Jaime de Althaus
Para Lampadia
Los argumentos que despliega el acta del consejo de ministros para justificar la declaración de que la confianza le ha sido denegada al gabinete Torres son inauditos y confirman que el interés del gobierno no es la aprobación de tal o cual política de gobierno, pues ni siquiera se ha planteado cuestión de confianza sobre tal cosa sino sobre el referéndum, que nada tiene que ver con una gestión del Ejecutivo, sino acumular dos supuestas denegaciones de confianza para configurar la disolución del congreso.
La esencia del argumento del consejo de ministros es la siguiente:
“Sostenemos, entonces, de manera categórica, que el rechazo, rehúsamiento, o negación de la cuestión de confianza, se configura con cualquiera de estos mecanismos: la inadmisibilidad, el rechazo de plano, la improcedencia o negación de la cuestión de confianza, para evitar el abuso del derecho o el fraude a la Constitución”.
El argumento de Aníbal Torres es, como vemos, insólito: declarar la improcedencia equivale a rechazar la cuestión de confianza. Algo carente de toda lógica: el rechazo se refiere al contenido de la propuesta. La improcedencia se refiere a que tal cuestión de confianza no se puede presentar, que su contenido no es materia de una cuestión de confianza.
Que es lo que establece la ley 31355 que regula la cuestión de confianza, siguiendo, por lo demás, el sentido común y lo que estableció el Tribunal Constitucional en una sentencia: la cuestión de confianza tiene que versar sobre materias relacionadas a la gestión del Ejecutivo, a sus políticas, a sus funciones. El Ejecutivo no solo se salta esta norma, sino, peor aún, desconoce que, según esa misma ley, solo el Congreso puede determinar si ha rechazado o no una cuestión de confianza. Ya no existen las denegaciones fácticas.
La intención golpista del Ejecutivo es descarada. Por eso, es correcto que la moción de vacancia se haya presentado. Los congresistas deben acelerar la búsqueda de los 87 votos y asegurarlos antes de que sea demasiado tarde, y la ciudadanía debe prepararse para movilizarse.
Hay quienes sostienen que la ley de la cuestión de confianza ha desequilibrado las relaciones entre los poderes dejando sin armas ni recursos al Ejecutivo, que prácticamente no podría plantear cuestión de confianza sobre nada. Pero esto no es cierto. El Ejecutivo, por ejemplo, hubiera podido plantear cuestión de confianza sobre la ley de presupuesto, si es que juzgaba que los agregados del Congreso afectan el equilibrio fiscal. O sobre cualquier otra materia de su competencia que el Congreso no quisiera aprobar. Pero no es eso lo que le interesa. Ni siquiera tiene planes o propuestas. Plantea cuestiones de confianza no para llevar adelante un plan de gobierno, sino para disolver el congreso. No porque el Congreso sea obstruccionista: apenas ha censurado a 5 ministros de los 80 ministros que han renunciado. Mas bien se le acusa a este congreso de no ejercer control político.
La actitud del gobierno tiene su raíz en la peor motivación imaginable: evitar el progreso de las investigaciones y los procedimientos contra el presidente y su entorno. La impunidad. Eso es todo. No se puede permitir. Lampadia