Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
En febrero de este año planteaba la necesidad de desarrollar en el Perú un equipo de funcionarios de Estado, que tengan la posibilidad de ser formados con altas calificaciones, valores y tradiciones, a quienes se les dé la oportunidad de desarrollar una carrera pública.
En mi opinión, es muy importante contar con un cuerpo técnico, no político, estable en el tiempo y que perdure por varios gobiernos. En esa lógica, sólo los ministros y los viceministros serían figuras políticas, parte del gobierno de turno. La “planta estable” serían los Directores Generales y Directores que llegarían a estas posiciones por méritos a lo largo de tal carrera pública. Son los que conocen el aparato y sus normas reglamentarias, aquellos que trabajan permanentemente en la mejora continua de la cosa pública y que cuentan con el conocimiento que le permita advertir a ministros y viceministros de las normas y los márgenes dentro de los que el poder político se puede mover.
El Perú no ha hecho el más mínimo esfuerzo por desarrollar este esquema que, ciertamente, sí funciona en la cancillería, en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con muy buenos resultados. Valga resaltar que profesionales calificados y preparados por el BCRP han sido la cantera que ha nutrido al Estado de muchos técnicos y especialistas para cubrir posiciones relevantes en organismos públicos.
Como lo antes mencionado no ha sido una doctrina en el aparato público, nos hemos visto obligados a convocar a profesionales debidamente calificados para ser incorporados como asesores y altos ejecutivos de los distintos ministerios y organismos reguladores y supervisores. Resulta a estas alturas una mezquindad negar los grandes aportes de profesionales jóvenes al Estado, los que llevaron consigo no sólo su profesionalismo, sino toda la experiencia acumulada en el sector privado y comprensión de la actividad empresarial privada, para volcarla luego en favor del aparato público, tanto en lo normativo como en la actividad regulatoria y de supervisión. Cuanto quisiera que, también en lo concerniente a la gestión y gerencia de las actividades del Estado se hubiese hecho el mismo esfuerzo y aplicado la misma receta; si fuera así, no hubiéramos tenido los fracasos que venimos afrontando en el manejo de las actividades para controlar el COVID-19 y la conducción de los programas de bonos, distribución de alimentos, facilidades de agua a poblaciones vulnerables, compras centralizadas y eficientes, solución rápida de instalaciones y facilidades médicas, así como la logística integral de esta crisis y las anteriores. Hubiéramos sido capaces de aplicar soluciones de sistemas de información, geomática, aprovechamiento de bases de datos, conectividad a sistemas de banca telefónica, etc. Y por supuesto, no nos encontraríamos a cada paso con actitudes reactivas y de desconfianza de los funcionarios respecto a propuestas de; sistemas y procesos ya desarrollados en el sector privado, que, han recibido como respuesta, “vamos a desarrollar nuestro propio sistema”. Por Dios, ¿en pleno zafarrancho querer inventar la rueda que ya está disponible en el mercado?
En este marco y hasta que formemos con “Servir”, probablemente, a los gerentes requeridos para una gestión eficiente del aparato estatal, tenemos una legislación que impide a los funcionarios del Estado incorporarse a la actividad privada en empresas que actúan en el mismo sector por un lapso de 1 año y cuando estos vienen del sector privado, deben abstenerse de participar en temas en los que pueda haber información privilegiada o conflicto de intereses. Lo dicho está normado en el artículo 97 del texto único ordenado de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, debidamente reglamentada. Obviamente, si incumplen la ley se debe aplicar las sanciones correspondientes.
Pero ahora resulta que un congresista ha planteado un proyecto de Ley para impedir que se produzcan las “puertas giratorias” entre el sector público y privado, impidiendo que se pueda incorporar a los niveles más altos de la gestión pública a quienes hayan actuado, en un plazo previo de menos de 10 años como gerentes, directores o accionistas de empresas relacionadas al sector, así como, impedir que, al cese de tales funciones públicas pueda retornar a la actividad privada por 10 o 5 años (a ser definido por reglamento del ejecutivo) según el caso.
Lo primero que quiero resaltar es que, para poder normar, regular y supervisar una actividad se requiere un profundo conocimiento de tal actividad y experiencia en ella. En segundo lugar, ya hemos mencionado que no hemos formado gerentes ni directores que hayan logrado la excelencia profesional requerida para estas funciones a nivel del Estado. En tercer lugar, es un hecho conocido que hay una gran diferencia económica entre las compensaciones del sector público y privado, por lo que si no hay una adecuada carrera pública (caso BCRP y SBS), será muy difícil atraer y retener profesionales jóvenes y de altas calificaciones en el Estado y si a eso queremos agregarle el impedimento de poder trabajar en el sector privado sino hasta pasados 10 años de haber ejercido función pública, estaremos haciendo más difícil aún la captación de profesionales del más alto conocimiento y experiencia.
Finalmente, pero no menos importante, quien promueve este proyecto es egresado de la universidad de su papi (no licenciada por cierto y altamente cuestionada), con altas sospechas de corrupción, muy ligado al escándalo de “Los cuellos blancos del puerto” (según la prensa 500 llamadas a los “personajes” involucrados directamente y 159 a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura). Debo agregar que su experiencia profesional ha sido siempre de Gerente General de las entidades educativas de su papi y con acusación de apropiación ilícita de dineros de sus trabajadores, pues retuvo el 10% de la remuneración de estos para aporte a las AFP, pero no las pagó.
Nunca mejor aplicada la expresión: El ladrón cree que todos son de su condición.
Ya es tiempo de dejar de fomentar esta, no sólo desconfianza sino animadversión del sector público por el sector privado. Creo que debemos aprender unos de otros y que, en beneficio del Perú juntemos esfuerzos y aprovechemos las fortalezas y capacidades de ambas partes. Aprendamos a ser equipo. Lampadia
