Jaime de Althaus
Para Lampadia
En la entrevista que le da al diario El Comercio el domingo pasado, el ministro de Trabajo, Christian Sánchez usa enrevesados tecnicismos filosóficos que algunos han confundido con chistes o bromas, para no decir con claridad lo que realmente piensa: que el mercado laboral peruano no tiene un problema de rigidez ni de costos legales onerosos que expulsan a la informalidad, sino de productividad y de falta de persecución ministerial. No hay reformas que hacer.
El periodista le pregunta: ¿Pero también hay otros problemas como la informalidad?, y el ministro responde una frase críptica: “Este es un problema del sector trabajo con el mercado de trabajo”. Pero luego agrega algo que significaría lo contrario: “La primera (línea) es no mirar solo al sector trabajo, porque, lamentablemente, cada vez que entraba un ministro de Trabajo que era laboralista miraba al Viceministerio de Trabajo y olvidaba al Viceministerio del Empleo”.
Se infiere de esta parte de su respuesta –no de la primera- que el problema de la informalidad no está en el mercado de trabajo, sino que se resolvería con buenos programas de empleo. Afirma que los programas de empleo que hay en el ministerio podrían juntarse en un solo programa potente orientado al acceso de los jóvenes al empleo. ¿Con programas de empleo se va a resolver los altos costos no salariales del trabajo que impiden la contratación formal de los jóvenes (y de los no jóvenes también)?
Como ese tema no le interesa, confiesa honestamente que no conoce el proyecto de ley de fomento de empleo juvenil que el ex ministro Grados envió al Congreso, que hasta ahora no se discute porque la izquierda que maneja la comisión de Trabajo, no lo pone en agenda. Pero más adelante, sin embargo, recoge la idea central de ese proyecto de ley, ¡pero aplicada solo al Estado! Revela que tanto la CONFIEP como los trabajadores “están dispuestos a que el Poder Ejecutivo pueda discutir incentivos tributarios y algunas herramientas que permitan contratar jóvenes al mercado de trabajo”. Propone dar cuotas y bonificaciones para los jóvenes formados en los concursos de la ley del Servicio Civil (¡qué bien, eso sí, que promueva la reforma del servicio civil. Ojalá tenga apoyo político). Pero, por favor, el 90% del empleo lo genera el sector privado, no el público.
Luego saca una nueva idea: atacar la informalidad con lo que llama “una caja de herramientas”. ¿Qué herramientas hay en esa misteriosa caja? No lo dice. Queda claro, sin embargo, que no entiende la pregunta acerca de que “para el PBI per cápita que tenemos en el Perú, la informalidad laboral es muy alta y esto producto de la rigidez en la legislación laboral”. Repite la pregunta en lugar de responder. Ni acepta que la informalidad es muy alta ni que hay demasiada rigidez. Luego da la impresión que él piensa que hay informalidad por la baja productividad más que por los sobrecostos laborales (él los llama así, no el periodista)
Es más, sugiere que una reducción de los costos no salariales no funciona porque no ha funcionado con las microempresas (sin decir que la remuneración mínima vital es muy alta para las microempresas, que no la pueden pagar, y que formalizar implica reconocer derechos anteriores, algo inviable).
Y acerca del estudio de Miguel Jaramillo que demuestra que la proporción de contratos a plazo fijo se incrementa aceleradamente luego de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2001 que restablece en buena cuenta la estabilidad laboral absoluta, responde así: “Las teorías de la causalidad, en el mundo, en la filosofía, te dicen que para seleccionar una causa en fenómenos complejos se tiene que pasar por una prueba ácida, y parte de esta es el contrafáctico. Hay estadística de que apenas entra en vigor el Decreto Legislativo 728 y sus contratos temporales empieza a subir la contratación temporal. Aparece la sentencia, en un segundo momento y la contratación temporal sigue subiendo, esto es un problema contrafáctico, porque antes de la sentencia ya venía subiendo la contratación temporal”.
Con palabras técnicas extraídas de la epistemología y la filosofía (sic), explica que en realidad esa tendencia comenzó antes. Le resta importancia a la sentencia del TC, que es la causa principal de que tengamos una de las legislaciones laborales más rígidas del planeta. “Híper-rígida” la ha llamado el ministro de Economía. La verdad, sin embargo, es que efectivamente la proporción de contratos a plazo fijo se incrementó en alguna medida luego de las reformas económicas de los 90, pues antes las modalidades temporales estaban limitadas, lo que era hasta cierto punto coherente con una economía híper protegida con aranceles incluso infinitos para los productos importados. Pero abierta la economía, era indispensable flexibilizar el mercado de trabajo. Eso se hizo en alguna medida en los 90 creando modalidades temporales, aunque se subieron notoriamente los costos no salariales del trabajo. Pero la gran inflexión se produjo a partir del 2002, cuanto el TC dispone que la reposición en el puesto de trabajo es una manera de proteger al trabajador del despido. Es decir, se restablece la estabilidad laboral absoluta de la época de Velasco.
Si fuera realmente defensor de los derechos de los trabajadores, se preocuparía de que más trabajadores se formalicen para que accedan a derechos. Se preocuparía de cambiar la interpretación que el TC ha hecho del artículo 27 de la Constitución a fin de que se invierta la tendencia y volvamos a la época anterior al 2002 cuando la proporción de contratos indefinidos era mayor, lo que, dicho sea de paso, favorecería la sindicalización y, por lo tanto, la negociación colectiva. La interpretación del TC cuyo efecto nocivo él desconoce, es la causa de una vigencia cada vez menor del movimiento sindical en el sector privado. Sería bueno que aproveche su orientación profesional pro sindical para recuperar condiciones para la ampliación de la base sindical en el país. Aunque sea por interés propio.
Pero no. Para él la abrumadora mayoría actual de los contratos temporales se debe a factores de “productividad, bajos niveles de comunicación, falta de una política estatal y potenciar este ministerio para que investigue”. “Potenciar este ministerio para que investigue”. Eso es en el fondo de la cuestión. Perseguir. Lampadia
