La crisis humanitaria que pasa nuestro país vecino Venezuela lejos de encontrar término, se prolonga y la inmigración masiva ya empieza a pasar factura a los países de la región, en especial, Colombia. Un reciente artículo escrito por The Economist, que compartimos líneas abajo, precisa los pormenores que los gobiernos ya están enfrentando para lidiar con lo que se ha denominado como “El éxodo más grande de América Latina”. Brookings Institute proyecta que, al 2020, esta afluencia de venezolanos se dispare a 8 millones, una cifra grotesca que debería llamar la atención a la comunidad internacional a incrementar la ayuda externa. A continuación, un gráfico que muestra cómo se estructura esta movilización.
Y es que el problema ya no solo se reduce a la provisión de servicios públicos, que de por sí ya representa un gran porcentaje de los presupuestos gubernamentales, ni el incremento de la informalidad y la caída de los salarios, en un contexto de desaceleración económica de la región; también se ha complicado lidiar con un creciente descontento de la ciudadanía en torno a la delincuencia de una minoría de grupos, que lamentablemente, ha valido el rotundo rechazo de las ciudadanías hacia el inmigrante venezolano promedio.
Lo que es peor, lejos de ser objeto de la agenda prioritaria de las políticas públicas de los gobiernos, esta problemática es usualmente aminorada o pasada a segundo plano, cuando debería ser aprovechada para gatillar el crecimiento potencial de los países, un tema urgente en el Perú, por el capital humano calificado que estaría predominando entre la mayoría de venezolanos, varios de los cuales, cuentan con educación superior universitaria o técnica.
A estas alturas, es certero que la dictadura chavista de Nicolás Maduro no afrontará una salida pacífica, dentro de los cauces constitucionales. Como hemos reflexionado en anteriores oportunidades, la clave estaría en inducir un colapso en las cuentas fiscales del nefasto dictador desde sus principales fuentes de financiamiento; entre las que destaca Cuba. Ello conllevaría a forzar su salida lo más pronto posible y sin violencia alguna.
En lo que respecta al Perú, es imperativo que el gobierno sostenga su posición en contra de la dictadura de Maduro y siga reconociendo a Juan Guaidó como verdadero presidente interino de Venezuela. En lo relacionado a la inmigración, urge tomar medidas en el plano laboral, en particular, una urgente reforma laboral que pueda flexibilizar y facilitar los procesos de contratación y despido, de manera que se pueda enfrentar satisfactoriamente este gran éxodo venezolano y no se incremente la informalidad laboral, que de por sí ya es alta en nuestro país para su actual nivel de desarrollo. Ello incluye por supuesto también medidas en el plano de la educación superior, como validaciones de certificados estudiantiles, de manera que las habilidades de esta población pueda ser mejor aprovechada por empresarios formales. Nuestros vecinos venezolanos merecen todo el apoyo que se les pueda dar. Lampadia
Cae la oscuridad
Millones de refugiados de Venezuela están agotando la hospitalidad de los vecinos
Continúa el éxodo más grande de América Latina
The Economist
14 de setiembre, 2019
Traducido y glosado por Lampadia
Bogotá, Lima, Puerto de España, Quito, Santiago y Sao Paulo. Katalina, una estudiante de enfermería de 20 años de Barquisimeto en el noroeste de Venezuela, huyó el año pasado cuando las condiciones de vida se volvieron intolerables. Pasó 11 meses en Perú, pero sus anfitriones fueron hostiles hacia los migrantes venezolanos, especialmente las mujeres, y encontró poco trabajo. Entonces, en junio, se mudó a Chile, llegando justo cuando su gobierno endureció las reglas para los venezolanos que ingresan al país y comenzó a expulsar a aquellos sin los documentos adecuados. Se escabulló a través de la frontera por la noche, temiendo que pisaría una mina terrestre plantada por Chile en el desierto en la década de 1970. Ahora se está quedando con un amigo en Santiago, la capital de Chile, esperando el permiso para quedarse. «Todo lo que quiero es que mi situación se regularice», dice ella.
Las barreras no impedirán que los venezolanos huyan del caos y la represión en casa. El éxodo podría superar los 8 millones, una cuarta parte de la población, para fines de 2020, a menos que la democracia y la estabilidad regresen, predice la Institución Brookings en Washington. Incluso entonces, no todos volverán; los que lo hagan les tomará tiempo. «Estamos analizando un conjunto complejo de necesidades para los próximos dos años, incluso si hoy existe una solución política», dice Eduardo Stein, representante de los migrantes venezolanos de la agencia de refugiados de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones.
Hasta ahora, el mayor desplazamiento de personas en la historia de América Latina ha ocurrido sin mucho alboroto internacional. En parte, esto se debe a que ha tenido lugar principalmente por tierra, sin ser provocado por la guerra o los desastres naturales. Cuatro quintos de los migrantes se han quedado dentro de la región. La buena gracia con la que la mayoría de los países vecinos los han recibido hasta ahora ha permitido que otros ignoren la crisis. Los donantes externos han dado solo US$ 100 por cada migrante venezolano, en comparación con US$ 5,000 por cada uno de los 5.6 millones de refugiados de Siria.
Pero a medida que la crisis de Venezuela se prolonga, los países de destino están retirando su cálida bienvenida inicial. Los refugiados recientes son más pobres que los de las oleadas anteriores. Están llegando a países donde el crecimiento económico es lento, los buenos empleos son escasos y los presupuestos para la salud y la educación se estiran. Las primeras promesas de cooperar en el tratamiento del flujo de migrantes se están incumpliendo. Los portazos se suman al número de inmigrantes ilegales, que son vulnerables a la explotación por parte de los empleadores y al reclutamiento por parte de grupos criminales.
Aumenta la carga sobre Colombia, que sigue siendo el más abierto de los países de destino. Esto se debe en parte a que no puede vigilar su frontera de 2,200 km (1,400 millas) con Venezuela. La afluencia se suma al desorden en una frontera ya plagada por grupos guerrilleros respaldados por Venezuela. Ahora Colombia debe hacer frente a una acumulación en su frontera sur de refugiados que esperaban ingresar a Perú y Ecuador. Aunque es probable que los venezolanos impulsen el crecimiento económico en sus nuevos países, pocos gobiernos aprecian la oportunidad.
Más visibles son aquellos que aparecen en las esquinas para vender dulces o mendigar. Los trabajadores no calificados aumentan la fuerza laboral informal, en países donde una gran proporción de los empleos son informales. Muchas mujeres en Trinidad encuentran trabajo en bares y clubes, a veces una puerta de entrada a la prostitución. En Boa Vista, la capital de Roraima, la población de 400,000 ahora incluye más de 50,000 venezolanos. «Perdimos el control de la ciudad», dice su alcalde, Teresa Surita. La falta de vivienda en las ciudades de la frontera de Colombia con Venezuela se ha disparado.
Aunque están dejando entrar menos venezolanos, los gobiernos están tratando de proporcionar servicios a los que ya han llegado. Eso es una lucha. Los hospitales en Roraima tienen escasez de personal, en parte porque Cuba retiró a sus médicos ante la hostilidad del presidente derechista del país, Jair Bolsonaro. El gobierno de Colombia estima que el costo de brindar atención médica, educación y otros servicios a los venezolanos será del 0.5% del PBI este año, aproximadamente una quinta parte de su déficit presupuestario esperado. Ecuador, cuyo gobierno altamente endeudado ha tenido que acudir al FMI en busca de ayuda financiera, gastará US$ 170 millones al año en salud y educación para los titulares de una «visa humanitaria excepcional» y los venezolanos que llegaron antes de que entrara en vigencia la regla de la visa.
«La gente solía sentir lástima por [los venezolanos], pero ahora hay miedo al crimen», dice Amparo Goyes, un residente de Tumbaco, un suburbio de Quito, la capital de Ecuador. En enero, el apuñalamiento de una mujer ecuatoriana embarazada por parte de su ex novio venezolano desencadenó ataques contra migrantes en la ciudad norteña de Ibarra y contribuyó a la decisión de endurecer los requisitos de entrada. Una encuesta realizada por el gobierno peruano encontró que el 86% de los peruanos esperan ser víctimas de un crimen el próximo año.
Tales tensiones son actitudes endurecedoras. Una encuesta de Gallup publicada en junio mostró que el apoyo entre los colombianos para aceptar refugiados cayó por debajo del 50% por primera vez. La «imagen negativa» de los venezolanos aumentó al 67%, su nivel más alto. Una encuesta de los chilenos por Cadem, una encuestadora, publicada en julio encontró que el 73% aprobó la represión del gobierno y el 83% respaldó las restricciones a la inmigración. En Trinidad, los políticos opositores han pedido controles más estrictos sobre los venezolanos.
Colombia no tiene esa opción. Ha sido un ejemplo, emitiendo permisos que permiten que 700,000 venezolanos trabajen y reciban servicios públicos durante al menos dos años. Planea emitir un permiso para los migrantes sin los documentos correctos, permitiéndoles quedarse si encuentran un empleador. En marzo, la mayoría de los partidos con miembros en el Congreso firmaron un pacto prometiendo no provocar resentimiento contra los venezolanos en las campañas para las elecciones regionales que se realizarán el próximo mes.
Pero las nuevas barreras de sus vecinos están poniendo nerviosa a Colombia. Un alto funcionario dice que la cooperación entre los países de destino comenzó bien, pero en los últimos cuatro meses ha retrocedido. Recientemente, Colombia pidió a sus vecinos que abrieran un «corredor humanitario de frontera a frontera». Ecuador acordó dejar pasar a los inmigrantes con visas para otros países. La ONU ha instado a todos los países de la región a que den a los venezolanos los derechos de los refugiados, bajo la presunción de que quedarse en casa los pone en riesgo.
Lo único en lo que todos los países receptores están de acuerdo es que necesitan más ayuda externa. La ONU ha recaudado menos de un tercio de los US$ 738 millones que buscó en 2018, principalmente de los EEUU. En la Asamblea General de las Naciones Unidas este mes, el presidente de Colombia, Iván Duque, encabezará un llamamiento regional para obtener más información. «Desafortunadamente, el mundo no ha visto esto como una crisis global», dice David Smolansky, un alcalde venezolano exiliado que dirige el grupo de trabajo de migrantes de la Organización de Estados Americanos. Para que América Latina continúe haciendo frente tan bien como lo ha hecho, eso debe cambiar. Lampadia
