Durante el gobierno de Ollanta Humala, el país paró el desarrollo del sector minero y desquició nuestro crecimiento económico. El gobierno nacionalista se inició con la pérdida del proyecto de Conga en Cajamarca, y terminó con la parálisis del proyecto de Tía María en Arequipa, dos regiones con un inmenso potencial de desarrollo minero y de generación de recursos para dar un gran salto en el bienestar general.
Fuente: www.southernperu.com
Detrás de este proceso de pérdida estuvo el accionar de grupos de interés anti minero, la debilidad del gobierno, y la falta de apoyo gremial para ilustrar a la opinión pública. Se pretendió justificar la parálisis de la inversión minera, por la caída de los precios de los minerales y en la necesidad de diversificar la economía, cuando el Perú es, en gran medida, resiliente a la volatilidad de las cotizaciones por su eficiencia de costos de producción, de los más bajos del mundo, y por su canasta diversificada de productos mineros.
El gobierno de PPK está llamado a corregir los grandes errores del gobierno anti inversión privada del nacionalismo, para lo cual debe empezar por explicar a los ciudadanos las relaciones causa-efecto que le permitieron al Perú pasar en pocos años de ser un ‘Estado Fallido’, a ‘Estrella Internacional’ (1990-2011); y pasar de crecer 6% por año a 2 o 3% (2011-2016/7).
Para ayudar a identificar cómo viabilizar el proyecto de Tía María, presentamos un conjunto de condiciones importantes, propuesto por Camilo Ferreira de Wiñaq.
¿Tía María Va?
Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia
Tía María es un proyecto minero cuprífero de Southern Peru que se encuentra en la provincia de Islay en Arequipa y que implica una inversión de 1,400 millones de dólares. El proyecto ha enfrentado una resistencia social y política que lo ha llevado a su paralización. Recientemente se han dado declaraciones sobre el proyecto por parte de diversos actores, entre ellos Roque Benavides, presidente de la Confiep, Yamila Osorio, gobernadora de la Región Arequipa y del presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha.
La empresa ha manifestado que se han dado avances en respecto a la llamada licencia social, y que se encuentran a la espera de los permisos que deben emitir las autoridades correspondientes. Por otro lado, los actores sociales hostiles a la minería han reafirmado su oposición al proyecto y su voluntad de realizar movilizaciones en contra del mismo. Y la gobernadora de Arequipa, continua sin entender el impacto positivo que puede aportar el proyecto a la región que conduce. Esto abre la posibilidad de que se reactive la resistencia a Tía María.
Entendiendo que para impulsar el proyecto, se deben superar las causas que provocaron el conflicto y su paralización, es indispensable desarrollar y fortalecer ciertas condiciones que eviten la continuación del anterior conflicto. Veamos un conjunto de condiciones que sería conveniente se dieran para darle viabilidad social y política al importante proyecto Tía María.
Para enfatizar su importancia, queremos presentarlas, más que como deseos, como realizaciones. Veamos:
- Establecimiento de la ley en la zona: El gobierno central ha identificado a los potenciales actores violentistas en el área del eventual conflicto y tiene la capacidad y los medios para tomar las medidas que resulten necesarias para garantizar el imperio de la ley y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. El Estado está en la capacidad de sancionar a quienes participen y planifiquen actos violentos.
- Voceros favorables relevantes en medios: La tradicional capacidad de los antimineros para aprovechar el espacio mediático y reducir el apoyo nacional al proyecto, ha sido neutralizada. Los sectores favorables a la minería tienen voceros competentes y con llegada mediática y son capaces de defender a Tía María frente a la opinión pública. Esto se da a nivel provincial, regional y nacional.
- Generación de contenidos para información: Se han generado los contenidos y eventos necesarios para que cuando se dé el conflicto, la prensa disponga de una explicación alternativa a aquella propalada por los antimineros. Conscientes de que los ataques de los antimineros son preparados con anticipación, las fuerzas pro minería se han adelantado y han construido una narrativa positiva sustentada en la realidad local. Finalmente, las fuerzas pro minería generan estudios, documentales, cursos y seminarios que les permiten simultáneamente, desarrollar y validar una narrativa efectiva que les consolida como voceros calificados frente a líderes de opinión, la prensa y el público en general.
- Control de la malversación de fondos públicos: El gobierno central está en condiciones de impedir la canalización de fondos públicos hacia el activismo antiminero. Ya no ocurre que algunos alcaldes canalicen fondos públicos en apoyo logístico de las movilizaciones, dándole salarios públicos a activistas a tiempo completo o sosteniendo financieramente el aparato de propaganda antiminera local. El alcalde del distrito de Cocachacra en la provincia de Islay, elegido por el movimiento antiminero Tierra y Libertad, no tiene como financiar los conflictos.
- Control del entorno político hostil: Los antimineros no controlan componentes críticos de la institucionalidad rural local tal como lo son las Juntas de Usuarios. Estas instituciones ya no pueden brindar legitimidad a los dirigentes antimineros ni facilitar que tomen represalias contra quienes se les opongan (cortes de agua, violencia física, amenazas, etc.).
- Cambios y Evaluación de la opinión pública local: Se ha dado un cambio significativo en la opinión de la población local con respecto a los siguientes aspectos críticos: Temores respecto a los efectos del proyecto sobre la agricultura y la salud de la población, percepción del trato respetuoso por parte de la Empresa hacia la población local, y la credibilidad de Southern en cuanto al cumplimiento de sus compromisos. Estos cambios han sido evaluados mediante encuestas y focus group.
- Expreso apoyo político: Existe una relevante coalición social local y regional de actores dispuestos a pronunciarse ante las eventuales agresiones de las fuerzas anti minería y a realizar acciones destinadas a incrementar la legitimidad social del proyecto.
- Condiciones locales:Se tienen mecanismos de monitoreo detallado y periódico de las condiciones sociales en las áreas involucradas en el conflicto. Las fuerzas pro minería disponen de un mapa de actores locales, y conocen el sistema de creencias locales, condiciones de seguridad, el accionar de los antimineros y las posturas de stakeholders críticos.
No basta la expresión de buena voluntad de la Empresa y/o la expresión de apoyo del Gobierno Central. La viabilidad de un proyecto minero es un fenómeno de enorme complejidad y va incluso más allá del cumplimiento de las condiciones descritas. De no cumplirse ese conjunto de condiciones, el proyecto de Tía María sería muy vulnerable, y se correría el riesgo de que el desarrollo del país, y la minería en particular, uno de sus motores de crecimiento más importantes, vuelva sufrir otro importante revés. Lampadia