Presupuestarle menos a entidades que no ejecutan
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Como sabemos, el sistema judicial no funciona. Los procesos son interminables, los detenidos son liberados, campea la impunidad y la justicia no garantiza la propiedad ni los contratos.
Se ha propuesto simplificar los códigos procesales, generalizar el expediente judicial electrónico, oralizar todos los procesos civiles, entre otras medidas. Pero hay una solución que tendría un impacto inmediato inconmensurable en la sociedad: las unidades de flagrancia.
Nosotros fuimos los primeros en plantear esta idea hace años, en Lampadia, con el nombre de atención primaria de la justicia. El concepto es simple: integrar en un solo local a policías, fiscales, defensores públicos, jueces, médico legista, laboratorio de criminalística y una carceleta, para juzgar y sentenciar de manera inmediata en uno o máximo tres días, a los detenidos en flagrancia.
En la actualidad el sistema es kafkiano.
Si un delincuente es detenido digamos en Surco, primero es conducido a la comisaría de ese distrito.
Luego debe ser trasladado al cercado de Lima para que le realicen el examen médico legal.
De ahí a la avenida Aramburu en Surquillo para que se ejecuten los exámenes de criminalística.
Luego al distrito de La Victoria para verificar las requisitorias y finalmente se remite la investigación a la fiscalía de turno en Lima.
Todo esto con vehículos y custodios: un gasto en recursos y tiempo enorme muchas veces para delitos menores. Y todo para que el detenido quede liberado por falta de pruebas porque no hay tiempo ni laboratorios para producirlas.
Y el resultado es que procesos, como el robo de un celular, que podrían ser inmediatos, duran 21 meses en promedio, con un costo para el Estado muy superior al valor del celular robado. Es absurdo.
En cambio, en una unidad de flagrancia, un proceso que duraría 21 meses se resuelve en 72 horas máximo o en 24 horas si es con terminación anticipada porque la persona acepta haber cometido el delito. No solo eso. Los costos se reducen a la décima parte en primer caso y a más de la vigésima parte en el segundo, como puede verse en el siguiente cuadro:
Además, el efecto pacificador y tranquilizador en la sociedad es muy grande, porque se aplica justicia y se castiga de manera inmediata y cesa la impunidad.
Como consecuencia, se reduce la inseguridad, la victimización. Si de los 196,000 detenidos que según la PNP hubo el 2023 por toda clase de delitos, alrededor de un 40% lo fueron en flagrancia según Edman Rodríguez, y casi todos fueron liberados, podemos tener una idea del impacto que estos juicios inmediatos tendrían en la tranquilidad social.
El presupuesto total para instalar y operar 35 unidades de flagrancia a nivel nacional es de 1,800 millones de soles, según podemos ver en el siguiente cuadro. Incluye todo. La mayor parte de esa asignación sería para el ministerio del Interior, a fin de poder equipar los laboratorios que debe haber en cada unidad de flagrancia. El gobierno debería declarar primera prioridad absoluta este programa y financiarlo íntegramente desde ahora o en el presupuesto del próximo año, porque tendría un efecto radical en las condiciones de seguridad de cara, por lo demás, a las elecciones del 2026.
Si hubiera problemas para financiar ese monto en el presupuesto del próximo año, debería reducirse el presupuesto de inversión de aquellos ministerios o entidades que han tenido menor ejecución. Recordemos que cada año se deja de ejecutar alrededor de 18 mil millones de soles en proyectos de inversión. Por eso, démosle un poco menos a los que carecen de capacidad de gasto y asignemos ese monto a este programa.
Habría, sin embargo, que agregar un componente adicional: las carceletas de estas unidades de flagrancia están pensadas para los detenidos en tránsito, que son juzgados en 24 o 72 horas. No para la ejecución de penas. Deberían ser un poco más grandes o construir pequeñas cárceles paralelas o cercanas para penas de corta duración: semanas o uno o pocos meses, para delincuentes primarios que han cometido delitos menores que no ameritan una pena mayor a 4 años, pues el problema es que cuando es así, les dan prisión suspendida. La presión no debe ser suspendida. Debe ser efectiva, para haya castigo.
Por lo demás, la razón de ser el Estado es la seguridad y la justicia. Para eso existe. Todo lo demás es secundario al lado de estos grandes imperativos. Mas aun cuando la inseguridad y la delincuencia amenazan la viabilidad misma de la nación y de la economía de muchísimos peruanos. Hay que tener las prioridades claras.
Lampadia
