Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Congreso tiene que retirar a Alejandro Soto de la presidencia de la Mesa Directiva.
Simplemente es una ofensa al país y a la democracia que tengamos como presidente del Congreso a un legislador que votara a favor de una ley que lo favorecería directamente en un proceso judicial por estafa que tenía en el Cusco. La ley reducía el plazo de prescripción. Un caso de flagrante conflicto de intereses, algo que muchos no perciben que sea éticamente inadmisible. Esto fuera de otras denuncias que ha tenido en la fiscalía y de la revelación de que tenía contratada en su despacho a la hermana de la madre de su hijo de 11 meses.
Pero el caso tiene agravantes porque apenas saltó a la luz el notorio conflicto de intereses, el presidente del Congreso mintió aduciendo que su caso ya había sido archivado mucho antes de la aprobación de la ley, lo que se ha demostrado no ser cierto porque la Corte Superior dispuso anular ese archivamiento, al punto que el abogado del señor Soto solicitó hace pocos días el sobreseimiento del caso en aplicación precisamente de la ley en cuestión.
La presencia de Soto en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso es insostenible. Su renuncia o retiro sería una señal de decencia en medio de la desvergüenza que cunde en el Congreso. Pues no solo se aprueba una ley como la mencionada que libera de procesos a varios congresistas y, de paso, afecta el resultado de muchos otros casos importantes, sino que los Niños presentan un proyecto de ley para restablecer aspectos de la inmunidad parlamentaria en un intento descarado de modificar la constitución para beneficio propio.
Hay muchas otras leyes que se han aprobado para beneficiar intereses particulares de congresistas o de grupos vinculados a ellos. La política peruana se ha degradado a un nivel casi suicida. Tiene que ver con la descomposición de los partidos políticos y con el sistema de representación.
Soto fue propuesto por Alianza para el Progreso, por el partido mismo, bajo la dirección de Cesar Acuña, no por la bancada. Siendo uno de los partidos supuestamente más organizados, no fue capaz o no le importó detectar los antecedentes de este señor, y, considerando otros escándalos protagonizados por miembros de su bancada, claramente carece de la capacidad o el interés de filtrar adecuadamente sus candidatos.
Son pocas las personas de bien que se interesan por ingresar a la política. Es un círculo vicioso. Para recuperarlas hay que permitir que la empresa privada pueda financiar partidos político -de manera pública y transparente por supuesto- y aplicar parte del impuesto a la renta que pagan a solventar think tanks o centros de pensamiento en los partidos, mediante un esquema similar a obras por impuestos.
Por supuesto, tiene que restablecerse la reelección. No tendremos nunca una clase política profesional y seria si no puede haber carrera política. Los candidatos presidenciales deben poder postular al Congreso, para elevar el nivel del foro político y darles más disciplina y coherencia a las bancadas. Debe prohibirse la renuncia del congresista a su bancada, o penalizarse con la pérdida de la curul. En este momento son pocas las bancadas que responden a partidos. La mayor parte son bancadas sin partido, y por lo tanto carecen de incentivos para proponer reformas o mejoras reales porque no tienen interés en las próximas elecciones sino solo en obtener beneficios personales o particulares. Lo que se agrava con la no reelección. Muchos entran a beneficiarse como puedan.
Se requiere además una reforma del Congreso que le de peso a una oficina de análisis de impacto regulatorio de los proyectos de ley. Esto en el marco de una bicameralidad que mejore la calidad de las leyes y atempere los excesos populistas o clientelistas y las leyes con nombre propio.
El problema es que estos cambios tienen que ser aprobados por los propios congresistas que criticamos. Se requiere, por eso, de una presión desde afuera. De los partidos mismos, si tal cosa es posible, y sobre todo de la sociedad civil, que debe comenzar demandando la renuncia de Alejandro Soto y la aprobación de reformas que ayuden a mejorar la calidad de la democracia peruana.
El empresariado no puede seguir desentendiéndose de lo que está pasando en la política y debe empezar a exigir cambios y a participar directamente antes de que sea demasiado tarde. Lampadia