Nuestro repositorio sobre la reforma del Estado: El Estado del Siglo XXI, ya ha tenido el privilegio de contar con la opinión de Carlos Zoe Vásquez, actual Director General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. En esta ocasión, Vásquez analiza el tema de la criminalidad, que ya ocupa el primer lugar de atención y preocupación de los ciudadanos.
¿QUÉ SE NECESITA PARA REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN EL PERÚ?
Carlos Zoe Vásquez Ganoza
Director General de Política Criminal y Penitenciaria
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
No cabe duda que, hoy en día, el problema de la delincuencia marca la agenda social, política y económica del país y de casi toda la región latinoamericana. Para el año 2015, 13 de 18 países encuestados han determinado que la delincuencia/seguridad pública es el problema más importante en el país, desplazando a los problemas económicos.
Como todo problema social, la criminalidad requiere del diseño e implementación de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. A nivel internacional, la criminalidad se aborda en tres niveles: a) prevención primaria; b) prevención secundaria; y, c) prevención terciaria.
En términos sencillos, cuando hablamos de prevención primaria nos referimos a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de una comunidad (educación, salud, trabajo, etc.); trabajar en este nivel nos permite establecer condiciones que reducen oportunidades en la aparición de problemas.
La prevención secundaria es aquella que se enfoca en los factores de riesgo que van apareciendo y que, por decirlo en términos sencillos, aun no se han convertido en una infracción o delito. Podemos decir que se tratan de conductas antisociales (familias disfuncionales, consumo problemático de drogas, deserción escolar, pandillaje, bullyng, violencia de género, etc.); trabajar en este nivel nos permite evitar que dichos factores de riesgo se consoliden en una eventual infracción o delito.
Finalmente tenemos la prevención terciaria. Aquí los factores de riesgo ya se han consolidado y, por ende, las conductas se han convertido en delito o una infracción a la ley penal. A este nivel se desarrolla las acciones policiales, fiscales, judiciales y el sistema penitenciario. Trabajar a este nivel nos permite investigar, procesar, condenar y tratar al delincuente.
¿Qué tipo de prevención ha realizado el Estado Peruano en los últimos años?
El Perú se ha inclinado por invertir en prevención primaria y terciaria. En términos concretos, la prevención secundaria no ha recibido una asignación presupuestal como si la han tenido las dos antes mencionadas. Así, por ejemplo, en lo que respecta a prevención primaria, entre los años 2007 al 2014 se han gastado: 126,388 millones de soles en el sector salud (incluye gasto en el sector público y privado según INEI) y 211´653, 519 millones de soles en el sector educación (incluye gasto en el sector público y privado según INEI). De otro lado, en lo que respecta a prevención terciaria, por citar un ejemplo, para el año 2015 se asignaron 1,877’200,604 millones de soles al Poder Judicial; 10,385’465,148 al Ministerio del Interior; 1,418’106,293 al Ministerio Público; y, 1,613’190,986 para el Sector Justicia que incluye al Instituto Nacional Penitenciario.
Lo antes dicho no está mal. Por el contrario, la inversión en prevención primaria nos ha permitido reducir índices de diferentes enfermedades, contar con mayor infraestructura, ampliar el servicio de salud a la población más necesitada, etc. Así también, la inversión en la administración de justicia nos ha permitido impulsar políticas públicas como la reforma procesal penal, más efectivos policiales, mejorar sus condiciones, más fiscales, jueces y mayor inversión en infraestructura penitenciaria. Muchos podrán decir que no han sido suficientes los recursos asignados o que, pese a su asignación, se requiere mayor impacto. No cabe duda de ello, pero lo que queremos ejemplificar hasta aquí es que el Estado ha invertido en prevención primaria (satisfacer las necesidades básicas de la comunidad) y prevención terciaria (investigar, juzgar y sancionar a los delincuentes).
¿Qué tan importante es comenzar a invertir en prevención secundaria, es decir, en factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que se cometa un delito? Un análisis en el año 2012 sobre 5,201 adolescentes infractores a la ley penal en el Perú que se encuentran condenados, determinó lo siguiente: a) que el 45% de ellos provenían de familias desestructuradas; b) que el 56.5% había consumido drogas ilegales antes de su internamiento; c) que el 86.5% había ingerido alcohol en algún momento de su vida; d) que el 75.5 % había desertado de la educación básica regular; y, e) el 80.3% había tenido una experiencia laboral poco técnica y mal remunerada.
Otro estudio presentado en el 2014 por Ciudad Nuestra (¿Quiénes son delincuentes en el Perú y por qué? Factores de riesgo social y delito en perspectiva comparada en América Latina), este ya a nivel del sistema penitenciario de adultos, determinó lo siguiente:
- Familia:
- El 44.0% de sentenciados peruanos reconocieron que su padre los golpeaba cuando niños y el 39.2% afirmaron que su madre era golpeada.
- El 31.2% de los sentenciados peruanos tuvieron un familiar preso alguna vez y el 3.9% a su pareja.
- Escuela
- Mientras que la deserción escolar promedio a escala nacional es del 13.9%, entre los sentenciados llegó al 59.8%.
- El 22.3% de los sentenciados peruanos tuvieron compañeros en la escuela que cometían delitos.
- Barrio
- El 40.0% de los sentenciados peruanos tuvieron mejores amigos que cometían delitos cuando menores de edad.
- El 41.3% de los sentenciados peruanos vivieron, cuando niños y adolescentes, en barrios con presencia de pandillas o bandas delictivas y el 29.2% con riñas y peleas frecuentes.
- Alcohol y drogas ilegales
- Una tercera parte de los sentenciados peruanos (32.1%) consumieron alcohol o drogas ilegales antes de cometer el delito, el segundo consumo más bajo de la muestra. Casi el 90.0% de este consumo correspondió al alcohol.
Concluyo: el crecimiento económico de los últimos quince años nos ha permitido invertir en las necesidades básicas de la población (prevención primaria); asimismo, la administración de justicia ha recibido asignaciones presupuestales que le ha permitido – no como quisiera – implementar políticas modernas (prevención terciaria). Peor poco o casi nada se ha invertido en programas que aborden factores de riesgo que incrementan la probabilidad de la comisión de un delito (prevención terciaria). Este es el ámbito que el próximo gobierno debe comenzar a visualizar. Las cifras de la población de adolescentes y adultos condenados nos están mostrando el camino a seguir por los próximos años. Esperemos que algún candidato nos proponga algo frente a la prevención secundaria y no propuestas populistas.
