Jaime de Althaus
Para Lampadia
Lamentablemente la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski anoche dejó en claro que su empresa Westfield Capitals tuvo contratos con Odebrecht para levantar fondos para proyectos del Estado peruano mientras él era ministro, y que él percibió alguna utilidad de eso. El argumento del Presidente es que él no sabía de esos contratos porque todo lo dejó en manos del señor Sepúlveda, y que él no hizo gestión alguna para favorecerlos. Y que, por último, si había un grado de conflicto de interés, eso no califica para una vacancia presidencial porque él no es corrupto.
Fuente:elperuano.pe
Jugó también la carta política al argumentar que no se está respetando el debido proceso en el pedido de vacancia y que éste forma parte de una estrategia de asalto a la institucionalidad democrática. Con esa tesis termina de enajenarse a la bancada fujimorista, aunque lo que busca sea probablemente conseguir la inhibición de las bancadas más sensibles a ese argumento, como las de Nuevo Perú, Acción Popular y quizá Alianza para el Progreso.
No vamos a entrar a discutir la pertinencia de la tesis del asalto a la democracia, salvo decir que, así como la acusación al Fiscal de la Nación tiene un tufillo autoritario y vindicativo, la acusación constitucional a cuatro miembros del TC, en cambio, se justifica plenamente por razones que ya hemos explicado en varios artículos y, además, ni siquiera fue presentada por Fuerza Popular. Sí vale hacer notar la coincidencia entre ambas partes en el juicio por adelantado, en la condena sin pruebas: se acusa al otro de dar un golpe de la misma manera como se es condenado si haber sido escuchado. Pues también es cierto que en el debate del viernes pasado en el Pleno algunas bancadas usaron un lenguaje cercano al linchamiento y anunciaron su voto por la vacancia sin haber escuchado al Presidente. Hay que decir, de otro lado, que si bien se está siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento, queda claro ahora que ese procedimiento es demasiado sumario para una decisión tan grave, y debería ser modificado para el futuro.
Por lo demás, ni siquiera se está usando el tiempo máximo previsto, que hubiera permitido que asista primero a la Comisión Lava Jato a fin de que la decisión final, sea cual fuere, pudiera estar mejor fundamentada. Porque el argumento de que este es un juicio político y no penal es relativo: desde el momento en que ha una sanción (la destitución), debe existir un proceso debido. Pero en la medida en que el propio Presidente admite que los ingresos de su empresa y algunos de los dividendos que recibió proceden de asesorías a proyectos del Estado peruano ocurridas cuando él era ministro, aunque él no supiera, puede tener su suerte ya echada. Por eso, en el caso penoso en que proceda la vacancia presidencial, la obligación de la clase política es asegurarnos de que la nueva situación sea lo menos traumática para el país y para la economía de los peruanos. Sería lamentable, por ejemplo, que los buenos ministros de este gobierno –Bruno Giuffra y Carlos Basombrío entre otros, por ejemplo-, que están desarrollando una agenda promisoria, tuvieran que salir del gabinete. No podemos darnos el lujo de dejar abandonadas a la mitad reformas, políticas y proyectos importantes. Tampoco podemos permitir que el periodo de incertidumbre dure demasiado. De hecho, no cabe duda que desde ya casi toda decisión de inversión en el sector privado ha sido puesta en pausa a la espera de que se consolide una situación estable. Esto va desde Quellaveco hasta decisiones de compra de las personas, pasando por toda clase de decisiones de empresas grandes, medianas y pequeñas. Es una lástima que la recuperación de la economía que ya había empezado, se vea frenada de esta manera.
Por eso, el escenario que deberíamos buscar, en el caso proceda la vacancia, es el de un acuerdo político entre el vicepresidente que asuma la presidencia y el Congreso –principalmente Fuerza Popular- en torno a un plan de trabajo conjunto de aquí al 2021. Ese acuerdo debería ser negociado por el Presidente entrante antes de asumir o en los primeros días de su gestión, y debería incluir un gabinete conversado e incluso, de ser posible, integrado por representantes de la oposición. De lo contrario, mejor sería que presente su renuncia, porque no podría gobernar y el país viviría en zozobra permanente. Claro, en la medida en que se trata del mismo gobierno, siempre el Ejecutivo podría hacer cuestión de confianza amenazando con la disolución del Congreso si es que éste le niega la confianza a un segundo gabinete. Tendría esa arma.[1] Pero eso mismo sería fuente de inestabilidad y de todos modos siempre hay maneras de obstaculizar la labor del Ejecutivo sin llegar a la provocación total.
Si por la misma razón renunciara la segunda vicepresidenta, asumiría la presidencia el presidente del Congreso con la obligación de convocar a elecciones de inmediato. Pero ese “de inmediato” es abril o mayo del 2018, porque el nuevo presidente asume recién el 28 de julio. De modo que tendríamos entre 6 y 8 meses de incertidumbre y parálisis, algo que puede ser muy destructivo.
En resumen, esperemos que el Congreso de la oportunidad al presidente Kuczynski de defenderse in extenso y que el proceso permita saber verdaderamente qué fue lo que pasó. Eso reclama un periodo mayor al establecido. Pero, en cualquier caso, si se diera la vacancia, que sería un golpe duro para todos, la clase política tiene que ser capaz de asegurarle al país la estabilidad indispensable para que la inversión pública y privada se reanuden y el país pueda retomar su recuperación económica, porque finalmente aquí está en juego la vida, el trabajo y la salud de muchos peruanos. Y eso solo se logra con un acuerdo político en torno a un plan de tareas y reformas y con un gabinete cuando menos conversado. No hay otra. Lampadia
[1] Aunque si no convoca a elecciones congresales en el plazo de cuatro meses, se reinstala el Congreso disuelto
