte y el oriente al 81%. En el centro, se registra porcentaje más bajo, 78%. En realidad, el 80% de los peruanos se siente inseguro en las calles. Un porcentaje altísimo que explica la razón por la cuál es la principal preocupación de los ciudadanos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó recientemente el Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 “Seguridad ciudadana con rostro humano”. El estudio realizado en varios países latinoamericanos (incluido el Perú) explica, en parte, porque el crecimiento económico y la reducción importante del desempleo, la pobreza y la desigualdad han venido con frecuencia asociados a un preocupante incremento de los delitos. «Según el PNUD, esto se debe, principalmente, a cuatro factores: (1) si bien el crecimiento económico ha contribuido a la reducción de la pobreza y la desigualdad, la persistencia de éstas ha contribuido a la generación de entornos de vulnerabilidad en los que una porción de los individuos optan por la vía delictiva como una forma de vida; (2) cambios en la estructura familiar sesgados hacia el incremento de familias monoparentales, alta deserción escolar y crecimiento urbano acelerado; (3) los “facilitadores” del delito, como el abuso de drogas y alcohol y la relativa sencillez en la obtención armas; y (4) la falta de capacidad del Estado (policías, jueces, ministerio público y cárceles) para hacer frente a la inseguridad».
Si bien la seguridad ciudadana es una obligación del Estado, este es sumamente ineficiente. Eso se comprueba no solo con la percepción de inseguridad, sino con otros indicadores alarmantes. Por ejemplo, para el año 2013 sólo el 46% del total de los presos fueron condenados. Es decir, el 54% de ellos (36,670 personas) se hallan presos sin condena. Pero un indicador claro de la ineficacia del estado se halla en el porcentaje de presos que pertenecieron a las fuerzas armadas o policiales en el Perú: nada menos que 24.9%. Un porcentaje muy superior al de países como México (10.1%), Argentina o Brasil (6%).
Es increíble que la cuarta parte de los delincuentes encarcelados haya sido formados para proteger a la población y hacer cumplir la ley. Es lamentable esta situación, pues es gente que ha sido instruida por el propio Estado en el uso de armas y luego emplean ese conocimiento para atentar contra la población que con sus impuestos pagó por esta formación. Esta es una prueba de la alta corrupción policial, por ejemplo.
Está claro que es necesaria una cruzada nacional para detener el crimen antes de que se llegue a niveles como los de Colombia y México. Las soluciones tienen que ser multisectoriales y no pueden quedarse solo en incrementar las penas. Es hora de empezar a diseñar políticas drásticas e integrales.
Ejemplo de acción: La corrupción policial en Hong Kong hace 25 años.
(Testimonio personal de Pablo Bustamante, entonces Presidente de IPAE)
“A mediados de los años 90 se organizó en el Perú el Primer Congreso Internacional Anti-Corrupción. Uno de los asistentes que venía de Hong Kong, me comentó que ellos habían hecho todo tipo de esfuerzos para parar la corrupción policial. Nada funcionó, no se podía arreglar desde adentro y tampoco se podía intervenir la institución desde afuera. La decisión fue empezar de cero.
Contrataron a oficiales jubilados de Scotland Yard de Gran Bretaña y de la Policía Montada de Canadá para que formen una nueva institución policial, aparte de la existente, y empezaron a reclutar nuevos policías. La policía tradicional hizo inmediatamente una huelga muy agresiva, el gobierno tuvo el temple de aguantar, hasta que se pudo establecer una negociación muy interesante: se podía admitir a los antiguos policías en la nueva estructura policial, bajo exámenes muy estrictos y reglas de comando y control severas. El cuerpo anterior murió por inanición y nació una institución policial de mucho mejor nivel. Luego agradecieron a los extranjeros por sus servicios”.
Como decían los abuelos: más vale un momento colorado, que mil amarillos.
A veces hay que tomar decisiones complicadas para avanzar en las reformas, imposibles, pendientes que el Perú no puede afrontar aún.
¿Qué podemos hacer los peruanos para reformar la Educación, la Policía y el Poder Judicial?
