Jaime de Althaus
Para Lampadia
El decreto de urgencia y los proyectos de ley para obligar a las farmacias privadas a tener un 30% de genéricos, son el típico muñeco populista que se inventa contra el privado malo para obligarlo a ser bueno.
Pero el privado en este tema no es malo. El malo es el Estado. En efecto, no hay un problema de falta de genéricos en las farmacias privadas. Las cadenas grandes afirman tener incluso un 40% de genéricos. Quien no tiene los genéricos en las cantidades necesarias es el Estado.
Según dato de Susalud del 2016, un 40% de los asegurados al SIS que acuden a consultas en los establecimientos públicos no encuentran en las farmacias públicas, que son más de 10 mil, las medicinas que les recetan. Entonces tienen que ir a farmacias o boticas privadas.
En buena cuenta, lo que se quiere hacer es transferir las ineficiencias del sector público al sector privado.
Para Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, y luego para el ministro de Salud, es fácil señalar a las farmacias privadas como culpables de la falta de genéricos. Se cuelgan de la idea falaz del capitalista abusivo muy impregnada en la población por la penetración cultural del socialismo marxista.
Cuando el abusivo es el Estado.
¿Qué esperan esas fuerzas políticas para interpelar al ministro de salud para que explique qué hace el Estado con los más o menos 1,000 millones de soles que recibe cada año de nuestros impuestos para compra de medicamentos, y por qué estos no están disponibles de manera suficiente para los pacientes en las postas, los centros de salud y los hospitales? Es evidente que, si ello funcionara, no habría problema alguno de acceso a medicamentos no solo baratos sino gratuitos.
Ante la incapacidad estructural del Estado de cumplir su rol en este campo, más bien las fuerzas políticas deberían exigir que, o se tercerice a una empresa privada la programación, adquisición, distribución y logística de los medicamentos a los establecimientos públicos, o que se permita a los asegurados del SIS adquirir sin costo los medicamentos en las farmacias privadas para que estas luego pidan reembolso al gobierno.
El problema no está solo en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), sino en la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).
Un reducto del Colegio de químicos farmacéuticos que dificulta en extremo justamente la importación o el registro de genéricos intercambiables de calidad asegurada, y de otros productos, acaso para pedir cupos a cambio de aprobaciones. Aquí sí es muy positivo el otro proyecto de ley propuesto por Fuerza Popular para otorgar el registro de manera automática a aquellas medicinas que se encuentren registradas en países de alta vigilancia sanitaria. Permitiría sortear los infinitos trámites que la Digemid. Hay que proteger a los pacientes, no a la Digemid.
Sorprende entonces que esa agrupación no se haya percatado que imponer regulaciones a las farmacias privadas podría dejar en la quiebra a las pequeñas, a las boticas independientes.
Tanto el decreto de urgencia anterior como el recientemente dado obligan a las boticas de todo tamaño a tener inventarios y capital de trabajo inmovilizado, algo que las cadenas grandes pueden soportar, pero muchas de las 24,000 boticas independientes difícilmente pueden hacerlo. Más aun cuando se les impone vender productos que no corresponden al consumo existente, como productos para una zona cálida estando en una zona fría, y viceversa.
Si las farmacias públicas tuvieran los productos, nadie iría a las privadas. Pero es al revés. En los siguientes cuadros del INEI podemos ver que casi el 90% de la población está afiliada a algún seguro (principalmente el SIS), pero casi la mitad de quienes buscan atención de salud acuden a las farmacias o boticas en lugar de ir al Minsa o a Essalud. La razón es obvia: saben que en los establecimientos públicos no encontrarán atención efectiva y menos medicamentos.
Entonces la acción legislativa debe apuntar al Estado, no a las farmacias privadas.
Dar una ley que disponga la tercerización de la gestión de medicamentos en el sector público, a fin de que nuestros impuestos sirvan para atender a las mayorías nacionales, y reorganizar la Digemid simplificando los procedimientos y permitiendo la importación automática de los productos certificados en países de alta vigilancia sanitaria. Apuntemos a los problemas reales. Lampadia
