El Instituto Peruano de Economía publicó recientemente su entrega sobre Institucionalidad, donde comunica sus propuestas sobre las más importantes reformas que debiéramos emprender. Esta es una parte importante de nuestras agendas pendientes. Por ejemplo, tenemos que aplicar un sistema meritocrático para los funcionarios públicos, reformar el desprestigiado sistema judicial, flexibilizar el régimen laboral, y simplificar normas y trámites administrativos que ahogan a empresas y ciudadanos y han parado nuestro desarrollo. Al final, buena parte de estas reformas, redundarían en menores espacios para la corrupción.
Según el Índice de Competitividad del World Economic Forum (WEF), las instituciones en el Perú son las más precarias si las comparamos con las de nuestros pares regionales. A pesar de mejorar en el pilar instituciones (subió 2 posiciones con respecto al año pasado), el país aún enfrenta desafíos en relación con la ética y corrupción (bajó 7 posiciones) y el pobre desempeño del sector público (bajó 8 posiciones). Para continuar el crecimiento de la economía peruana, tendrá que “construir resiliencia abordando desafíos estructurales en instituciones, eficiencia del gobierno, corrupción e infraestructura”, afirma el WEF.
Como afirma Roberto Abusada, Presidente del IPE, “el Estado opera en una institucionalidad deficiente. Tenemos fallas graves en el sistema judicial, la inseguridad ciudadana; y un desprestigio de los poderes del Estado, además de la carencia de partidos políticos sólidos que den fundamento a la democracia. Para tornar la situación más grave aún, al poner en marcha la necesaria descentralización de manera tan torpe como desaprensiva, hemos dilapidado el carácter unitario de la nación.” Recomendamos revisar nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, un espacio donde compilamos los distintos aspectos relativos a las imperiosas reformas del Estado por emprender.
Comparando al Perú con los demás países de la Alianza del Pacífico y Brasil, las regulaciones impuestas por el gobierno son excesivas y la eficiencia del marco legal es uno de los más bajos de la región.
La falta de instituciones sólidas en un país tiene un impacto sobre la vida de sus ciudadanos en la forma de corrupción generalizada. El mal uso de los recursos del Estado lleva a una pobre provisión de servicios públicos, lo cual constituye una barrera para el desarrollo.
Según el último informe de opinión pública de Latinobarómetro, la percepción que tienen los peruanos respecto al progreso en la reducción de la corrupción es una de las más bajas de la región.
En 2015, solo el 24% de los peruanos cree que se ha progresado mucho o algo en reducir la corrupción en el Estado. Aplicar un sistema meritocrático para los administradores de justicia y simplificar normas y trámites administrativos para disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos son dos medidas que podrían acelerar la lucha contra la corrupción.
Además, el Perú tiene el nivel más bajo de aprobación presidencial en América Latina. Lo mismo se ve en el caso del congreso, el cual obtiene una aprobación de tan solo 8%. Para solucionar esto, el IPE sugiere “Cambiar circunscripciones electorales de manera que sean proporcionales al número de electores y los acerquen a las autoridades elegidas. Ver en Lampadia: Chile abjura del bipartidismo. Actualmente las elecciones al Congreso consideran la circunscripción plurinominal que es muy grande y no guarda relación con el número de votantes, por ello recomendamos cambiarla a una uninominal lo que incrementaría el grado de identificación de la población con el Congreso. En el caso de Lima, el número de candidatos para el Congreso, entre los que debe elegir el ciudadano puede ascender hasta 684 (36 por 19 partidos) cifra que hace imposible identificar la mejor alternativa para cada persona y sobretodo mantener un seguimiento del representante elegido al Congreso.”
Uno de los problemas más grandes de institucionalidad es la falta de confianza en la policía, la cual se considera una de las instituciones más corruptas en el Perú. El 36% de la población indica que el problema más importante es la delincuencia. Según el IPE, existe un problema de articulación entre la policía, fiscalía y juzgado que impide que se imparta la pena debida a los delincuentes.
La explicación que brinda el IPE es que existe una disociación entre el número de delincuentes capturados por la DIRINCRI y los que son efectivamente procesados, lo cual genera una norme desconfianza en la población hacia las instituciones involucradas: la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ver avances y carencias sobre este importante tema en nuestra biblioteca virtual Estado del Siglo XXI, ‘Servicios del Estado‘.
Para solucionar esto, el IPE recomienda una integración efectiva del sistema de seguridad y administración de justicia es un proceso en el que participan la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Esto fortalecería, en particular, la policía nacional, con el fin de mejorar la investigación y contrarrestar el alto índice de delincuencia en el país.
Según Daron Acemoglu, profesor de Economía en la Universidad de MIT en EEUU y autor del libro ‘Why Nations Fail’ (Por qué fallan las naciones), la institucionalidad tiene tres características clave: “reforzar los derechos de propiedad para incentivar la participación económica, restringir el poder de políticos y élites, y asegurar un cierto grado de igualdad y acceso a las mismas oportunidades para la mayoría de los ciudadanos. Estos son los cimientos que aseguran el desarrollo sostenido de una economía”.
La institucionalidad es una de las principales garantías para el crecimiento económico, pues se transmite confianza a los inversionistas a través de reglas claras que no dependen de las autoridades de turno. Aparte de la recuperación del crecimiento económico, la materia prima para un Estado presente y efectivo, la gran tarea del próximo gobierno debe priorizar las distintas reformas institucionales que viene reclamando el conjunto de nuestra sociedad. Lampadia
