Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia
Luego de que el banquero Dionisio Romero Paoletti revelara que aportó 3´650,000 dólares de su dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori el 2011 para impedir que el chavismo llegara al poder en nuestro país y otros empresarios revelaran aportes económicos menores para esa campaña y para la defensa del modelo económico vigente, se han escuchado comentarios de diverso tipo.
Para la izquierda, como era de esperarse, estos aportes eran el precio que pagaban los ricos para comprar leyes, políticas y prebendas.
Para los “políticamente correctos”, esos que se ubican en los lugares comunes que construye la media, son razón suficiente para retirar sus ahorros del BCP, compartir posts sobre el tema o hacer cruzadas morales contra los productos de las empresas involucradas.
Para los juristas, se tratan de aportes de campaña simplemente, usuales en todas las campañas políticas, que no estaban prohibidos por la legislación electoral de ese momento y cuya omisión en el registro electoral del partido beneficiado, constituye una infracción electoral susceptible de sanción administrativa. Hoy en día, aportes de este tipo tienen otro tratamiento legal y podrían ser considerados como delito.
Sin embargo, lo que más llama la atención es la posición de algunos otros empresarios y en particular de la actual presidenta de Confiep, para quien los empresarios que han hecho estos aportes “debieran dar un paso al costado”.
No señora León, los empresarios que aportaron para una opción política contraria al chavismo y los empresarios que aportaron a la CONFIEP para que esta defienda en el 2010 la libre empresa, el estado de derecho, la libertad económica y en general el modelo económico que ha permitido reducir la pobreza mejor que nunca en la historia del Perú, impulsar el crecimiento económico sostenido del país y reinsertarnos al mundo, no deben dar un paso al costado, deben dar un paso al frente y ser emulados por sus pares.
Desde el 2003 habían llegado a toda Sudamérica los millones del castro chavismo para capturar el poder y luego saquearlo con jugosos contratos de obras públicas faraónicas en manos de empresas del Cartel de Sao Paolo. Evo y Correa no llegaron al poder por bendición de Dios en Bolivia y Ecuador, respectivamente. El 2005 se vio el despliegue económico del nacionalismo en la campaña política que obligó a los peruanos a votar por Alan García para evitar que llegue la “Gran Destrucción”. El 2007 ya se conocía la maleta incautada en Aeroparque al venezolano Antonini Wilson con 790,550 dólares para la campaña de Christina Kirchner, que puso en evidencia el modus operandi del financiamiento político venezolano. El 2008 ya se conocía el financiamiento político de Caracas a todos los partidos del Foro de Sao Paolo. Para el 2011 la señora Verónica Mendoza ya había viajado a Venezuela, junto con Nadine y Ollanta para pedir la bendición y el apoyo de Chávez, como lo confirman las agendas en las cuales, según el peritaje de Andrés Begazo, escribía Verónica Mendoza (diario Perú 21. 20.03.2016).
Para el 2011 ya habían llegado al Perú muchos millones de dinero venezolano para imponernos un cambio de modelo económico y virar nuestro país hacia el rumbo venezolano o nicaragüense. Según consigna el Diario Perú 21 (16.05.2017), serían 16 millones de dólares los recibidos por Ollanta Humala para este fin del venezolano Levay Reyes y del cubano Perazo Gonzales.
En este contexto, haber aportado a la campaña política que buscaba frenar (cosa que no logró), la llegada del chavismo al gobierno, no es algo por lo que haya que dar un paso al costado. Es algo por lo cual hay que dar un paso al frente.
Los aportes de las empresas peruanas no impidieron que Humala llegue al poder. Eran enanos frente al aporte chavista que se hizo evidente en un despliegue logístico y de propaganda que se vio en todo el país. Hubieran sido igualmente inocuos si quien pasaba a la segunda vuelta hubiera sido PPK o Toledo en lugar de Keiko Fujimori el año 2011, ya que la maquinaria chavista había penetrado el tejido político del país, regiones, alcaldías y su victoria era inevitable.
Las empresas y los empresarios tienen, como todos los ciudadanos, el deber y el derecho de participar en los asuntos y la vida política del país. Si tienen dinero y este proviene del éxito obtenido en el funcionamiento de un modelo económico que permite el crecimiento, la generación de empleo y la reducción de la pobreza, sin duda el deber es aún mayor. Otra cosa muy distinta es si piden algo a cambio y si esto se les concede, como sucedió con las empresas brasileras. Eso no es aporte, es prebenda o dádiva y habría que investigar, para erradicar el mercantilismo.
Sin embargo, al final de todo lo que importa es saber si el Perú, ante una nueva encrucijada como la del 2011, volverá a contar con sus empresarios y su aporte. Eso es precisamente lo que quieren conseguir. Desarmar las opciones a favor del modelo y dejarlo desguarnecido, en manos del aporte chavista, del narcotráfico o del aporte, esta vez del Foro de Puebla.
Si yo tuviera los millones del señor Dionisio Romero, sin duda hubiera aportado eso y más para salvar a mi país del comunismo que viene bajo muchos ropajes. Empresarios que aportan a la política, no den un paso al costado, den un paso al frente. Y no solo aporten dinero, aporten ideas, experiencia, éxito y súmense a la lucha para defender el país. Lampadia
